En el día de ayer, el gobierno de Javier Milei dio a conocer la llamada ley ómnibus, un proyecto de ley ultra reaccionario enviado al Congreso que profundiza el ataque en regla contra todos los de abajo.

El proyecto de Milei es un ataque directo contra la cultura independiente que propone el cierre del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, organismos destinados a la promoción de los artistas de todo el país y sus producciones, así como también plantea el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). En este marco, la ley ómnibus significa un ataque de arrebato para poner el INCAA y el Fondo de Fomento Cinematográfico al servicio de las grandes productoras nacionales y extranjeras y de las plataformas de streaming.

A través de la derogación o modificación de artículos de la ley de cine actual, se plantea el desfinanciamiento brutal del Instituto, la pérdida directa de cientos de puestos de trabajo en el INCAA y de miles de puestos que dependen de la producción de cine nacional e independiente, el vaciamiento y potencial cierre de la ENERC (escuela de cine que depende del INCAA), el recorte de subsidios y la eliminación de la obligación que tienen actualmente las salas de cine de exhibir películas nacionales (incluyendo las salas y espacios del propio Instituto, como el Gaumont).

A su vez, se pretende efectuar semejante ataque al cine independiente y las artes audiovisuales apoyándose en modificaciones completamente antidemocráticas del funcionamiento del gobierno del Instituto. La ley plantea un nuevo régimen en el que el Director del INCAA, designado por el Poder Ejecutivo, tiene nuevas atribuciones que le permiten básicamente decidir sobre todo lo que sucede en el Instituto.

Así, una persona designada por el gobierno elige a dedo a los ocho miembros que integrarían el Consejo Asesor, órgano encargado de decidir quién recibe subsidios y quién no.

De un volantazo, la ley ómnibus atropella al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, reduciéndolo a un mero instrumento al servicio de concentrar los fondos de fomento en manos de las grandes productoras (nacionales y extranjeras) y las plataformas de streaming. Esto implica la extinción de la enorme mayoría de la producción nacional e independiente, cercenando así no sólo miles y miles de puestos de trabajo, sino también el derecho de toda la sociedad a visionar y crear sus propias representaciones de la vida y del mundo. En este punto es fundamental comprender que el interés que representa Milei es convertir el derecho a producir, realizar y acceder al arte y la cultura que tiene toda la sociedad, en un negocio más al servicio de los empresarios.

¿Qué dice la ley?

El proyecto de ley le quita al INCAA su principal fuente de financiamiento y se la otorga al Ministerio de Economía: el Tesoro pasaría a apropiarse del 25% de la recaudación del ENACOM, por medio del impuesto a la facturación de los canales de TV y los servicios de cable. Sobre este recorte, la ley impone además que el monto destinado a salarios no supere el 25% del presupuesto del INCAA, un porcentaje menor al actual lo que implica cientos de despidos y rebajas salariales. Con la reducción del Fondo de Fomento Cinematográfico, el presupuesto del Instituto pasa a depender directamente del presupuesto nacional.

Se eliminan las obligaciones del INCAA de sostener financieramente la ENERC, una escuela nacional de cine que nace en 1957 con la sanción de la Ley de Cine donde año tras año se forman cientos de estudiantes, futuros trabajadores del arte y la cultura, en cinco regiones del país.

Además, la ley establece el recorte en los subsidios a la producción, restringiendo su acceso y reduciendo su monto: se coloca un tope a los subsidios los cuáles sólo podrán alcanzar hasta el 50% del costo de producción nacional de una película, las productoras sólo podrán acceder a los subsidios una vez cada dos años y sólo se podrá acceder a los mismos acreditando previamente al menos el 50% del costo total del proyecto. Se eliminan así todas las vías de acceso y el financiamiento a las producciones independientes y óperas primas. Además, se eliminan los artículos que habilitaban el financiamiento a cortometrajes y el fomento a la comercialización internacional.

En este sentido, si una productora no realiza la película en el tiempo convenido, deberá reintegrar la totalidad del subsidio, actualizado al interés del mercado, multiplicado por dos. De no saldar esta deuda, no podrá solicitar otro subsidio ni participar en proyectos que perciban subsidios o créditos del Instituto. La ley también quita la posibilidad de pagar créditos con subsidios, así como quita también la obligatoriedad de elegir la entidad bancaria que menos intereses cobre.

