El lobby pudo más

El gobierno cambiará la legislación para permitir la compra de vacunas Pfizer

Luego de meses de una obsesiva campaña de la derecha y los medios de comunicación a favor de la corporación Pfizer, finalmente el gobierno dio el brazo a torcer y cederá ante los mayores condicionamientos que pide la empresa. Se siguen privilegiando los negocios mientras el país acumula contagios y fallecidos.

Renzo Fabb
Redacción de Izquierda Web.


Luego de varias semanas de campaña política de la oposición a favor de la empresa Pfizer, finalmente el gobierno cedió y admitió que cambiará la legislación vigente para que sea compatible con las condicionalidades que exige ese laboratorio.

Lo anunció ayer el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, no por casualidad en un programa de la señal TN. La medida tomaría la forma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial.

Aunque aun no es oficial, lo que adelantó el gobierno indica que la interpretación de la palabra «negligencia» quedará de común acuerdo entre el Estado argentino y el laboratorio norteamericano. Dicha cláusula de la Ley de vacunas era un condicionamiento inaceptable para Pfizer, que es mundialmente conocida por poner condiciones draconianas que le garantizan sus ganancias prácticamente sin ningún riesgo.

A pesar de que la provisión de vacunas ha crecido considerablemente estas últimas semanas, este cambio de actitud del gobierno indica que todo el poderoso lobby de la corporación, a través de políticos y medios, ha surtido efecto.

Esto significa que, de concretarse un acuerdo con Pfizer, el laboratorio saldrá indemne ante cualquier tipo de problema, ya sea con la vacuna en sí o con el cumplimiento de lo acordado en un posible contrato. El gobierno vuelve a ratificar que está absolutamente subordinado a las condiciones que estas grandes corporaciones le imponen a cientos de países, mientras miles mueren todos los días por la pandemia.

Campaña demagógica

La ridícula obsesión de la derecha con la vacuna Pfizer fue tomando distintas formas. Primero, en boca de Patricia Bullrich denunciaron que la negociación no había prosperado debido a que el gobierno había pedido coimas y/o intermediarios, algo que fue desmentido por el propio laboratorio.

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Luego denunciaron que el gobierno había rechazado un lote de 13 millones de vacunas de Pfizer terminando las negociaciones de manera unilateral para favorecer otros contratos, como el que tiene actualmente Argentina con Rusia o con la británica AstraZeneca.

Lo cierto es que se trató de un desacuerdo en torno a la inmunidad legal que exigía el laboratorio a la hora de comerciar vacunas con Argentina. A pesar de que el país aprobó en octubre la Ley que permite negociar contratos con cláusulas confidenciales y jurisdicción extranjera en caso de litigio, Pfizer exigía que se retire de la letra de la ley una «excepción en caso de negligencia». Es decir, pretendían impunidad total para tener negocios garantizados.

Como la ley, así como estaba, le permitía al gobierno avanzar con otras negociaciones, finalmente se aprobó con esa cláusula inaceptable para los norteamericanos. Como hemos analizado desde este portal, el gobierno privilegió negociaciones con países como China o Rusia por razones geopolíticas. Algo indignante para la oposición que hace las veces de «perro faldero» de Estados Unidos.

En el caso de AstraZeneca, sin duda que en el acuerdo tuvo un rol destacado la intermediación de Hugo Sigman, empresario cercano al gobierno y un «viejo amigo», como lo definiera el ex Ministro Ginés Gonzáles García. Luego se sabría que Sigman produciría el principio activo de la vacuna de AstraZeneca en nuestro país.

Con casi 100.000 muertos, siguen los negocios

Mientras Argentina superó la barrera de los noventa mil fallecidos por Covid-19, la necesidad imperiosa de vacunar rápida y masivamente sigue estando subordinada a las condiciones que impone el mercado y los planes de negocios de los empresarios farmacéuticos.

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Es verdad que en las últimas semanas se aceleró el plan de vacunación, pero la llegada a cuenta gotas de vacunas durante meses produjo una segunda ola con efectos mucho más graves que su antecesora, con récords de contagios, muertes y un sistema de salud que llegó a estar al límite del colapso.

Durante todo ese tiempo, Argentina produjo millones de vacunas a través del laboratorio mAbxcience, propiedad del ya mencionado Hugo Sigman. Debido a la propiedad privada de la vacuna que el gobierno no cuestiona, millones de dosis producidas acá salieron afuera del país. Recién en las últimas semanas comenzaron a llegar apenas los primeros lotes de esas vacunas, incumpliendo los plazos establecidos.

La lógica capitalista con la cual se distribuyó la vacuna en el mundo ha generado consecuencias devastadoras de la segunda ola, ante una desigualdad brutal en el acceso a las mismas. El cretinismo del gobierno no puede sino presenciar esto como una especie de «ley natural», incapaz de cuestionar que el problema es la propiedad privada y las patentes de un bien que hoy debería ser un derecho y no una mercancía.

La ahora posible llegada de la vacuna de Pfizer será un paso más en esta intrincada pelea por las vacunas donde se mezclan negocios empresariales, geopolítica y cálculos electorales. El fundamental derecho a la salud, en cambio, continúa relegado a un tercer plano.

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