La salud pública está bajo ataque. Desde principios de enero, el gobierno de Javier Milei viene planteando abiertamente una “nueva forma de administración” para los hospitales SAMIC, anunciada por su vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios. Lejos de tratarse de una simple reorganización administrativa, esta iniciativa constituye un ataque directo al sistema de salud pública y un intento concreto de privatización, poniendo en riesgo la atención de millones de personas y los derechos laborales de quienes sostienen los hospitales día a día.
Esta avanzada se enmarca en la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, que busca precarizar aún más a las y los trabajadores en todo el país, flexibilizando derechos, reduciendo salarios y eliminando garantías laborales, mientras se entrega lo público al negocio privado. El ataque a los SAMIC es parte de esa política de ajuste y mercantilización que afecta tanto a la población como al conjunto de la clase trabajadora.
Los hospitales SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad) son establecimientos de gestión mixta, financiados por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y los municipios, creados para garantizar atención integral y de alta complejidad. Estos hospitales atienden a millones de personas del conurbano bonaerense y otras regiones, y funcionan como centros de referencia indispensables para la atención de patologías complejas, cirugías de alta complejidad y tratamientos que no pueden resolverse en otros efectores del sistema.
Hoy estos hospitales atraviesan una situación crítica producto del ajuste, el vaciamiento presupuestario y la precarización laboral. Falta de insumos, infraestructura deteriorada, servicios colapsados y salarios de miseria, constituyen la contracara de una política que castiga tanto a la población como al personal de salud.
La llamada “nueva forma de administración” que impulsa el gobierno —inspirada en modelos como el denominado sistema español— apunta a introducir criterios empresariales, financiamiento por productividad y mayor injerencia privada. Esto significa, en los hechos, mercantilizar la salud, recortar recursos, degradar la calidad de la atención y avanzar sobre el salario y las condiciones laborales de médicas, médicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios.
En respuesta a este ataque, el pasado 15 de enero, el Hospital El Cruce de Florencio Varela realizó una jornada de visibilización para denunciar los bajos salarios y alertar sobre el rumbo privatizador que el gobierno nacional pretende imponer sobre los hospitales SAMIC. La movilización marcó el inicio de un estado de alerta del conjunto de las y los trabajadores de la salud.
Los hospitales SAMIC directamente afectados por esta avanzada son:
- El Cruce, de Florencio Varela
- Cuenca Alta, de Cañuelas
- René Favaloro, de Rafael Castillo
- Presidente Néstor Kirchner, de Gregorio de Laferrere
- Del Bicentenario, de Esteban Echeverría
Mientras el gobierno nacional impulsa este ataque contra la salud pública, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof tampoco da respuestas de fondo. El abandono estatal, la falta de recursos, el deterioro edilicio y los salarios miserables del personal de salud continúan sin solución, afectando de manera directa a millones de personas que dependen de estos hospitales para acceder a una atención médica digna.
Este intento de privatización representa un atentado contra el derecho a la salud. Convertir hospitales de referencia en estructuras gestionadas con lógica de mercado implica excluir a quienes no pueden pagar, profundizar las desigualdades sociales y precarizar aún más a quienes trabajan en el sistema. Frente a este escenario, las y los trabajadores de la salud se mantienen en alerta y movilización, dispuestos a profundizar la lucha en defensa de los hospitales SAMIC, del salario y de una salud pública, gratuita y de calidad para toda la población.
