El Gobierno de Javier Milei llegará este jueves a una de las votaciones más delicadas desde el inicio de su mandato en un escenario muy distinto al que imaginaba cuando impulsó la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Lo que hace apenas unas semanas aparecía como una de las reformas destinadas a consolidar el programa «libertario» llega ahora al Senado en medio de una intensa negociación política, sin los votos asegurados para obtener la media sanción y con un rechazo social que fue creciendo a medida que pasaron los días.
La sesión del jueves será el punto de llegada de un proceso que alteró el panorama político alrededor del proyecto. Durante las últimas semanas el oficialismo debió introducir cambios en el texto, abrir negociaciones con distintos bloques y aceptar un cuarto intermedio para evitar una derrota en el recinto. Comenzaron a confluir cuestionamientos dentro y fuera del Congreso, mientras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, ambientales y políticas preparan una nueva jornada masiva de movilización contra la iniciativa. La discusión dejó de ser exclusivamente parlamentaria y eso condicionó todo el debate: la sola sombra de la movilización del 6 de agosto fue suficiente para meterle crisis al proyecto.
Las dificultades no aparecieron de un día para otro. Ya durante el tratamiento en comisión comenzaron a surgir diferencias entre los sectores que el Gobierno esperaba incorporar a la mayoría, mientras el proyecto sufría sucesivas modificaciones. Esa dinámica continuó después del dictamen y quedó expuesta cuando Patricia Bullrich solicitó un cuarto intermedio antes del receso parlamentario. Más que un procedimiento reglamentario, fue el reconocimiento de que el oficialismo necesitaba ganar tiempo para seguir negociando. Pero, además, se había vuelto imposible para ellos imponer la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que vendía el país entero a los capitales trasnacionales, tras el clima político abierto por el partido Argentina-Inglaterra del Mundial.
Desde entonces, Bullrich quedó al frente de una intensa rosca parlamentaria para reunir los apoyos que todavía le faltan al oficialismo. Durante el receso continuaron las conversaciones con bloques dialoguistas, sectores del radicalismo y representantes de distintas provincias, mientras circularon nuevas versiones del proyecto. La conferencia de prensa prevista para las horas previas a la sesión probablemente anticipe hasta dónde está dispuesto a retroceder el Gobierno para intentar salvar una iniciativa que considera estratégica.
Pero reducir el conflicto a un problema de aritmética parlamentaria sería insuficiente. El proyecto empezó a debilitarse no sólo por la falta de votos. Más bien, la falta de los votos en el Congreso reflejaban lo que estaba pasando fuera del Congreso. También cambió la forma en que comenzó a ser percibido. Una pregunta se fue abriendo paso: ¿qué intereses pretende proteger realmente esta reforma y quiénes resultan beneficiados con ella?
Desde el cuarto intermedio, buena parte de las conversaciones encabezadas por Patricia Bullrich giraron alrededor del capítulo que modifica la Ley de Tierras. No es casual. La eliminación del límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales terminó convirtiéndose en el aspecto más cuestionado de toda la iniciativa y concentró buena parte del rechazo dentro y fuera del Congreso.
Ese capítulo ocupa el centro del debate porque revela una orientación más amplia del proyecto. La eliminación de ese límite abriría el camino a una mayor extranjerización de la tierra. El oficialismo concentra allí sus esfuerzos para desactivar el punto que hoy le genera el mayor costo político y preservar el resto de la reforma.
Limitar la discusión a la Ley de Tierras implica aceptar el recorte que intenta instalar el propio Gobierno. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada también modifica los regímenes de expropiación, desalojos y manejo del fuego, reforzando la protección de los capitales internacionales y sus intereses, y restringiendo aún más las posibilidades de intervención estatal sobre bienes considerados estratégicos. Pretenden imponer un régimen legal que amplía las garantías de la gran propiedad, flexibiliza las restricciones sobre la tierra y dificulta futuras intervenciones del Estado beneficia directamente a los grandes terratenientes, al gran capital agropecuario e inmobiliario, a los grandes grupos económicos y al capital extranjero interesado en ampliar su apropiación sobre tierras y recursos estratégicos.
La orientación general del proyecto fortalece el poder económico de los grandes propietarios y del gran capital —nacional y extranjero— frente a cualquier posibilidad de intervención en defensa de las mayorías trabajadoras. Incluso si el oficialismo retrocede sobre la Ley de Tierras, el carácter de fondo de la reforma permanecerá intacto.
La negociación encabezada por Patricia Bullrich apunta precisamente a eso: reducir el costo político concentrado en la Ley de Tierras para preservar lo más que puedan de la reforma, para mantener intacta su orientación estratégica. La «seguridad jurídica» dejó de ordenar la discusión y comenzaron a imponerse otras preguntas: la soberanía sobre la tierra, el control de los recursos estratégicos y los intereses beneficiados por la reforma. La Ley de Tierras dejó de ser un capítulo más del proyecto para convertirse en el símbolo de una orientación política más amplia.
