La decisión de otorgarle al ICE (Immigration and Customs Enforcement) un rol central en la custodia del Mundial no es una medida de seguridad, sino una operación de legitimación e iniciativa política. Golpeada en el frente interno tras los sucesivos retrocesos de su avanzada represiva en Los Ángeles, Chicago y Minnesota —que dejaron a sus fuerzas de seguridad a la defensiva—, y empantanada internacionalmente tras la escalada bélica con Irán, la gestión Trump busca reafirmarse hacia adelante.

En este contexto, la militarización del fútbol mediante una fuerza que opera bajo lógicas estatales y paraestatales respondiendo de forma directa al Ejecutivo, tiene un doble propósito: es un intento desesperado por lavar la imagen de una institución repudiada y, al mismo tiempo, una provocación abierta destinada a recuperar la iniciativa política perdida. Por eso, la irrupción del ICE en la custodia del certamen debe leerse como un síntoma de debilidad y, simultáneamente, como una contraofensiva de la Casa Blanca.

El ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en español) surgió tras los atentados del  11-S a las torres gemelas.  En ese marco es que el gobierno de Bush impulsó una doctrina de «guerra total contra el terrorismo» y promulgó la Ley Patriota. Bajo la premisa de que «las fronteras eran porosas» y cualquiera podía ser una amenaza, se decidió centralizar en un soo ministerio los controles de fronteras, costeras y de aduanas, así como otras agencias federales. Así nació el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con la Ley de Seguridad Nacional en 2002.

Dentro de ese esquema de centralización, que incluyó a los servicios de inmigración, se creó el ICE para el control y persecución de inmigrantes dentro del territorio nacional. Sus funciones abarcan desde la facultad de perseguir delitos financieros, contrabando o narcotráfico transnacional hasta la atribución de “cazar”, detener y deportar personas indocumentadas en cualquier rincón del país. Con los años, fue evolucionando hasta volverse un aparato de control social interno militarizado que catalogó sistemáticamente al inmigrante como un «criminal de seguridad nacional». Además, desde la gestión de Trump cuenta con un margen de maniobra amplísimo y pocas regulaciones de derechos humanos.

La creación de tribunales migratorios propios y la reducción al mínimo de los controles burocráticos tradicionales liberó todas sus trabas para volverse un brazo de choque directo del Ejecutivo. Esto permitió que se utilice al ICE como instrumento político perfecto para intervenir en los Estados «santuario» (jurisdicciones que implementan leyes y políticas para frenar en parte la política antiinmigrantes), como California o Illinois, y disciplinar el territorio, saltándose la autoridad de los gobernadores o alcaldes opositores.

En ese marco, y tras los duros reveses sufridos por la política represiva de Trump en Los Ángeles, Chicago y Minnesota, que obligaron a sus fuerzas de seguridad a replegarse, Trump vuelve a la carga para reafirmarse y lavarle la cara a estas fuerzas de seguridad, dándoles un rol clave en las tareas de seguridad de la Copa del Mundo.

El ICE, trabajará en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna confirmó, la participación del ICE y otras fuerzas federales en la seguridad durante los partidos del Mundial.  Declaró que  “la ciudad no puede despreciar la cooperación federal para la seguridad del torneo ya que se necesita la colaboración de todos para garantizar la normalidad del certamen en todas las sedes, tanto de los eventos controlados como de los no controlados”. También dijo que “los agentes no realizarán controles migratorios, aunque no hay garantía de que los agentes de ICE no vayan a realizar detenciones durante el certamen”.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU, explicó que el rol de las agencias federales durante el torneo “consistirá en la detección y prevención de falsificación de boletos en las cercanías de los estadios”.

Para profundizar más el escenario represivo en territorio estadounidense mientras se dispute la Copa del Mundo, el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman anunció la presencia de un número inusual de fuerzas de seguridad en la región.

