Por si quedaba alguna duda acerca del carácter conservador de los cambios en el gabinete presidencial, las últimas medidas favorecen a los que se enriquecieron como nunca durante la pandemia: las patronales agrarias.

Julián Domínguez, el nuevo Ministro de Agricultura, anunció que, luego de diversas reuniones entre representantes del ejecutivo y de las entidades agrarias, se acordó con los representantes de las patronales del campo la liberación de la exportación de carne vacuna a China a partir del lunes 4/10. Hasta el 31 de octubre seguirá vigente el sistema de cuantificación de exportaciones.

Según el gobierno, estas medidas permitirían que 140 mil cabezas de ganado lleguen al exterior, supuestamente sin afectar el precio de los cortes del mercado interno. Pero si la liberación de exportaciones no afecta los precios del mercado interno, ¿con qué objetivo fueron puestas en primer lugar?

Participaron de la reunión de ayer: Juan Manzur, Eduardo Wado De Pedro; los gobernadores Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires; Gustavo Bordet de Entre Ríos; Sergio Zilioto, de la Pampa; Omar Perotti, de Santa Fe; y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.

En representación de las patronales estuvieron de la Mesa de Enlace, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y de Coninagro, Elbio Laucírica.

Las restricciones a las exportaciones habían sido tomadas con el supuesto objetivo de obligar a las empresas a vender cortes más baratos en el mercado local, tras un incremento del precio de la carne del 65% en el último año, muy por encima de la inflación promedio. La realidad es que si bien se logró apenas una leve baja del precio (menor al 2%).

Por el aumento de precios, se está dando en argentina la ridícula situación de que, siendo un país productor de alimentos, sea un lujo poder alimentarse con un corte de carne. Hay gente que no le alcanza para comer y cuesta cada día más a los trabajadores llegar a cubrir la canasta básica. La situación se agrava por el ajuste a los salarios vía inflación que el gobierno junto a los sindicatos está dejando correr, con aumentos muy por debajo de la inflación y un salario mínimo que no alcanza el índice de indigencia.

Pero esto se agrava con las especulaciones y fraudes comerciales de las empresas productoras de alimentos. Empresas que no cumplen los requisitos legales o directamente etiquetaban erróneamente los productos para evadir o subfacturar exportaciones. En este marco, en el primer semestre del año, 12 empresas fueron sancionadas por este tipo de operaciones.

El gobierno demuestra, con estas medidas, que busca congraciarse con lo más concentrado de la burguesía argentina. Mientras aplica un aumento miserable del salario mínimo, toma medidas para favorecer que los sectores que más ganaron durante la pandemia se sigan enriqueciendo.