Se derogan todos los artículos de la cuota de pantalla. Es decir, las salas de cine y las cadenas comerciales dejan de tener la obligación de exhibir películas argentinas. Además, se deroga el artículo 74 de la ley de cine por lo cual se elimina la obligatoriedad de exhibición que tienen todas las películas nacionales que pasan por el INCAA. Es decir, que el INCAA ya no estará obligado a proyectar en el Gaumont, u otros espacios INCAA, las películas realizadas con el apoyo del Instituto, lo que es un golpe directo al cine independiente.

Se elimina la clasificación de las películas en Interés simple o especial, que permite obtener créditos o subsidios diferenciados según la calidad de los proyectos.
Se deroga que sea necesaria la autorización del INCAA para pasar películas nacionales en TV Satelital y terrestre.

Se elimina que para ser consideradas películas nacionales, éstas deban estar estar habladas en castellano y que no contengan publicidad. Esto habilita a que las plataformas de streaming y los grandes estudios multinacionales puedan producir películas extranjeras en territorio nacional y percibir para ello los subsidios del Instituto. Y al mismo tiempo reduce el cine a una mera mercancía a través de la cual otras empresas pueden invertir para difundir otros productos comerciales por medio de la propaganda.

Por otra parte, actualmente el INCAA está conducido por un director y un subdirector, una Asamblea Federal y un Consejo Asesor, que cuenta con once miembros, seis de los cuales corresponden a representantes propuestos por sindicatos, sociedades de gestión y asociaciones varias de productores y directores. A pesar de que en la composición de gobierno actual ni los trabajadores del Instituto ni de la industria audiovisual son mayoría, la ley ómnibus, en un giro completamente antidemocrático, pasa a tener 8 asesores propuestos de manera directa por el Director, es decir, éste se atribuye la decisión absoluta sobre el Instituto. En este sentido, de las funciones de la Asamblea Federal, se eliminan: el inciso b del artículo 4 de la ley de cine de «proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a la preservación de las salas de cine», abandonando a su suerte a los espacios culturales; el inciso g de «reglamentar la exhibición de propaganda comercial filmada y la proyección de placas fijas de índole publicitaria, durante las funciones cinematográficas», liberando el uso de publicidad. Y el inciso h de «promover y fomentar la producción cinematográfica regionalmente estableciendo, mediante convenios con universidades u organismos educativos especializados vinculados a la enseñanza de la producción audiovisual», eliminando la obligación de promover la educación superior en cine y la formación de técnicos especializados para la producción de cine nacional e independiente. Y de las atribuciones del Consejo Asesor, se elimina que la selección de los miembros de comités de evaluación de las películas que puedan acceder a los subsidios sean «personalidades de la cultura, la cinematografía y artes audiovisuales», dejando la evaluación en manos de quienes sean elegidos por los miembros del Consejo elegidos a dedo por el Director que designa el ejecutivo.

En definitiva, tanto en su aspecto económico como en su aspecto político, la ley ómnibus de Milei elimina cualquier aspecto progresivo de la ley de cine para poner el INCAA al servicio de los grandes estudios y plataformas extranjeras como Netflix, Disney, Paramount, Amazon Prime, Sony y Warner Bros, entre otras, para que multipliquen sus negocios con subsidios del estado. Estas multinacionales, junto a unas pocas productoras nacionales, son los únicos actores capaces de garantizar el financiamiento y las condiciones que exigiría la nueva normativa. Además, significa un golpe brutal y ultra reaccionario contra toda producción cinematográfica independiente, la destrucción del cine nacional y el vaciamiento de los espacios públicos de enseñanza y formación que dependen del INCAA. El trasfondo ideológico de esta nueva normativa coloca al cine como una mera mercancía de la cual el fin último es que sea un negocio rentable para las empresas.

Sin embargo, no se trata de un hecho consumado sino de un proyecto de ley que tiene que pasar por el Congreso y frente al cual a toda la comunidad audiovisual y de la cultura, así como los trabajadores en general, nos exige ponernos en alerta para organizar la defensa activa de todos nuestros derechos.

Milei, la cultura, el INCAA y el cine independientes no se tocan.