Río Negro - Cuesta del Ternero

Escala la persecución hacia las comunidades mapuches y envían fuerzas represivas a Río Negro

La comunidad mapuche Quemquemtrew protagoniza un conflicto por la recuperación de terrenos fiscales ubicados en la zona de Cuesta del Ternero, Río Negro. El gobierno provincial ha realizado denuncias por "terrorismo" y se endurece la campaña mediática reaccionaria contra las comunidades.

Redacción Izquierda Web.


Son días de intensa campaña mediática y política contra la comunidad mapuche Quemquemtrew, que protagoniza un conflicto por la recuperación de terrenos fiscales ubicados en la zona de Cuesta del Ternero, Río Negro.

El territorio que reclama la comunidad está ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de El Bolsón y, recientemente fue adjudicado -privatizado tras una maniobra fraudulenta- al empresario Rolando Rocco. Este reclama su derecho a la «propiedad privada» luego de obtener un permiso por 90 años para talar el bosque nativo para plantar pinos. También gozará de beneficios como la condonación de deudas y de apoyo económico para sus negocios.

Hace unas horas, a la zona que permanecía militarizada fueron enviadas las fuerzas represivas federales. Este pedido venía siendo realizado hace tiempo por la gobernadora de Juntos Somos Río Negro, Adabela Carreras, alineada con el gobierno nacional. Luego de un tira y afloje con la cartera de Seguridad, conducida por Aníbal Fernández, las fuerzas fueron enviadas tras un sospechoso -y oportuno- ataque al Club Andino que fue tildado de «terrorista» y achacado a la comunidad.

Incendio del Club Andino.

La reminiscencia a conflictos similares que tuvieron lugar durante la gestión macrista y la consecuente cruzada emprendida por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es inmediata. Sin embargo, algunos actores han cambiado. Hoy es un gobierno supuestamente progresista el que persigue a las comunidades en defensa de la propiedad privada contra «los violentos», «delincuentes», los «que no reconocen al Estado nacional», haciéndose eco de la virulenta campaña de los medios de derecha. Esta trama está cargada de racismo y reaccionarismo, al mejor estilo de las épocas de Julio Argentino Roca.

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La violencia contra la comunidad Quemquemtrew, tachada de «terrorista» y de ser parte de una trama «delictiva» y «sediciosa» viene escalando progresiva y escandalosamente de la mano del poder político y judicial. Se vuelve a agitar el fantasma de la RAM y toda una retórica y despliegue, que no tienen nada que envidiarle a la política de persecución y militarización llevada adelante por el reaccionario Enrique Piñera, del otro lado de la Cordillera, en la región de la Araucanía.

Para ilustrar la gravedad de los hechos, podemos citar los del viernes 24 de septiembre, cuando la fiscal en Jefe de Bariloche, Betiana Cendón, solicitó al juez Ricardo Calcagno la autorización para realizar un operativo represivo  que tuvo todos los condimentos de una cruenta cacería. Cincuenta efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) irrumpieron en la comunidad para amedrentar, detener y golpear a las y los presentes, disparando con balas de plomo al aire. Llegaron a tirar al piso a un niño de 8 años a quien mantenían presionando con sus rodillas y apuntado con un arma.

Actualmente, las y los miembros de la comunidad Quemquemtrew que permanecen aislados hace casi un mes en el cerro están cercados por efectivos de la policía provincial que montan violentas provocaciones a diario. Hay un acampe solidario en las inmediaciones para apoyar a la comunidad. Denuncian que las autoridades y fuerzas represivas no permiten que se entreguen abrigo y alimentos a quienes permanecen resistiendo en el cerro. La acción de policía de Río Negro y el COER avalada políticamente y agitada por el gobierno provincial, que cuenta con la anuencia del gobierno nacional.

Así, la historia se repite y en pleno siglo XXI volvemos a ver la cruzada por la propiedad privada, hoy de la mano de los intereses de Rolando Rocco y su familia, que vuelve a contar con las instituciones del Estado para avanzar. La vehemente defensa de la gobernadora, Adabela Carreras, que pone todo el poder represivo del Estado provincial al servicio de esa defensa.

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El poder judicial no se queda atrás y, menos el gobierno del Frente de Todos. No nos quedamos sin mencionar a los medios locales y nacionales que destilan, ampliando y replicando un discurso podrido e incoherente para legitimar una estafa y la violencia -una vez más- contra una comunidad originaria.

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