Esto no sucede como una decisión aislada de un funcionario municipal solo de San Isidro, sino bajo el gobierno de Milei, que desde que asumió le declaró la guerra al movimiento feminista y, en particular, al derecho al aborto. Un gobierno que le da aire, legitimidad y poder a los sectores antiderechos, clericales y reaccionarios. Detrás de un falso “acompañamiento”, típico de donde la Iglesia mete la cola, hay violencia institucional, injerencia religiosa y una política que busca disciplinar nuestros cuerpos. El aborto legal no se toca: lo conquistamos en las calles y lo defendemos en las calles.

En San Isidro, el derecho al aborto legal volvió a ser atacado por quienes quieren gobernar sobre nuestros cuerpos. Y no sucede en un contexto cualquiera: ocurre bajo un gobierno nacional que reivindica públicamente a los sectores antiderechos, ataca la ESI, ajusta la salud pública y amenaza con retroceder sobre conquistas históricas del movimiento feminista. Desde que asumió, Milei hizo del ataque al feminismo su bandera: cerró y vació áreas vinculadas a políticas de género, atacó la Educación Sexual Integral, desfinanció programas de salud sexual y reproductiva, le dio lugar a funcionarios abiertamente antiderechos y quiere volver a poner en agenda discursos reaccionarios que creíamos derrotados por la fuerza de la marea verde.

No se trata solo de declaraciones provocadoras. Milei y su gobierno intentan construir un clima político donde la autonomía de las mujeres y personas gestantes sea presentada como una amenaza, y donde la Iglesia y los sectores conservadores recuperen poder sobre la salud pública, la educación y nuestras vidas. El gobierno llegó al absurdo de culpar al aborto y a las feministas por la baja de la natalidad. Una mentira reaccionaria y sin sustento, porque la caída de la natalidad no ocurre solo en Argentina: es una tendencia mundial vinculada al ultracapitalismo actual, en relación dialéctica con factores sociales, económicos, laborales y culturales. La precarización de la vida, los salarios que no alcanzan, el acceso a la vivienda cada vez más difícil, la sobrecarga de tareas de cuidado, la falta de políticas públicas y el cambio en los proyectos de vida de millones de personas explican mucho más que cualquier fantasía antiderechos.

Como la fuerza social de la marea verde les impidió avanzar abiertamente en la derogación de la ley, ahora intentan otros caminos. No siempre atacan de frente; muchas veces avanzan por los costados con protocolos paralelos, consejerías obligatorias, circuitos especiales, demoras, presiones, derivaciones innecesarias y obstáculos administrativos. Donde no pueden prohibir el aborto por ley, buscan hacerlo inaccesible en los hechos. Eso es lo que está pasando en San Isidro.

Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto denunciaron judicialmente al municipio encabezado por Ramón Lanús, del PRO, por aplicar un protocolo propio que impone obstáculos no previstos por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610). Se trata de una política municipal para dilatar, condicionar y obstaculizar el acceso a un derecho conquistado por la marea verde. Según las denuncias, quienes solicitan una IVE son obligadas a atravesar nuevas instancias de “consejería”, reconfirmar su decisión, pasar por consultas de Psicología o Servicio Social y someterse a un circuito especial que la ley no exige.

El caso de Ana, una mujer de 40 años y madre de tres hijos, muestra qué significa este protocolo en la vida real. Ana llegó al Hospital Materno Infantil de San Isidro con la decisión tomada de acceder a una IVE. En lugar de garantizarle el derecho de forma rápida, segura y respetuosa, la derivaron a un consultorio llamado “Maternidades Vulnerables”, donde intentaron hacerla dudar, la expusieron a imágenes religiosas, le mostraron un muñeco y buscaron culpabilizarla por su decisión. A eso lo llaman “acompañamiento”. Nosotras lo llamamos por su nombre: violencia institucional.

