Cuando parecen estar terminando de alinearse los partidos capitalistas en función de aprobar el acuerdo con el Fondo, en el interior del Frente de Todos siguen moviéndose las placas tectónicas, aunque por ahora con vibraciones de baja intensidad.

“Es esto o el defalut” es el mantra empleado por los economistas (burgueses) de todo tipo y color. En la segunda línea empiezan las divergencias: están los que cínicamente, como Guzmán y Fernández, aseguran que el acuerdo no implicará ningún tipo de ajuste. También hay quienes afirman que “votarán con la nariz tapada” para supuestamente «salvar al país de un mal mayor». Otros, como Máximo Kirchner, desearían que se los trague la tierra para evitar mancharse las manos con la entrega que se está perpetrando.

Dentro del Frente de Todos, La Cámpora es el sector político más incómodo con el cierre del acuerdo. Es que las negociaciones revelan una contradicción tremenda en su discurso. Si no era suficiente con ajuste de tarifas, la reducción del gasto público y el recorte a derechos laborales que implicará el acuerdo, la intromisión que pretende el organismo sobre la política económica expresada en revisiones trimestrales sobre la economía nacional expresa directamente entregar en bandeja la soberanía política y económica.

“Soberanía” es la palabra sensible. Los K difundieron durante años un discurso en el que sostenían como uno de los principales logros de su gestión haber “comprado soberanía” desendeudando al país. Néstor Kirchner llegó a desembolsar, el 3 de enero del 2006, la sideral suma de 9800 millones de dólares en un solo pago al FMI. Cristina misma admitió que fueron “pagadores seriales”, pero enmascararon su docilidad afirmando que así nos “sacábamos de encima” la intromisión del organismo en nuestra política: comprábamos la soberanía. ¿Cómo se articula esta épica con el hecho de que el nuevo acuerdo contempla una intromisión total del FMI en la política económica? “Intromisión” por no decir “control total”. Representa, para los K, la entrega de la última bandera.

Para agravar la incomodidad, el gobierno admite esta entrega sin eufemismos. Son varios los comunicadores K que se quejan de cómo el fernandismo carece de la retórica necesaria para enmascarar los puntos escabrosos de su política de ajuste. Aunque parezca irreal, el acuerdo firmado y difundido por el Frente de Todos deja sentada expresamente el sometimiento de la política económica al organismo imperialista. El texto afirma que las medidas serán consultadas con el FMI, y, en una de las líneas más humillantes, se lee: “Evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de éste”.

El gobierno se compromete a alinear toda la política económica (todo el gobierno) en función de sus compromisos con el Fondo. Es obvio que el Fondo tiene interés en cobrar y presionará para la reducción del gasto importándole poco el sufrimiento de los trabajadores y sectores populares de nuestro país. Ya lo demostró en los ´90 y el 2001, y también tenemos ejemplos de otros países, como Grecia, donde “a cara de perro” los organismos de crédito impusieron recortes salariales, aumento de la edad jubilatoria y despidos masivos de estatales, una brutal recesión, entre otras medidas que precipitaron una crisis social monumental empujando a miles al desempleo y la pobreza.

El Frente de Todos se está comprometiendo a rendir cuentas presentando informes y reportes para alcanzar las metas mensuales, quincenales, semanales (y hasta diarias) pautadas con el organismo. Todos los ítems de la política económica y financiera deberán ser aprobados por técnicos representantes del FMI. Concretamente: por sobre el  Ministro de Economía y el presidente habrá una nueva autoridad a la que se deberá rendirle pleitesía, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué directamente no proponen cambiarle el nombre a la Argentina, y volver a llamarnos “Virreinato del Río de la Plata”? Como bien lo expresó Manuela Castañeira en diversas ocasiones, sería un título acorde al nivel de sometimiento al que quieren llevar a nuestro país.

La recompensa por portarse bien con el organismo: giros en dólares contantes y sonantes. El FMI condiciona al gobierno a cumplir estas metas con los desembolsos pautados. Evaluará el desempeño de la política económica del país cada tres meses para otorgar o no esos “derechos de giro” contemplados en el acuerdo. Es como negociar con un revólver sobre la mesa.

Sobre este punto, un dirigente de La Cámpora denunciaba cómo el propio préstamo de 45 mil millones de dólares fue otorgado en 2018 para apoyar el intento de reelección de Macri, y se alarmaba por la dependencia que implica ahora estar en manos de las revisiones trimestrales del organismo, dándoles la posibilidad de influir nuevamente en la política nacional en caso de que quieran perjudicar al gobierno: “ahora es más fácil, el año que viene nos bochan una revisión y chau, nos mandan al default”.

La injerencia no es música para el futuro. Ya comenzó, estableciendo ciertas medidas que deberán ser tomadas a corto plazo para comenzar a alinear las variables macroeconómicas en función del acuerdo. Se deberá modificar el presupuesto 2022 para adaptarse a las metas de déficit fiscal primario para este año, que deberá ser del 2,4%. El 1° de junio comienza la eliminación de subsidios a la energía, comenzando por el 10% de usuarios con mayores ingresos. En junio se derogará la doble indemnización por despidos aprobada al comienzo de la pandemia. Además de otros puntos importantes, como la restricción del gasto en obra pública, todas las medidas afectarán a perjudicialmente a los trabajadores y sectores populares de nuestro país.

Si bien todo el arco de la política capitalista, desde los portavoces de la resignación a los hipócritas de derecha, quieren que nos arrodillemos ante los hechos consumados, aún no está dicha la última palabra. Este jueves 10 de marzo se realizará una movilización contra el acuerdo con el Fondo impulsada por el Nuevo MAS y otras organizaciones de izquierda. Como nos muestra la historia, la lucha en las calles es la herramienta que tenemos para defender nuestros derechos, la soberanía nacional y el nivel de vida de los trabajadores y sectores populares.