El Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El mecanismo contempla que el fondo coloque dinero a plazo en bancos para que esas entidades puedan contar con financiamiento de mayor duración y, a partir de allí, ampliar la oferta de créditos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Según explicó el Gobierno, se destinarán $2 billones a este mecanismo. La primera licitación será por $200.000 millones y los bancos que reciban esos recursos deberán ofrecer créditos con una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por préstamo.

La administración libertaria sostiene que el esquema no implica que el FGS asuma directamente el riesgo de los créditos. El riesgo crediticio quedará en manos de los bancos, mientras el fondo previsional obtendrá una renta por los depósitos colocados. El Gobierno afirma, además, que de esta manera se podrá ampliar el mercado hipotecario sin comprometer el capital del fondo.

Pero detrás de la presentación oficial aparece una discusión de fondo: ¿Para qué existe el dinero acumulado en el FGS y quién debería beneficiarse de esos recursos?

Un fondo construido con recursos del sistema previsional

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2008, luego de la estatización del sistema de jubilaciones privadas. Su función está vinculada al sistema previsional y, entre otras cosas, busca contribuir a su sustentabilidad y preservar el valor de los recursos acumulados.

Ahora, el Gobierno decidió utilizar una parte de esos fondos para generar financiamiento de largo plazo para el sistema bancario. La explicación oficial es que existe un problema de descalce entre los plazos de los depósitos que reciben los bancos y los plazos mucho más extensos que requieren los créditos hipotecarios. Por eso, el Estado les ofrece una fuente de financiamiento más larga.

La pregunta inevitable es por qué los recursos de un fondo asociado a la seguridad social deben funcionar como combustible para expandir el negocio hipotecario privado mientras millones de jubilados tienen ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

El propio Gobierno reconoce que el dinero del FGS no se destina actualmente de manera directa a mejorar las jubilaciones. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el fondo es independiente de la caja desde la que se pagan las jubilaciones y afirmó que para utilizarlo directamente con ese objetivo sería necesario un mecanismo que involucre al Congreso.

Créditos UVA: la vivienda también queda atada a la inflación

Otro punto que no puede quedar fuera de la discusión es la utilización de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Los créditos estarán sujetos a una tasa de hasta UVA más 7,5%, lo que significa que el capital adeudado se actualiza de acuerdo con la evolución de la UVA.

El esquema permite que las cuotas comiencen siendo relativamente accesibles, pero también implica que la deuda se encuentra indexada. La experiencia de los créditos hipotecarios UVA durante los últimos años mostró precisamente el problema que aparece cuando los ingresos de los trabajadores no evolucionan al mismo ritmo que el valor de la deuda.

Por eso, presentar el programa simplemente como una oportunidad para que 18.000 familias accedan a su primera vivienda resulta insuficiente. El acceso a una vivienda no puede analizarse solamente desde la posibilidad de conseguir un crédito, sino también desde la capacidad real de los trabajadores de sostener durante 15, 20 o 25 años una deuda ajustada por inflación.

El Estado financia, los bancos prestan

El Gobierno insiste en que serán los bancos quienes asumirán el riesgo de los créditos. Sin embargo, el esquema permite que las entidades financieras accedan a fondos previsionales de largo plazo para ampliar su capacidad de otorgar préstamos hipotecarios.

Es decir, el Estado pone a disposición una enorme masa de recursos que pertenece al sistema previsional y el sistema financiero los transforma en capacidad de crédito. El banco conserva el negocio del préstamo y cobra intereses al trabajador que accede a la vivienda.

La discusión, entonces, no es solamente si el dinero del FGS “corre riesgo” o no. También es necesario discutir qué destino social deberían tener los recursos de la seguridad social y bajo qué condiciones.

Porque una cosa es utilizar recursos públicos para desarrollar una política de vivienda pública, construir viviendas, generar alquileres accesibles o garantizar el acceso a una casa sin convertir a las familias en deudoras durante décadas. Otra muy diferente es utilizar recursos previsionales para mejorar las condiciones de financiamiento de los bancos y esperar que eso, por sí solo, resuelva el problema habitacional.

Mientras tanto, los jubilados siguen esperando

El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras el Gobierno anuncia que el FGS puede ser utilizado para mejorar el financiamiento hipotecario, los jubilados continúan reclamando por haberes que quedaron muy por detrás del costo de vida.

El propio anuncio oficial puso en evidencia esa contradicción. Durante la conferencia de prensa del 1 de septiembre, un periodista planteó al vocero presidencial si los recursos del FGS utilizados para impulsar el crédito hipotecario podían destinarse también al consumo y beneficiar a los sectores más postergados, especialmente a los jubilados. La respuesta fue que esa utilización requeriría otro mecanismo y que hasta el momento no ocurrió.

La cuestión de fondo es política. Los recursos de la seguridad social no deberían pensarse como una caja disponible para sostener los negocios del sistema financiero. Si existe una masa de dinero acumulada en nombre de la seguridad social, la prioridad debería ser garantizar condiciones de vida dignas para quienes trabajaron durante décadas y construir un sistema de vivienda que no dependa de convertir a los trabajadores en deudores de largo plazo.

El Gobierno de Milei presenta el nuevo esquema como una herramienta para que más familias puedan acceder a su primera vivienda. Pero detrás de ese discurso queda una pregunta que no puede esquivarse: si hay recursos para financiar durante años al sistema bancario, ¿Por qué no hay recursos suficientes para garantizar jubilaciones dignas, salarios que permitan llegar a fin de mes y una política de vivienda que no dependa del endeudamiento?

La respuesta revela una definición de prioridades. Y en esa definición, una vez más, el capital financiero aparece primero.