La responsabilidad política recae en Ramón Lanús, intendente de San Isidro, que gobierna alineado con Patricia Bullrich y Javier Milei. Y su secretario de Salud, Pablo de la Torre, no es un funcionario neutral, sino un antiderecho y defensor del inexistente “síndrome post-aborto”, una mentira sin respaldo científico usada históricamente por los sectores clericales para meter miedo, culpa y disciplinamiento sobre quienes deciden abortar. De la Torre viene de ocupar la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano de Milei y Pettovello, y arrastra una trayectoria ligada a San Miguel, otro municipio donde la injerencia religiosa y las políticas antiderechos son moneda corriente.

San Isidro no es una excepción. En la zona norte y noroeste del conurbano ya conocemos lo que significa que la Iglesia se meta en la salud pública. San Miguel, declarado municipio “Pro Vida”, es uno de los ejemplos más claros: durante años las organizaciones feministas denunciamos que allí no se garantiza el acceso a la IVE en los efectores municipales, obligando a mujeres y personas gestantes a trasladarse a otros distritos para ejercer un derecho que debería garantizarse en cualquier centro de salud. A eso se suman dispositivos como las llamadas “Consejerías Guadalupe”, que bajo la máscara del acompañamiento buscan disciplinar, culpabilizar y evitar abortos en nombre de Dios.

Algo parecido intentaron avanzar en CABA bajo el gobierno de Jorge Macri, con el llamado Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad. Un protocolo aprobado con poca transparencia, que abría la puerta a la intervención de “orientadores” y organizaciones externas que podían funcionar como mecanismos de presión sobre personas gestantes. Cuando quisieron avanzar, el movimiento feminista salió a denunciarlo y enfrentarlo movilizado en la Legislatura porteña, alertando que conspiraba contra la ley de IVE, logrando que efectivamente no lo puedan aplicar.

Por eso, lo de San Isidro no puede leerse como un hecho aislado. Es parte de una ofensiva más amplia de la Iglesia, la derecha y los sectores antiderechos para impedir que mujeres y personas gestantes accedan efectivamente a su derecho. Donde no pueden derogarla, la llenan de obstáculos; como no pueden prohibirla abiertamente, inventan protocolos y circuitos paralelos. Es una forma de vaciar la ley sin decir que la están derogando.

El gobierno de Milei es parte central de este clima político. Sus provocaciones contra el aborto legal, su ataque a la ESI, el ajuste sobre la salud pública y el lugar que les da a funcionarios antiderechos fortalecen a quienes quieren avanzar contra nuestras conquistas en cada municipio. Cuando el gobierno ataca el aborto, culpa a las feministas, desfinancia políticas públicas y legitima discursos clericales, habilita a que intendentes, secretarios de Salud y grupos religiosos se sientan con poder para avanzar. Ese es el clima político que permite que en San Isidro intenten montar un protocolo ilegal.

El aborto legal no fue un regalo de ningún gobierno. Fue una conquista histórica arrancada por millones en las calles, con pañuelazos, asambleas, vigilias y movilización. Fue la fuerza de la marea verde la que puso contra las cuerdas a todos los gobiernos, a las iglesias y a los sectores conservadores. Por eso no vamos a permitir que el gobierno de Milei, los municipios conservadores, las iglesias ni ningún sector reaccionario lo conviertan en letra muerta.

Desde Las Rojas denunciamos el protocolo ilegal del municipio de San Isidro y exigimos su eliminación inmediata. Reclamamos el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en todos los hospitales y centros de salud, sin dilaciones, sin requisitos inventados, sin injerencia religiosa y sin persecución a profesionales.

Defender el aborto legal hoy es enfrentar al gobierno de Milei, a los intendentes reaccionarios, a la Iglesia metida en el Estado y a todos los sectores que quieren volver a decidir sobre nuestras vidas. Porque el aborto ya es ley, pero como toda conquista, hay que defenderla en las calles, en los hospitales, en las universidades, en los barrios y en cada lugar donde quieran atacarla.