A casi tres años de su llegada al Gobierno, Javier Milei busca presentar su gestión como una historia de “éxito” económico. La desaceleración de la inflación y el superávit fiscal son exhibidos como trofeos. Pero detrás de las cifras que celebra la Casa Rosada hay otra realidad: salarios que no recuperan lo perdido, jubilaciones que se hunden, consumo que se desploma, endeudamiento de las familias y una economía cada vez más difícil de sostener para las y los trabajadores.

Milei enfrentó la inflación mediante una brutal licuación de los ingresos y un ajuste que golpeó especialmente a trabajadores, jubilados y sectores populares.

Y allí aparece uno de los grandes fracasos del modelo: la estabilización se hizo sobre los ingresos populares. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que, a junio de 2026, los salarios registrados acumulaban una pérdida real del 8,2% respecto de noviembre de 2023. En el sector público nacional, la caída era todavía mayor.

La famosa “libertad” que proclama Milei tiene así un límite muy concreto: la libertad para llegar a fin de mes.

Menos consumo, menos mercado interno y más precariedad

Los números del consumo muestran con claridad qué ocurre cuando los ingresos de las familias pierden capacidad de compra.

La encuesta de supermercados del Indec registra una caída del consumo durante la gestión libertaria. La serie tendencia-ciclo pasó de 84,4 puntos en enero de 2024 a 82,2 en junio de 2026.

La retracción tampoco se limita a los supermercados. Según Scentia, el consumo masivo se encuentra muy por debajo de los niveles de diciembre de 2023, mientras que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas también sufrieron una fuerte contracción.

Esto no es solamente una estadística económica, es la familia que compra menos carne, el trabajador que posterga la compra de ropa, es quien deja de salir a comer o el que arregla el electrodoméstico en lugar de reemplazarlo. También se puede mencionar las familias que usan sus tarjetas de crédito  para llegar a fin de mes.

La motosierra también golpea a los jubilados

Uno de los ejemplos más brutales de la política de ajuste aparece entre quienes trabajaron durante décadas y hoy dependen de una jubilación.

El bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Si el monto de este bono hubiera acompañado la evolución de la movilidad jubilatoria debería ubicarse actualmente por encima de los $220.000. La diferencia representa una pérdida mensual enorme para quienes cobran los haberes más bajos.

El Gobierno presenta el equilibrio fiscal como una virtud en sí misma. Pero la pregunta que debería hacerse es otra: ¿Equilibrio para quién?

Porque un Estado puede cerrar sus cuentas mientras una persona mayor tiene que elegir entre comprar medicamentos o comer. Eso no es eficiencia. Es una decisión política. El endeudamiento reemplaza al salario. Cuando el ingreso no alcanza, aparece el crédito. Y cuando el crédito se transforma en la única forma de sostener el consumo cotidiano, aparece la deuda.

La morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5% en noviembre de 2024 al 13% en julio de 2026, el nivel más alto desde 2001. En las billeteras virtuales, el indicador llegó al 33,9%. Es la otra cara de la supuesta recuperación.

No se consume porque haya prosperidad. Se consume, muchas veces, porque se financia el consumo con deuda. El crédito puede esconder durante un tiempo la caída del salario, pero no la elimina. Apenas posterga el problema y agrega intereses.

La crueldad no es un exceso: es el método

Milei reivindicó públicamente una concepción política que incluso incorpora la palabra “crueldad” como parte de su identidad ideológica. En septiembre, el propio Presidente defendió a los liberales frente a quienes los califican de “desalmados”, “no empáticos” y “crueles”.

No se trata simplemente de una cuestión discursiva. La crueldad aparece cuando el ajuste se convierte en una virtud y el sufrimiento social es presentado como el precio inevitable de la transformación.

Milei ajusta y reprime a los jubilados, al pueblo trabajador le pide paciencia, no cumple la Ley de Financiamiento Universitario, a las provincias les recorta recursos y les da plata a los gobernadores que les garantizan gobernabilidad y votos en el Congreso, persigue a los movimientos sociales y ajusta a los hospitales públicos, la lista es larga y es claro que el ataque es generalizado a los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, el Gobierno garantiza las condiciones para que los grandes grupos económicos puedan hacer negocios en una economía con salarios deprimidos y un Estado cada vez más reducido en sus funciones sociales.

El problema no es solamente cuánto ajusta el Estado. El problema es quién paga ese ajuste.

Una estabilidad que no alcanza para vivir

El Gobierno puede mostrar superávit fiscal. Puede exhibir una inflación mucho menor que la de finales de 2023. Puede mostrar algunos indicadores financieros positivos.

Pero ningún gobierno debería ser evaluado únicamente por sus números macroeconómicos. La pregunta central es qué ocurre con la vida de la mayoría de personas trabajadoras.

Y a 1000 días, los datos muestran una economía en la que el salario privado registrado todavía permanece por debajo de noviembre de 2023, el consumo masivo sigue deprimido, la morosidad se disparó y la producción industrial continúa enfrentando dificultades.

La famosa “estabilización” tiene entonces una característica central: estabilizó algunas variables mientras profundizó la incertidumbre cotidiana de millones.

El país que Milei quiere construir

Los 1000 días de Milei permiten observar con mayor claridad el proyecto detrás de la motosierra. No se trata simplemente de reducir el gasto público. Se trata de transformar la relación entre el Estado, los trabajadores y los grandes capitales.

Un Estado que se desentiende de los asuntos generales y no invierte en salud, educación, vivienda ni asistencia social. Un mercado laboral más precarizado. Salarios precarizados. Jubilaciones deterioradas. Menor consumo popular. Mayor dependencia del crédito. Y un enorme esfuerzo por garantizar que el ajuste sea aceptado como si no existiera ninguna alternativa.

Pero sí existe. Frente a un modelo que coloca las necesidades del mercado por encima de las necesidades sociales, la salida no puede ser administrar mejor la miseria. La salida tiene que ser con medidas anticapitalistas, con una profunda redistribución de la riqueza, con un modelo que no quede bajo la tutela del FMI y que permita que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los grandes empresarios, eliminación urgente del impuesto al consumo popular (IVA) o que se triplique el presupuesto para salud y educación, entre otras medidas que tengan como prioridad las necesidades de los de abajo (ver un Manifiesto anticapitalista para la Argentina).

Porque mientras Milei celebra sus 1000 días hablando de resultados, millones de trabajadores hacen otra cuenta: cuánto cuesta llenar la heladera, cuánto queda después de pagar el alquiler y cuánto falta para llegar a fin de mes.

Y esa cuenta también es un balance de gobierno.