La medida se hizo pública hoy en el Boletín Oficial y se impuso a través del decreto 547/2020. Ya era de público conocimiento que el gobierno apostaba a este ajuste a los salarios porque así había sido informado a los principales sindicatos estatales, que optaron por no hacer nada al respecto.

«Que en atención a las restricciones fiscales imperantes y a su agravamiento por la pandemia de Covid-19, se estima necesario establecer una modalidad de pago de la primera mitad del sueldo anual complementario para el personal comprendido en el Sector Público Nacional, correspondiente al Ejercicio 2020 que mitigue su efecto financiero en el Tesoro Nacional» establece el decreto.

Hay que mirar atentamente la doble vara con la que se imponen los ajustes. Mientras el impuesto a la riqueza iba (supuestamente) a pasar por el Congreso, no llegó ni a eso mientras se fue convirtiendo de una promesa a una idea a una promesa de una idea. Recortar los aguinaldos en dos fue infinitamente más simple, sin rodeos, por decreto y de una vez.

La «carga» del tesoro de la crisis del Covid-19 se hace de un modo también bastante selectivo. La mayoría de quienes cobran el IFE son personas que se encuentran en una situación verdaderamente apremiante: cuentapropistas, los dueños de pequeños negocios, trabajadores en negro, etc. Este subsidio especial implica para los fondos del gobierno un monto que no ha sido hecho público, pero se lo calcula en unos 40 mil millones por mes. Es menos de lo gastado en deuda externa y subsidios a las grandes empresas, que no están pasando por ninguna situación apremiante: simplemente no quieren perder ni un centavo de los montos que ganan día a día en números impensables para el común de los mortales. Mientras tanto, millones mal viven y apenas sobreviven con 10 mil pesos por mes.

Se calcula que la canasta básica familiar está en torno a los 67 mil pesos y los que verán recortado en dos su aguinaldo son los que cobran un tope de 80 mil. De eso se trata un trabajador «privilegiado», uno que apenas supera la canasta básica, mientras los empresarios multimillonarios son subsidiados por el gobierno.