La noticia sacudió la escena política y económica argentina: contra todo pronóstico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió revertir el fallo de la jueza Preska que ordenaba al Estado argentino a renunciar a su soberanía sobre YPF.
No se puede exagerar la importancia de la petrolera estatal: sin soberanía sobre ella, parte de la viabilidad misma del Estado argentino es discutible. La economía argentina es muy frágil, y el gobierno mileísta no pudo retroceder en ningún momento en controlar sus principales precios: el tipo de cambio, los salarios, los servicios, el transporte y los combustibles. Sin YPF se pierde buena parte del poder del Estado en mantener algo de control sobre una variable económica fundamental, y sin algo de poder de decisión económica no se puede gobernar, no importa lo que digan los dogmas libertarios.
Una historia de saqueo
La privatización de YPF fue más que un error, fue un desastre. Casi dos décadas después de la entrega a Repsol, sin inversiones, la empresa había sido de hecho vaciada.
Luego de años de privatización y casi nula inversión, en 2011 -todavía bajo gestión de Repsol- el país tuvo que importar por primera vez más gas y petróleo del que produjo, perdiendo su autoabastecimiento energético, problema que continúa hasta hoy.
Desde la adquisición de la petrolera por parte de Repsol, las reservas de petróleo de la empresa se redujeron un 54% entre 1999 y 2011, mientras que las de gas prácticamente desaparecieron, reduciéndose un 97%. Hoy Argentina gasta miles de millones de dólares anuales en la importación de gas, aunque cuente con importantes reservas.
Cuando YPF fue privatizada en los años 90 por el gobierno de Menem, éste se encargó de pagar buena parte de las deudas de la petrolera estatal. Luego la vendió por unos irrisorios 15 mil millones de dólares. Cuando Repsol finalmente adquirió YPF, solo tuvo que pagar 2.800 millones de dólares de los 11 mil millones que YPF tenía de deuda, quedando el resto a cargo del Estado argentino.
Tras entregar el petróleo, el menemismo solo obtuvo unos miserables 7 mil millones de dólares para las arcas del Estado. Estos dólares se utilizaron para pagar la ya entonces enorme deuda externa (15 veces más grande). Controlada por Repsol, la petrolera declaró ganancias superiores a mil millones de dólares anuales.
«La expropiación está mal porque robar está mal» dice Milei sobre las pobres empresas multinacionales, siempre víctimas de los países. Claro que el robo mancomunado de la empresa con el menemismo a un recurso estratégico jamás cuenta como motivo de condena, ni es llamado «robo».
La «expropiación»
Pongamos en duda la vocación «expropiatoria» del kirchnerismo. Durante toda una larga década de saqueo de Repsol, los Kirchner no atinaron ni a media intervención. No fue el único caso: con muy raras excepciones, el fraude de las privatizaciones siguió (y sigue) en pie.
En 2012, el gobierno de CFK tuvo que girar hacia la «expropiación» por dos motivos de peso. El primero, el costoso hecho de que el país de repente tuviera que pagar la importación de gas en escasos dólares teniendo reservas de sobra para el autoabastecimiento. El segundo, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta un año antes.
Una amplia mayoría del Congreso votó la «expropiación» de YPF. Catorce años de privatización habían hecho de la principal petrolera argentina una acumulación de estaciones de servicio abandonadas, materiales de producción oxidados y trabajadores insuficientes para cualquier proyecto de explotación nueva. Casi 80 años de existencia de la empresa habían sido liquidados para llenar los bolsillos de los accionistas de la empresa española. Y, sin embargo, la «expropiación» decidió «compensar» a Repsol. Dos años más tarde, se llegó a un acuerdo por 5 mil millones de dólares. No había que darles nada.
La puesta bajo control del Estado del 51% de las acciones de YPF tuvo una motivación simple: el Estado argentino tomaba la decisión estratégica de que había que invertir en Vaca Muerta. El cortoplacismo y desinversión de Repsol hacían imposible que se tome semejante decisión bajo su mando. Pero el kirchnerismo hacía esto sin recuperar todos los atributos soberanos entregados por Menem: YPF seguía siendo una «Sociedad Anónima» y no una «Sociedad del Estado» como había sido antes de 1993.
La del 2012 no fue una decisión que ponía fin al poder de las empresas multinacionales de explotar el país. Ni mucho menos: al año siguiente se anunciaba el acuerdo Chevron-YPF para darle comienzo a la explotación de Vaca Muerta. La diferencia es que ahora el Estado intervenía para que la explotación de las multinacionales sea eso, explotación; y no mero saqueo. Y para explotar hay que invertir. Es un mecanismo básico de funcionamiento de una sociedad capitalista: las inversiones a largo plazo las suele hacer el Estado cuando son poco rentables para que después las privadas gocen de las ganancias. En este caso, la muy yanqui empresa Chevron, que es la continuidad de la Standard Oil de los Rockefeller.
