Este genocida integró la patota que secuestró al escritor Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. Además, hizo para del equipo represor del centro clandestino de detención de la ex ESMA, específicamente del grupo de tareas denominado 3.3.2.
El “Chipa”, alias con que era conocido, fue enjuiciado por 193 casos de privación ilegítima de la libertad y homicidios, cometidos entre el 1° de enero de 1976 y el 31 de diciembre de ese año, así como otros llevados a cabo entre el 2 de marzo de 1977 y el 31 de diciembre también de ese año.
De acuerdo a un comunicado emitido por la “Cátedra Libre de Derechos Humanos – Programa Universidad y Dictadura”, en 1986 fue beneficiado con la Ley de Punto Final en 1986 y, tras la reapertura de las causas en 2003, huyó a Brasil donde estuvo prófugo hasta 2020, año en que finalmente fue extraditado de regreso hacia el país.
Entre sus principales acusadores está el Carlos Lordkipanidse, ex detenido desaparecido y quien hace parte del Encuentro Cachito Fukman y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Otra denunciante es Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, quien impulsó en el período en que fue diputada nacional la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lograda en agosto de 2003, con el voto de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Filosofía de la UBA también es querellante en este caso, pues entre las víctimas de Sánchez se encuentran estudiantes, graduades y docentes de esta Facultad. La juventud anticapitalista del ¡Ya Basta! participó con una delegación de la audiencia para acompañar el juzgamiento al genocida de Gonzalo Sánchez.
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De acuerdo a los datos disponibilidad por la Unión de Promociones, a la fecha son 519 los genocidas privados de libertad, de los cuales 440 cumplen arresto domiciliario y solamente 79 están en centros penitenciarios.
Y los que están en las cárceles reciben un tratamiento como adultos mayores, con toda la atención médica, alimenticia y de higiene necesarias, según el informe de los organismos que controlan su atención. Es un tratamiento que no tiene nadie más en el sistema penitenciario argentino, que es en general degradante.
Como se informó en una nota anterior de Izquierda Web, al 26 de marzo de 2026, “1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 36 sentencias dictadas desde 2006”, fecha en que se reabrieron los juicios de esa categoría. Hubo sentencias anteriores, como las logradas en el histórico Juicio a las Juntas, en los que recibieron condena 5 de los 9 integrantes de las Juntas militares que fueron juzgados en esa oportunidad.
La condena de Sánchez tiene lugar en un momento importante, pues hace unos días trascendió que la Corte ordenó abrir un protocolo médico para evaluar el estado de saludo de los 79 genocidas que permanecen en prisión, lo que puede ser la antesala de darles la prisión domiciliaria.
