El mismo día que el alegato del fiscal Diego Luciani contra Cristina Fernández hegemonizaba por completo los titulares periodísticos, el gobierno decretaba un ajuste fiscal de $210.000 millones. El recorte no es en gastos superfluos sino en áreas fundamentales: $70.000 millones a educación, $10.000 millones a salud y $50.000 millones a planes de vivienda, por ejemplo. El decreto llevó la firma de Sergio Massa y Juan Manzur.

Para los distintos sectores que integran el Frente de Todos, fue un movimiento de mutua conveniencia. Con la agenda pública enfocada exclusivamente en la situación judicial de la vicepresidenta, tanto Massa como CFK se aliviaron de que el brutal recorte haya sido opacado por el terremoto político que desató el fiscal.

El episodio le ha servido al kirchnerismo para sortear -al menos momentáneamente- las dificultades políticas que implican su contradictoria situación al interior de la coalición oficialista. Cristina es el principal sostén político de una gestión de la que necesita permanentemente diferenciarse. Pero sobre esa paradoja se cierne otra: la justicia y la oposición ayudaron a CFK a salir momentáneamente de ese laberinto poniéndola en el centro de la escena como «perseguida». Mientras Massa afilaba las tijeras.

El kirchnerismo -e incluso las mucho más amplias y volubles fronteras del «peronismo»- se han alineado detrás de la figura de CFK denunciando una persecución política. Afirman, no sin razón, que el embate judicial contra la ex presidenta es un ataque a la democracia. Es incontestable desde el momento en que lo que está en juego no es sólo un juicio sobre obra pública, sino la proscripción de una de las principales figuras políticas del país.

Sin embargo, la legítima preocupación de las bases kirchneristas por la democracia no mostró la misma capacidad de reacción y movilización frente al terrible ajustazo de Massa. El problema no es sencillamente la circunstancialidad de que una cosa haya opacado mediáticamente a la otra. El problema es político: la democracia y el ajuste van en direcciones opuestas. Y no se puede defender la democracia sin oponerse férreamente al ajuste diagramado por el Fondo Monetario e instrumentado por el gobierno.

FMI es todo lo opuesto a «democracia»

Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia en 2015, en su campaña se había encargado de «desmentir» explícitamente aquellas acusaciones que señalaban que un eventual gobierno suyo significaría el regreso al país del Fondo Monetario. Incluso pudo verse una imagen de quien a la postre fuera Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con un cartel que rezaba «no volvamos al Fondo». En 2017, Dujovne sería el encargado de firmar el acuerdo stand-by que endeudó al país por $44.000 millones de dólares con ese organismo.

Desde el momento en que el país volvió a las garras del Fondo, no sólo se trastocó la soberanía del Estado argentino en su política económica (que ahora pasaba a estar circunscripta a los dictados de EE.UU. y sus aliados) sino también la voluntad popular. Macri había mentido -entre muchas otras cosas- acerca de que Argentina no iba a volver al Fondo.

El gobierno del Frente de Todos no cuestionó este acuerdo ilegítimo de entrega de la soberanía, que además significó un brutal endeudamiento del país. Por el contrario, lo ratificó votando un nuevo acuerdo, aunque bajo un recubrimiento más «democrático» haciéndolo pasar por el Congreso. La aprobación parlamentaria no resuelve la cuestión de fondo, que es el carácter esencialmente colonial y entreguista del acuerdo con el Fondo.

Los técnicos del Fondo -que por supuesto no elige nadie y que responden a los gobiernos imperialistas- son los que tienen la potestad de decir cuánto puede o no puede gastar el Estado, cuanto deben subir las tarifas o cual debe ser el valor del dólar, entre otros condicionamientos fundamentales a la política económica. En los hechos es como si gobernaran, pero sin haber pasado por elecciones. El acuerdo con el Fondo es profundamente antidemocrático.

Necesariamente unido a él está el ajuste, que es lo que el FMI exige invariablemente para cumplir sus requerimientos. Aquí también se pasa por arriba de la voluntad popular. El gobierno del Frente de Todos llegó al poder gracias al enorme descontento popular con el ajuste que venía haciendo el macrismo, y que fue oportunamente enfrentado en las calles (como en las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017), proceso cuya resolución terminó siendo electoral.

De hecho, el FDT ganó prometiendo terminar con el ajuste. Inclusive al día de hoy el slogan de la propaganda oficial sigue siendo «primero la gente». Pero no es verdad: primero está el FMI. Por eso en este duro contexto de pobreza y precariedad se elige apretar el acelerador al ajuste recortando derechos fundamentales como salud y educación.

La voluntad de las grandes mayorías populares en nuestro país no ha sido ni el FMI ni el ajuste. Por eso, no se puede separar la cuestión democrática de la política y la economía. El intento de proscripción contra Cristina Kirchner es contrario a la democracia, pero también lo es el acuerdo con el Fondo y el ajuste que le es concomitante. De hecho, justamente el intento de avanzada judicial contra CFK busca generar condiciones políticas más favorables hacia el redoblamiento del ajuste y las contrarreformas neoliberales que toda la burguesía exige a coro.

Pero en la medida en que tanto Cristina como la dirigencia kirchnerista no pretenden romper con el Fondo y no pueden plantear un plan alternativo al ajuste, elijen deliberadamente callar frente al brutal ajuste de Massa, que hace el trabajo sucio mientras el kirchnerismo recupera su «épica». Si el kirchnerismo, como fuerza política del sistema, planea volver a ser gobierno, necesita que el ajuste se haga. Y si lo puede hacer otro (Mucho más conveniente si es un antikirchnerista en reposo como Massa) mucho mejor.

Pero entonces la «defensa de la democracia» del kirchnerismo es inconducente. Es una trampa defender a CFK «para que no avance la derecha» mientras el gobierno aplica un durísimo ajuste que no tiene nada que envidiarle al de los gobiernos neoliberales. La única defensa consecuente de los derechos democráticos no es sólo la que rechaza los intentos de proscripción de la justicia, sino la que lucha contra el FMI y el ajuste que pide la clase capitalista en su conjunto.

En el límite, emerge la cuestión crucial: en última instancia una verdadera democracia que exprese la voluntad de las mayorías trabajadoras y populares es incompatible con el capitalismo. En este momento donde se está jugando de qué manera se resuelve la grave crisis que atraviesa el país, la historia llama a miles de genuinos militantes que quieren defender la democracia a dar ese paso. Pero eso implica romper con el kirchnerismo como tal.