​El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, uno de los promotores de la denuncia contra Morales, afirmó: “Tiene que venir a explicar cuál fue su rol en los 53 días [de bloqueo de carreteras], a explicar por qué dio las declaraciones que dio, por qué se hizo responsable, porque él lo dijo, que era quien estaba a cargo prácticamente de las acciones”.

Tras pactar acuerdos con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), el gobierno de Paz decretó el 20 de junio el estado de sitio e inició una brutal represión para levantar los bloqueos. Tras la capitulación de la COB, el 22 de junio las dirigencias campesinas y cocaleras llamaron a levantar las manifestaciones para entrar en “un cuarto intermedio para un poco pacificar” el país. El mismo Morales apoyó ese “cuarto intermedio” afirmando que luego retomarán las protestas.

Ahora, el gobierno de Paz aprovecha el respiro que le dio ese «intermedio» para avanzar de manera reaccionaria contra el proceso de rebelión y tratar de afianzar su posición. Como parte de ese avance represivo, el gobierno impulsó la persecución política contra dirigentes del levantamiento popular: la exsenadora aymara Simona Quispe y la dirigente cocalera Yesenia Vargas fueron aprehendidas por la policía con el uso de la fuerza, junto al líder vecinal Justino Apaza, imputado por terrorismo.

​De tal manera, la orden de detención contra Morales se enmarca en la escalada reaccionaria del gobierno de Paz para aleccionar y reprimir a los sectores que, durante semanas, exigieron su salida de la presidencia del país andino. Solo por los cargos de terrorismo, Morales, que actualmente se resguarda en una zona coquera de Cochabamba, podría tener una condena de hasta 30 años de prisión.

Como analizamos en una nota anterior, cuando triunfó Paz se quiso presentar como una alternativa «moderada» frente al MAS y la extrema derecha, pero rápidamente se alineó con el trumpismo internacional y quiso avanzar con medidas de tipo mileísta, de recorte, ajuste y descarga de la crisis sobre campesinos, indígenas, obreros y pobres de Bolivia. Esta orden de captura apunta a sentar un precedente punitivo en el país contra los movimientos campesino, obrero y de los pueblos originarios que, durante las últimas décadas, realizó enormes demostraciones de fuerza en el país.