Avalado por la CGT y CTA

El gobierno y los sindicatos envían proyecto de ley para crear «comités mixtos» con las patronales

Los comités que proponen el gobierno, la CGT y la CTA están conformados por las patronales, el Estado y la burocracia sindical. No se sabe qué actor de los tres va a defender menos a los trabajadores.

Redaccion
Redacción de IzquierdaWeb.


Alberto Fernández junto a dirigentes de la CTA y la CGT anunciaron el envío de un proyecto de ley que propone la creación de «comités mixtos» de trabajadores y empresarios en aquellas compañías que cuenten con más de 100 empleados.

La propuesta supone que en estas empresas se establezcan espacios conjuntos entre representantes de los trabajadores y de las patronales para discutir las condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

Además, los comités tendrán como «autoridad de aplicación» al Ministerio de Trabajo, por lo que también el Estado tendrá su propia injerencia en esos espacios y en última instancia será quien ordenará aplicar o no las medidas que puedan llegar a resolver dichos comités.

Lejos de ser un punto de apoyo, la presencia del Estado será la mejor garantía que tendrá la patronal de que dichos comités no configuren ningún espacio real de defensa de las condiciones laborales. En el mismo sentido, la Ley no supondría el reemplazo ni la modificación de la actual Ley de de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), heredada del menemismo.

El carácter «mixto» de dichos comités son todo lo contrario a un espacio independiente donde los trabajadores puedan discutir sus condiciones laborales y tomar medidas para exigirle a las patronales la seguridad necesaria para trabajar. En muchas empresas grandes -por ejemplo en la industria del neumático- ya existen estos tipos de comité, y en los hechos son espacios copados por la patronal sin ninguna injerencia real de los trabajadores.

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Todo esto sin mencionar que la representación de los obreros quedará a cargo de la «entidad sindical», es decir, de los burócratas que tranzan con los empresarios y son cómplices de la flexibilización laboral, como días atrás el SMATA aprobó la reforma laboral de hecho en Toyota. Además, son los mismos sindicatos traidores que elaboran listas negras para apretar activistas o venderlos a la patronal.

En resumen, los comités que proponen el gobierno, la CGT y la CTA están conformados por las patronales, el Estado y la burocracia sindical. No se sabe qué actor de los tres va a defender menos a los trabajadores.

Es como mínimo llamativo que se plantee una Ley sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo cuando ya estamos superando la pandemia. Evidentemente es un tema que debería haberse discutido antes.

Precisamente, la experiencia de los lugares de trabajo en estos dos ùltimos años pandémicos mostró el interés de la patronal en connivencia con la burocracia de resguardar la salud de los trabajadores: ninguno. Cuando el país todavía estaba en cuarentena, una de las primeras aperturas de Fernández fue volver a poner a producir las fábricas, cuando todavía no había vacuna. Los «protocolos» quedaron en manos de las patronales. El resultado: se ocultaban los contagios obreros para no interrumpir la producción.

Otro aspecto a destacar es que los comités no tienen la potestad de parar o alterar la producción. Es decir que por más que haya algún riesgo inminente a la salud de uno o más trabajadores, sigue siendo la patronal la que decide si se sigue produciendo o no. Cuanto mucho el comité puede hacer sugerencias o, en el mejor de los casos, solicitarle a la autoridad de aplicación (El Ministerio de Trabajo) que intervenga.

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Por último, otro aspecto a destacar del proyecto es que propone que los comités también contemplen el tratamiento de casos de acoso sexual o violencia machista en los lugares de trabajo. Parece simplemente un chiste de mal gusto dejar librado a la patronal y la burocracia la defensa de los derechos de las compañeras. Son precisamente esos actores los que hacen la vista gorda contra las violencias, cuando no directamente los que la ejercen contra las trabajadoras. Y sin hablar de que el cupo femenino hace años que brilla por su ausencia en la dirigencia de los sindicatos.

En resumen, el proyecto se enmarca en la necesidad política del gobierno de fortalecer su relación con la cúpula sindical. No sólo de cara a las elecciones de noviembre, sino también a lo que viene después: el acuerdo con el Fondo y sus exigencias económicas neoliberales, entre las que se destaca la infame reforma laboral. El caso de Toyota muestra cómo las patronales están adelantándose a ello. Y también muestra de qué lado están los sindicatos tradicionales.

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