El impuesto a las fortunas, que al comienzo de la cuarentena fuera presentado como la gran medida de redistribución fernandista, ha vuelto a aparecer en la escena parlamentaria luego de varios meses de silencio vergonzante por parte de los legisladores oficialistas. Sin embargo, el proyecto final dista mucho de lo que podría haberse esperado por los anuncios del gobierno meses atrás, sin llegar a ser más que una ley para recoger algunas migajas en las arcas del Estado y que no intenta cambiar ni mínimamente la situación de los trabajadores del país en medio de la pandemia.
En el transcurso de los ya casi 6 meses de pandemia y cuarentena, el gobierno de Alberto Fernández ha retrocedido una y otra vez ante la presión de la derecha neoliberal, arrepintiéndose y desdiciéndose de cualquier medida que pudiera ser tenida en cuenta como mínima o lejanamente progresiva. Fue el caso de la expropiación de Vicentín, del proyecto de despenalización del aborto y de otras medidas, incluso menores, como el anuncio de una “renta universal” (que de universal tenía poco) que fue desmentido por el gobierno en los últimos días. Lo mismo sucedió con el impuesto a la riqueza, proyecto al que el propio Fernández se cuidó como de la peste de mostrar apoyo público, limitándose en sus apariciones mediáticas a decir que el proyecto sería elaborado por los legisladores y habría que evaluarlo.
Este proyecto de ley, que terminó siendo no más que humo, fue reflotado los legisladores del Frente de Todos en la última semana, anunciando que en los próximos días se avanzaría en negociaciones con el sector del peronismo federal (los legisladores que responden a los gobernadores peronistas) para conseguir la sanción en el mes de septiembre. Como todas las medidas “progresivas” anunciadas por el fernandismo, el nuevo proyecto, denominado “aporte solidario”, viene con trampa. Veámoslo punto por punto.
En primer lugar, de conseguirse la sanción (que parece lo más probable, ya que el oficialismo sólo necesita conseguir el apoyo de 12 legisladores del PJ para llegar a los 129 necesarios) habrán pasado ya 6 meses del lejano 20 de marzo en que comenzara la cuarentena. Pasado este lapso de tiempo, ya cientos de miles y millones de trabajadores han recibido sobre sus espaldas todo el peso de la crisis económica desatada por la pandemia. En primer lugar, los 9 millones de desempleados, precarizados y monotributistas que reciben la mezquina IFE, 10.000 pesos cada mes y media que no alcanzar para mantener a nadie por sobre la línea de pobreza. Además, la falta de inversión real en salud ya está mostrando sus resultados, con cada vez menos camas de terapia restantes en los hospitales y clínicas, miles de trabajadores de la salud contagiados y un sistema de salud que de conjunto empieza a dar las primeras señales de agotamiento y desborde
Más allá del factor temporal, las dimensiones del proyecto son claramente insuficientes para cambiar sustancialmente la situación económica y sanitaria que atraviesan los trabajadores y la población del país en general. Primero que nada, se trata de un “tributo” por única vez, y no de un impuesto, que implicaría un aporte constante sostenido en el tiempo.
En segundo lugar, es un “aporte” que afecta únicamente a las personas físicas, no a las empresas y firmas, que agrupan montos de dinero generalmente mucho mayores a aquellos concentrados por los patrimonios individuales de 200 millones de pesos o más. Es decir que todo empresario que posea 1, 10, 100 o 199 millones de pesos queda fuera del aporte como si de pequeños ahorristas se tratara.
Además hay que tener en cuenta que la mayoría de los millonarios argentinos depositan sus fortunas en cuentas offshore fuera del país para evadir impuestos, ese dinero sigue sin poder ser tocado. Ni hablar de las multinacionales cuyos dueños radican sus fortunas en sus países de origen aunque sea producida en Argentina.
Tercero: sólo se tendrán en cuenta aquellas personas físicas que poseyeran dicha suma a fecha de diciembre del año pasado, una clara maniobra para beneficiar a los sectores que vienen aprovechando la pandemia para amasar fortunas. Es el caso, por ejemplo, de empresas oligopólicas como La Serenísima y muchas otras del rubro alimenticio, que hicieron números récord al comenzar la cuarentena (y que recibieron además la ayuda del Estado con el negrero subsidio ATP).
Cuarto: la tasa del impuesto es ridículamente baja. No sólo por la muy magra suma de entre 2 y 3,5% si se la piensa para fortunas de más de 200 millones, sino por su actualización supuestamente progresiva, pero que implica que las fortunas de 200 millones pagarán el 2% y únicamente aquellas mayores a 3000 millones de pesos pagarán la tasa de 3,5%, lo cual significa que, para fortunas 15 veces mayores al nivel inicial de los 200 millones, la tasa del aporte sólo subirá un 75%. El gobierno se cuida de no afectar realmente el patrimonio del empresariado, pero especialmente el de los sectores más concentrados del mismo.
Por último, veamos el destino que tendrán los fondos recaudados. El 20% irá a las pymes, el 15% a asistencia social en los barrios populares, el 20% a las becas Progresar, el 25% a la inversión en producción de gas natural a través del Enarsa, y tan sólo el 20% irá a la compra de equipamiento de insumos sanitarios. ¡El fernandismo destinará lo mismo a los “pequeños” empresarios de las Pymes (que no son kiosqueros y almaceneros sino un gran porcentaje de los patrones del país, y uno de los sectores más negreros y precarizadores de la industria) que a la inversión en salud, en momentos donde el contagio alcanza el mayor nivel desde el comienzo de la pandemia y los hospitales empiezan a desbordarse!
Se trata de un verdadero escándalo: el gobierno fernandista aplicó la cuarentena con el discurso de “ganar tiempo para abastecer los hospitales”, cosa que no hizo, los hospitales siguen sin insumos básicos igual que al principio del año y el desfinanciamiento crónico de la salud pública sigue intacto. Pero además, en los momentos de mayor contagio, no sólo abre la cuarentena y obliga a millones de trabajadores a hacinarse en el transporte público y los lugares de trabajo no esenciales, arriesgándose a contagiarse, sino que sigue destinando millones de pesos y dólares a cubrir las necesidades de los empresarios y los bonistas, y ni un peso para la salud pública y buscar salidas de fondo a la crisis económica que asola a los trabajadores del país.
Para cambiar la situación de los trabajadores del país no alcanza con medidas tibias, con palabras y gestos progresistas pero que encierran medidas liberales; hace falta afectar realmente las ganancias capitalistas: destinar presupuesto para insumos sanitarios y para garantizar salarios dignos para el personal de la salud, así como cerrar todo sector no esencial de la economía garantizando el salario de sus trabajadores, todo pagado del bolsillo de los capitalistas.