Queda claro que no se dedicarán a garantizar el normal desenvolvimiento de un espectáculo deportivo de tal magnitud internacional sino a reforzar más el aparato represivo para evitar cualquier acto público que muestre el mínimo descontento con las políticas xenofóbicas, antiimigratorias, raciales e imperialistas que viene llevando adelante el gobierno de Trump. En ese marco, se anunció que la presencia policial en torno a los dos partidos de Irán en Los Ángeles será mayor que en otras jornadas, y que las autoridades vigilarían específicamente posibles protestas u otras actividades cerca del estadio y de las zonas de los fans.

Para justificar tamaño despliegue de recursos económicos y humanos en materia de seguridad, el gobierno de Trump catalogó el evento ecuménico con la categoría SEAR 1. La clasificación SEAR 1 (Special Event Assessment Rating)  es una categorización de máxima seguridad y prioridad federal otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

El gobierno estadounidense califica los eventos del 1 al 5 según su vulnerabilidad, amenazas potenciales e impacto. Al otorgarle el nivel 1 (el más alto), significa que el evento es considerado de máxima relevancia nacional e internacional, lo que según esa consideración lo convierte en un objetivo potencial de alto perfil para amenazas o ataques. Bajo este amparo legal el gobierno de Estados Unidos se siente habilitado a tomar medidas de apoyo e intervención federal masiva. El control de la seguridad no recae únicamente en las policías locales de cada ciudad sede, sino que promueve el despliegue obligatorio de agencias federales (FBI, el Servicio Secreto, la TSA -Administración de Seguridad en el Transporte-, ICE y equipos de inteligencia).

Al mismo tiempo significa una transferencia de recursos económicos para llevar adelante las tareas de seguridad para lo cual, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorgó un monto de 900 millones de dólares.

Estas medidas represivas están generando un fuerte repudio en diversos sectores. Organizaciones civiles, de derechos humanos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones que representan a comunidades migrantes realizaron una protesta el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Los Ángeles

Por su parte, trabajadores organizados en el sindicato  “Los Ángeles Alliance for a New Economy (LAANE)” y en el sindicato “UNITE HERE Local 11”, que representa a más de 2000 trabajadores de alimentos, bebidas y concesiones del SoFi Stadium, se sumaron a la protesta para denunciar el sistema de acreditaciones que exige el comité organizador del Mundial. Tal sistema que sostiene la FIFA les exige a las y los trabajadores que desarrollarán tareas durante el torneo que entreguen sus datos personales: número de seguro social, dirección de su hogar, lugar de nacimiento (país de origen), etc. violando leyes de privacidad del Estado de California.

Habría que ser muy ingenuo para no sospechar que la exigencia de datos tan sensibles de la vida privada podrían ser utilizados por las fuerzas de ICE y agencias migratorias federales para detener trabajadores durante los partidos.

A nivel internacional, algunos gobiernos están advirtiendo a sus ciudadanos sobre los peligros que encierra llegar a tierras estadounidenses. Más aún cuando la gestión de Trump sostiene restricciones de ingresos para habitantes de varios países, entre ellos dos naciones que disputarán el mundial: Haití e Irán. Si bien se afirma que tanto jugadores como cuerpo técnico están exceptuados de las medidas, hay que recordar la reciente deportación en el aeropuerto de Toronto de Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán. Son numerosas las complicaciones y persecuciones que están sufriendo los fanáticos de ambas nacionalidades para asistir a los encuentros.

Los fuertes signos de polarización que se están desarrollando en el siglo XXI invaden la cancha en la Copa Mundial. Por un lado, son cada vez más los constantes pedidos a Infantino, presidente de la máxima entidad del fútbol mundial, de las distintas federaciones deportivas para exigir garantías sobre los derechos de inmigrantes, trabajadores y extranjeros por parte de la administración de Trump. Por otro lado, ICE, funcionando como un brazo estatal y paraestatal subordinado de manera directa al poder presidencial, utiliza la pantalla del mega evento deportivo para relegitimarse ante la opinión pública.

La militarización del fútbol no es más que una provocación política planificada para recuperar el terreno perdido en las calles y en la agenda pública. Más aún cuando es la Ciudad de Los Ángeles, donde estará disputando dos de sus tres partidos confirmados la Federación Iraní, el principal foco de atención para llevar adelante el despliegue de las fuerzas de seguridad.