La «argentinización»: la miserable «burguesía nacional» del peronismo
Cuando se dice «burguesía nacional» se dice mucho más que burguesía residente en el país. En la época de auge del peronismo, las corrientes de izquierda que le eran fieles sostenían que había en Argentina una «burguesía nacional» opuesta al imperialismo y la «oligarquía cipaya». Su programa no era anticapitalista sino la «liberación nacional»: esperaban poder conquistar la independencia y el desarrollo de Argentina y una emanicpación antiimperialista con capitalismo. En la historia intelectual del peronismo, «burguesía nacional» es la completamente ficticia clase industrial argentina con potencial revolucionario y libertador. Esa era su justificación para su subordinación al peronismo allá por los 60′.
La «argentinización» de YPF y el auge del kirchnerismo vieron un tímido renacimiento de este programa. La «burguesía nacional» era la familia Eskenazi (el Grupo Peterson), dueños del Banco de Santa Cruz y amigos de la familia Kirchner. La política del kirchnerismo para con YPF tuvo dos momentos: la «argentinización» con la compra de un cuarto de las acciones por parte de los Eskenazi entre el 2008 y el 2011, y la «expropiación» en 2012. Fue una estafa: el Grupo Peterson usó como garantía de los préstamos las propias acciones de YPF. Básicamente, no tuvieron que poner un peso propio para hacerse con un cuarto de una empresa gigante.
Y el juicio que tuvo que enfrentar Argentina en tribunales de Nueva York en beneficio de dos grupos económicos yanquis fue precisamente porque los Eskenazi se quisieron poner en el lugar de víctimas de la «nacionalización» de YPF. Burford y Etan Park compraron el derecho a reclamar por YPF a Petersen Energía, de la familia Eskenazi, que al momento de la «nacionalización» tenía el 24% de las acciones de YPF.
El estatuto de la petrolera impuesto por el menemismo establecía que en caso de compra masiva de acciones se debe hacer una oferta de compra a la totalidad de los accionistas (y no sólo a una parte). El argumento legal de Argentina es que la ley votada en el Congreso (la «expropiación») estaba por encima de la «ley» interna de una empresa (el estatuto de YPF).
La «burguesía nacional» de la «izquierda nacional» es tan real como la «liberación nacional» del peronismo, y los Eskenazi son sus máximos representantes en lo que respecta a YPF.
Un fallo colonial
El litigio en los tribunales de Nueva York se da sobre la base de poner a los Eskenazi en el lugar de víctimas de la nacionalización parcial, mientras los cipayos les dan la razón argumentando que el fallo es por la política del gobierno kirchnerista de beneficiar a los Eskenazi.
La arbitrariedad judicial de Preska para beneficiar a las multinacionales a expensas de Argentina no podrían ser más evidentes. El fallo exige que el Estado entregue a Burford y Eton Park el 51% de las acciones, la totalidad de lo que posee. Pero los Eskenazi tenían solamente un cuarto de la totalidad de la empresa. La «compensación» exigida es la voluntad de una jueza de que un país entero entregue todo rastro de soberanía económica y política. Preska, imperialista como es, cree poder erigirse en jueza internacional, y sanciona el derecho de las empresas estadounidenses a declarar Argentina su colonia.
Además, Preska les da la razón en todos los absurdos reclamos que hacen los fondos buitres para calcular cuanto les «debe» el Estado Argentino. Reclaman que hay que pagarles 16 mil millones de dólares… que es más o menos lo que vale YPF en su totalidad. ¿Cómo llegaron a esa suma? Primero, tienen que calcular el valor de la empresa en su momento, después la tasa de interés a aplicar por los años pasados. Para el primero, cuentan desde la intervención previa a la nacionalización, el 16 de abril del 2012. Pero para calcular los intereses ponen como fecha el 3 de mayo de ese mismo año.
Supuestamente este fallo buscaría «compensación» para empresas que habrían sido «perjudicadas» por el Estado Argentino. Y ese «perjuicio» tiene que tener una fecha precisa. ¿Por qué entonces Preska toma dos fechas diferentes del «perjuicio» del que habrían sido «víctimas» los Eskenazi? Porque si se tiene en cuenta el 16 de abril para calcular el valor de las acciones, eso beneficia a Burford; y si se tiene en cuenta el 3 de mayo para calcular los intereses, eso beneficia a Buford. Es una contradicción demasiado obviamente puesta para exprimir hasta el último centavo a Argentina y tenga que entregar todo lo que Preska pueda sacarle para sus amigos empresarios. Esto está bien explicado en este artículo de El Destape.
Este absurdo parte del estatuto de YPF, que -como hemos dicho- imponía desde el menemismo que quien comprara un capital accionario como el que estaba obteniendo el Estado argentino debía hacer una oferta similar al resto de los accionistas. Pero las leyes de un país están por encima del estatuto de una empresa. Y la ley sostenía que se trataba de una «expropiación» con compensación, no de una compra de acciones. No es una sutileza, son cosas diferentes. Por más limitada que haya sido la «expropiación» kirchnerista, fue una decisión soberana de un país (no muy) soberano. Y cuestionarla como tal es pretender darle a empresas multinacionales y juezas neoyorquinas un poder mayor a éstos sobre Argentina que el propio Congreso.
