“(…) Una herencia que nosotros, los desobedientes, hemos asumido, y de la cual nos hemos disociado radicalmente de modo individual y colectivo, para sumarnos a la defensa de los derechos humanos.(…)” (Párrafo de la Presentación del libro Desobediencia de Vida. Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia)
El Colectivo Desobedientes es realmente una agrupación que se destaca por irrumpir no solo con su valentía en los despachos de la Justicia, sino fundamentalmente porque su primera y audaz rebelión fue en su hogar, contra sus padres genocidas. Tomaron un rumbo que es un ejemplo de valentía y convicción democrática.
Desde ya, no todos reaccionaron igual que este colectivo ejemplar. Uno de ellos es el hijo mayor del que fuera el almirante Emilio Eduardo Massera, integrante de la primera Junta Militar que protagonizó el golpe del 76, fallecido en prisión domiciliaria en el año 2010.
Según las investigaciones realizadas y recopiladas por la Justicia, este señor fue el encargado de los negocios en el predio de la exESMA. El que contaba y repartía el botín. Además de la libertad, la integridad física y la vida, a los desaparecidos les quitaban sus bienes. No estaba solo en la repartija.
El botín de Massera hijo
Cuando estaba por salir a Europa, la Justicia lo citó para la primera audiencia del juicio en el que está imputado.
El juicio empezará el 23 de setiembre. Al señor Massera lo frenaron justito cuando estaba por dar un paseo por Europa. El resto de los imputados, aunque no de tan alta jerarquía también son apellidos que están en la Memoria: Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González y Juan Antonio Azic. Todos, con excepción de Rolón y Azic, que están en sus casas, cumplen penas en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Según los datos recopilados en las salas de la Justicia, estos señores serían los encargados de juntar los fondos físicos encontrados en los allanamientos, en pesos o en muebles, joyas, etc. También las cuentas bancarias y otros bienes que pudieran tener en otra vivienda del conurbano o del interior del país los secuestrados en la exESMA y otros centros clandestinos. Fue un trabajo que, seguramente, debió ser muy bien remunerado. Las desapariciones no fueron solamente físicas, sino también de los patrimonios personales. No permitieron que ningún familiar o heredero legítimo se atreviera a quedarse con sus bienes. La «defensa de la propiedad privada» de la derecha es, como siempre, una consigna solamente válida para los ricos. El secuestro fue a su vida, a sus hijos/as (500 es el número que evalúan las Abuelas de Plaza d Mayo, de los/as cuales 140 han sido recuperados/as) y a sus pertenencias.
Sobrevivientes de la exESMA y otros centros clandestinos testimoniaron sobre la presencia del hijo de Massera en el lugar y en otros centros de detención, donde lo ubicaron cumpliendo funciones de control y administración. Por ejemplo, en un negocio bajo dominio de la dictadura, en el que “trabajaban” prisioneros, coinciden varios testimonios en su presencia en el lugar, ocupado en las cuestiones administrativas. O sea, la administración del robo. Entre todos los “negocios” comprobados y que tuvieron estado público, fue la apropiación de las Chacras de Coria, situadas en el interior de la provincia de Mendoza, cuyo dueño fue secuestrado y sigue desaparecido.
Fueron parte del operativo criminal de la Junta Militar del 76. Son los familiares “obedientes” que colaboraron con el genocidio llevado adelante por sus progenitores.
