Deudas millonarias con los prestadores, colapso de las clínicas locales, ajuste sobre los pagos a los profesionales y un largo etcétera de problemas vienen golpeando al PAMI, dejando a los trabajadores de la salud y jubilados en la cuerda floja. Todo sin excepción es reponsabilidad del gobierno.

Mientras tanto, Mario Lugones vuelve a demostrar que su lealtda no es hacia el juramento Hipocrático, sino hacia las mega farmacéuticas ladronas. Sigue en la mira luego de la dudosa compra de medicamentos caros en el Posadas a la farmacéutica suizo-argentina.

PAMI es el mayor prestador de servicios médicos de país, con una cantidad de afiliados que ronda los 5 millones de personas. En este grupo se encuentran quienes las prepagas y obras sociales intentan sacarse de encima: mayores de edad, personas con diabetes y una larga lista de enfermedades que significan grandes gastos en medicamentos que ningún privado quiere pagar y que esas personas no pueden sostener a cuenta propia.

El desmantelamiento empezó hace rato con la reducción de los medicamentos que cubre la institución. Pero ahora el desmantelamiento se acelera con la falta de pagos a los prestadores. El PAMI cumple una función clave de aliviar la presión sobre el sistema pública de salud, que vive saturado.

Concretamente, el PAMI no está pagando a los prestadores y acumula una deuda que asciende a los $500.000 millones de pesos. El país está lleno de ejemplo de este desastre:

En Córdoba, 160 intendentes mandaron una carta al PAMI debido a la deuda que sostiene hacia sus municipios, que ascendería a $10.000 millones. Uno de los ejemplos que muestra lo extremo de la situación: “El municipio de Noetinger (Córdoba pagó el alquiler del local donde funciona el PAMI porque también ahí tiene atrasos…” (La Nación)

En el resto de las provincias se ve el mismo patrón: “En Misiones se visualiza un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%. En Neuquén es más grave aún: dos de cada tres beneficiarios de PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.” (La Nación)

Además, ya se están dando casos de clínicas que comienzan a negar la atención a pacientes de PAMI: “La medida implica que los afiliados que no presenten una urgencia o emergencia médica deberán abonar las prestaciones como pacientes particulares, o resignarse a que sus turnos queden suspendidos por tiempo indeterminado”, expresa el escrito firmado por un conjunto de centros de salud.” (La Nación)

Las provincias calculan que, desde octubre pasado, la deuda de la institución hacia ellos crece $1800 millones mensualmente. Lugones le rogó por algo de dinero a Caputo mientras sostiene que “el PAMI está pagando…”. Sus ruegos fueron escuchados. Le bajaron $150.000 millones, que no alcanza en lo más mínimo para saldar la gigante deuda que tiene el organismo con prácticamente todo el mundo.

Mientras tanto, Esteban Leguízamo, jefe del PAMI, intenta transmitir calma diciendo que no hay ninguna crisis. Vale aclarar que está siendo investigado por sobreprecios en la compra de lentes intraoculares. Parece que, además de desfinanciarlo, hay funcionarios que están sacando su parte.

A la crisis se le suman los paros impulsados por los trabajadores contra el ahogo presupuestario y el cambio del sistema de pago de servicios. El gobierno adopta un sistema capitado de pago, en el que por cada paciente reciben $2100 mensuales y se eliminan extras, como el pago por las visitas domiciliarias.

Es verdad que la obra social de los jubilados tiene una gran partida presupuestaria, 10 billones de pesos anuales. Pero, por otro lado, es la que más gente tiene que ayudar: “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces myor.” (La Nación)

El presupuesto y la distribución “…por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales. La distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores, 38% para medicamentos, 5% para insumos médicos, 2% para discapacidad, 4% para geriatría, 1% para asistencia social, 3% para prestadores propios y 7% para administración.” (La Nación)

En una economía con cada vez más gente en negro y precarizada, más y más gente es empujada al PAMI. Se suma que las prepagas y obras sociales tratan de desprenderse lo antes posible de mayores de edad y personas con enfermedades “caras” (alto gasto en medicamentos y equipamiento), como la diabetes. Todo esto genera una inmensa presión sobre el PAMI: la reducción del presupuesto es un abandono terrible y un colapso del sistema público.

Las consecuencias golpean a todo el país. Los municipios y provincias tienen mayor presión sobre sus hospitales locales, provocando que todo el sistema público se enfrente a un posible colapso. El dogma de sostener a toda costa del «superávit fiscal» trucho es la fuente de todos estos problemas. Si por un lado sacan impuestos a los ricos y benefician con exenciones impositivas a las mineras y el agro, «de los pocos rubros de la economía que mostraron un incremento en la actividad», por otro lado ajustan brutalmente a los explotados y oprimidos.

En 2024, además, sacaron el impuesto PAIS, del cual el 20% iba al PAMI. De esta manera, el superávit a través de la msieria social incluye el desmantelamiento del PAMI, arrojando a miles de personas a una sitaución de desatención y hasta desesperación.