Ese cambio se vio reforzado por el clima político de las últimas semanas. El partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial volvió a colocar el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas en el centro de la escena pública y reabrió una discusión más amplia. Sin establecer una relación mecánica entre ambos procesos, ese contexto hizo mucho más difícil presentar la reforma como una simple actualización técnica del régimen de propiedad. La posibilidad de avanzar hacia una mayor extranjerización de la tierra empezó a asociarse, para amplios sectores, con una orientación entreguista sobre la soberanía y los recursos estratégicos.
Se volvía más y más evidente que cualquiera que apoyara este proyecto de ley iba a pagar un costo político muy alto. Más y más sectores se quisieron despegar, como la Iglesia y referentes de la derecha nacionalista vinculados a Victoria Villarruel.
Por eso Patricia Bullrich sigue negociando a pocas horas de la sesión. El objetivo no es modificar la orientación de la reforma, sino reducir el costo político concentrado en la Ley de Tierras para preservar el núcleo del proyecto. Cada nueva versión del texto y cada reunión con los bloques dialoguistas/cómplices responden a esa lógica.
Además, mientras el Gobierno intentaba recomponer apoyos dentro del Senado, comenzó a desarrollarse un proceso de movilización que modificó la relación de fuerzas. Durante toda la semana confluyeron el paro docente con un importante nivel de adhesión en distintas provincias, las habituales movilizaciones de jubilados y las acciones impulsadas específicamente contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión del jueves pasó así a condensar un conjunto de conflictos sociales que exceden ampliamente la discusión parlamentaria.
El espectro de la movilización del 6 de agosto empezó a incidir sobre la propia negociación parlamentaria. El oficialismo no modificó el proyecto únicamente porque no alcanzaban los votos; el crecimiento del rechazo social elevó el costo político de sostener intactos los aspectos más cuestionados de la reforma. La presión desde las calles pasó a formar parte de la relación de fuerzas que condiciona las negociaciones en el Senado.
El desenlace de la sesión del jueves sigue siendo incierto. Que el Gobierno no haya conseguido reunir los votos para aprobar el proyecto en su versión original explica por qué las negociaciones permanecen abiertas hasta último momento. El objetivo ya no es imponer sin cambios una de las reformas centrales de su programa, sino construir una versión políticamente viable que preserve su núcleo mediante concesiones sobre los aspectos que hoy concentran el mayor rechazo.
En ese marco, la conferencia de prensa anunciada por Patricia Bullrich y las conversaciones que continúan con distintos bloques cobran especial importancia. El oficialismo todavía apuesta a reconstruir una mayoría parlamentaria y quienes hoy manifiestan objeciones conservan margen para modificar su posición si consideran suficientes las concesiones ofrecidas. El recorrido de las últimas semanas —marcado por el cuarto intermedio, las sucesivas modificaciones del texto y la continuidad de las negociaciones durante el receso— muestra que ninguna definición puede darse por cerrada antes de la votación. Por eso no puede depositarse ninguna confianza en el Senado ni en los partidos de la oposición patronal. Los mismos bloques que hoy cuestionan determinados artículos pueden mañana negociar una versión corregida si consideran que preserva el régimen de propiedad que comparten con el oficialismo. Lo que está en discusión no es la existencia de la gran propiedad privada, sino las condiciones bajo las cuales será garantizada y ampliada.
Una eventual marcha atrás sobre la Ley de Tierras tampoco resolvería el problema de fondo. Si el oficialismo acepta modificaciones será para preservar una reforma que fortalece el poder de los grandes propietarios, facilita una mayor extranjerización de la tierra y consolida un marco jurídico favorable al gran capital —nacional y extranjero—. La orientación general del proyecto seguiría intacta.
La jornada del jueves adquiere así una importancia que excede la votación en el Senado. Lo que estará en disputa no será sólo la media sanción de una ley, sino la posibilidad de profundizar una relación de fuerzas que ya obligó al oficialismo a retroceder sobre algunos de sus planteos iniciales. La movilización independiente aparece entonces como el principal factor capaz de impedir que el Gobierno logre salvar una reforma concebida para fortalecer los intereses del gran capital.
En ese marco, desde el Nuevo MAS y la juventud anticapitalista ¡Ya Basta!, junto a Manuela Castañeira, convocan a movilizar este jueves 6 de agosto contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
¡Nuestras tierras valen más que sus ganancias!
La pelea contra esta ley no puede quedar subordinada a las negociaciones parlamentarias ni confundirse con las posiciones de la derecha nacionalista o de la Iglesia, que cuestionan distintos aspectos del proyecto desde intereses ajenos a los de la clase trabajadora. Enfrentar esta reforma implica cuestionar el conjunto del régimen de propiedad que busca fortalecer, defender las tierras y los recursos estratégicos frente al gran capital y levantar una salida independiente basada en la expropiación de las grandes propiedades bajo control de las y los trabajadores.
