Es un hecho indiscutible que el DNU de Milei es un ataque reaccionario en todos los frentes de la vida social y económica del país. En lo que respecta a la industria y la economía nacionales, las contrarreformas anunciadas tienen una clara tendencia recesiva, desindustrializadora y de pauperización salarial y social.

Las medidas del DNU

Entre las medidas incluidas en el decreto de Milei figura la derogación de la Ley de Compre Nacional y del Programa de Desarrollo de Proveedores que emanaba de ella. Esta Ley le daba prioridad a los productores nacionales para el abastecimiento de empresas del Estado o de obras licitadas por el propio Estado. Un sector que sufrirá la medida será el de los Farmacéuticos.

El Centro de Profesionales Farmacéuticos rechazó la medida y prometió judicializarla. Desde el sector denunciaron que la reforma no tiene en cuenta ningún criterio sanitario y está regida únicamente por intereses mercantiles. El decreto habilita también la venta libre de medicamentos fuera de farmacias. Una medida anti – sanitaria que podría tener fuertes peligros en términos de salud social.

El decreto dispone también que «el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las importaciones ni exportaciones por motivos económicos». Esta medida afectará globalmente al funcionamiento de la economía argentina. Quitarle al Estado de un país atrasado (como la Argentina) la potestad de modificar el curso «natural» del comercio exterior implica atarlo de pies y manos ante la presión de capitales más competitivos.

En lo inmediato, sucederán varias cosas.

Por un lado, los sectores industriales que dependen del consumo interno se verán fuertemente afectados.

Por otro lado, la facilidad exportadora hará que los precios de algunos productos de primera necesidad (como los alimentos) suban todavía más. Sucede que para cualquier empresa del agro será más competitivo exportar en dólares que vender dentro del país en pesos.

También las empresas importadoras harán enormes negocios por la facilidad para ingresar y colocar productos extranjeros, más competitivos que los locales.

El curro de la desregulación

Desregular la economía de un país económicamente atrasado como la Argentina en el marco de un mercado capitalista globalizado significa entregarle el país en bandeja de plata a los grandes grupos concentrados del capital internacional.

Y la cuestión no radica en una oposición entre «empresarios nacionales buenos» versus «empresarios extranjeros malos». El problema es mucho más profundo. El concepto que pregona el DNU es el mismo que pregona Milei constantemente: la libre competencia o, en otras palabras, la supervivencia del más apto. 

Dentro del mercado capitalista existen sectores más y menos competitivos. Como se trata de una economía capitalista, su competitividad no radica en su nivel de producción, en su aporte al mercado de bienes ni tampoco en su aporte social en términos de creación de puestas de trabajo. Bajo el capitalismo, la empresa más competitiva es simplemente aquella que reporta mayores ganancias a su dueño, el capitalista.

La desregulación de la economía argentina es la supervivencia de sus sectores más competitivos, con la consecuente desaparición de los sectores menos competitivos. Vale aclarar que los sectores que crean la inmensa mayoría de los puestos de trabajo del país se cuentan entre el segundo grupo.

Esa es la razón por la cual el Estado argentino (bajo manos de distintos gobiernos) impuso una serie de barreras proteccionistas para alivianar la presión de los sectores competitivos (como el agro o la especulación financiera) sobre los no competitivos (el entramado industrial en general, pero sobre todo las ramas que dependen del consumo interno).

Aquí vale aclarar que los argumentos de Milei en favor de la desregulación son mentiras, falacias y aberraciones económicas destinadas a legitimar un programa que pretende retrotraer al país a relaciones coloniales con el mercado internacional. La desregulación no generará la reactivación de la economía, ni nuevos puestos de trabajo, ni mucho menos la aparición de «el mejor producto al mejor precio». En suma, la desregulación no generará ni un solo beneficio para la mayoría trabajadora del país. La razón es sencilla: nada de todo es competitivo para los capitalistas.

Libertad de pillaje 

La supervivencia del más apto que propone el decreto de Milei comenzará por destruir gran parte del entramado industrial local. Primero caerán las PyMEs, el sector de la industria que depende del consumo local y no tiene prácticamente injerencia en el comercio exterior. Las PyMEs con menos de 90 empleados, por tomar una fracción, comprende el 43% de los puestos de trabajo formales del país. No hace falta aclarar que un golpe a este sector creará nuevos desocupados.

La apertura de importaciones (anunciada hace pocos días por Caputo) ya abrió paso al comienzo de ese proceso. Algo similar sucedió en lo ’90, con la desaparición de cientos de fábricas en todo el país.

Pero más allá de las pérdidas de puestos de trabajo se vislumbran efectos aún más duraderos sobre el aparato productivo argentino. Las ramas no competitivas de la economía perecerán para dar lugar al dominio absoluto del capital internacional. A la vez, el eventual aumento de la desocupación hará caer el precio general de los salarios.

La capacidad productiva general del país (el grado de industrialización, el desarrollo de la infraestructura, el transporte, la disponibilidad de bienes de primera necesidad, la diversificación del aparato productivo, etcétera) decaerá ante la presión de los sectores más competitivos del mercado internacional.

El resultado será un país con una economía reprimarizada, es decir, que producirá única y exclusivamente materias primas para su exportación. Esto se complementará con la libertad de saqueo para las multinacionales extractivistas, como las mineras y petroleras.