El movimiento de masas le asestó un duro golpe a Javier Milei en uno de sus proyectos de ley más importantes para el segundo semestre del año, y coronó con una enorme movilización una de las peores semanas del 2026 para el gobierno. Las relaciones de fuerzas han vuelto a marcar el pulso de la política mediante la presión social, y la movilización cumplió un rol clave para cristalizar los traspiés del gobierno y transformar el malestar social acumulado en un desahogo popular. En ese marco, crece la preocupación de un sector de la burguesía económica y política en relación a la solvencia del “modelo mileísta”. Editorialistas del diario La Nación refirieron esta semana a un “quiebre de expectativas” en relación a Milei (Jacquelin) y a que “el Gobierno parece un gobierno agotado” (Pagni).

Visto de conjunto, se trata de un gobierno cuyos intentos contrarreformistas de la estructura social y económica del país encuentran serios límites para consagrarse, y que abre preguntas entre la propia burguesía local y los inversores internacionales sobre la viabilidad de su “modelo económico” cuyo mayor enemigo se encuentra en la sociedad civil y la izquierda.

En la ruta en la que Milei dice no bajar nunca la velocidad no sólo hay curvas auto-infringidas, sino también riesgos de choque contra una sociedad que empezó a perder la paciencia.

En este marco, la intervención política en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley y la jornada en Plaza Congreso, deja enseñanzas y tareas para construir una fuerza anticapitalista que impulse una alternativa anticapitalista

Mojones de la peor semana de Milei

El proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” terminó ajado y en crisis por la presión social que se había llevado puesto el capítulo de venta de Tierras el miércoles previo a la sesión, y por la movilización multitudinaria del jueves en la Plaza  Congreso y los principales centros políticos del país, que terminó por hacer caer además la “Ley de Manejo de fuego”.

El aberrante proyecto de “Ley contra la inviolabilidad de la propiedad privada”, un paquete de 5 leyes, que quedó reducido a 2.  Un pésimo balance respecto de una de las principales iniciativas políticas del gobierno para el segundo semestre del año.

Quedaron fuera de tratamiento las leyes de “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”  que atacaba las villas y barrios populares, el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” caída en desgracia sin poder siquiera ser tratada, y  el “Sistema Federal de Manejo del Fuego” que mantenía la restricción de 30 a 60 años según el caso para bosques nativos y reservas forestales, pero intentaba reducir drásticamente el bloqueo de la venta de tierras arrasadas en los casos de bosques implantados, áreas protegidas y humedales (!).

Finalmente sólo quedaron en pié la modificación de la ley de “Expropiaciones” por parte del Estado,  y “Desalojos express” que no sólo reduce plazos sino que amplía la acción a inquilinos por falta de pago, dos leyes sumamente reaccionarias que deberán ratificarse en Diputados.

Un costo enorme para el gobierno de conjunto, y para algunos de sus principales alfiles entre los que se encuentran Federico Sturzenegger, artífice del proyecto, y Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado.

Estas modificaciones de leyes propuestas por el oficialismo están íntimamente ligadas al proyecto Super RIGI que también deberá ser tratado en el Senado, y que es parte de las ofensivas político económicas del gobierno para lo que queda del año. Recordemos que el Super RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) tiene por objetivo transformar a zonas enteras del país en un negocio para la empresas de Inteligencia Artificial, data centers, semiconductores, baterías de litio y paneles solares. Emprendimientos que requieren de condiciones climáticas específicas (en el caso de las “granjas de datos” de climas fríos y grandes cantidades de agua como existen en la Patagonia) y/ o de grandes extensiones de tierra.  Así, esta otra iniciativa estructural del “modelo de Milei” queda fuertemente condicionada frente a la mirada de inversores extranjeros.

El efecto vigorizante de la jornada histórica del jueves 6, devolvió la sensación colectiva que al gobierno se le puede parar la mano con la movilización, luego de semanas de una coyuntura absorbida desde la superestructura y las discusiones palaciegas, con el retorno de las relaciones de fuerza vivas y su expresión en las calles. La coyuntura, ahora descongelada, se vuelve a componer por la plaza además del palacio, y le da al malestar social, agravado por la situación económica y social y la larga lista de traspiés del gobierno en la última semana, un tinte políticamente desequilibrante.

Lo compensan al gobierno el apoyo del FMI con la reciente visita de Kristalina Georgieva, además del rol de contención evidente que juega el peronismo, la CGT que contrapuso la movilización a la peregrinación a Plaza de Mayo, y la visita del Papa León XIV para noviembre que, más allá del relato sobre la “justicia social” que pueda desplegar, aporta un efecto estabilizador y de unidad nacional.

Pero aún así, la novedad es que el clima de malestar social acumulado a lo largo de los últimos meses, tuvo esta semana un canal de expresión con la movilización y cristalizó en un resultado favorable para las mayorías sociales que excede al proyecto de ley como tal, y se vive como una parada de mano al gobierno.

Se suma a esta semana para el olvido oficialista el paro masivo de docentes y estatales a nivel nacional, que desbordó el capítulo de la sancionada contrarreforma laboral que establece un mínimo de asistencia del 75% en instituciones educativas y demostró por la vía práctica que las leyes puden ser desafiadas por la lucha de clases, más allá de las sanciones del parlamento. El paro de los prácticos (capitanes ultra especializados en mover barcos de carga en ríos, canales y zonas complejas) atacados por un decreto desregulador impulsado Sturzenegger, y que le impuso al gobierno un retroceso luego de pérdidas millonarias en tan solo dos días. La crisis sanitaria vinculada a la ANMAT por las muertes por Fentanilo contaminado que terminó con la directora del organismo designada por decreto presidencial presa. Y la crisis bilateral con Brasil luego de las reiteradas acusaciones de Javier Milei a Lula Da Silva, que abre un brecha con el principal socio comercial de Argentina en el mundo.

Todo lo cual no significa que el gobierno nacional haya perdido vocación antisocial ni que discontinúe su ofensiva ultracapitalista y reaccionaria. Pero deja una lección renovada por la experiencia viva: las relaciones de fuerzas presentes en la sociedad siguen siendo el mayor acervo contra la extrema derecha, y ha logrado pasar por encima del intento anestésico peronista del “no se puede”.

El clima social ha ido levantando temperatura en las últimas semanas. Las encuestas en relación al rumbo del gobierno señalan que un 70% de la sociedad rechaza el camino tomado por el gobierno, y que la percepción del malestar económico ya no se asocia a los gobiernos pasados sino al oficialismo actual. Ese clima social choca de frente con un gobierno que eleva la propiedad privada y las leyes de la economía capitalista a un rango de dominio absoluto sobre la sociedad y una fantasía distópica, en la que las necesidades sociales y lo público valen cero. Difícil hazaña frente a una sociedad cuyo entretejido solidario y extra institucional se explican en parte importante por la asociación de sectores de la sociedad civil masivos que construyen relaciones que desbordan las leyes de la mercancía, y le han impuesto a la burguesía local y al propio Estado a los largo de varias décadas y conquistas por la vía de la organización y la lucha, mediaciones que limitan las leyes crudas de la economía capitalista y abren un enorme espacio para la existencia de “lo público”.

Este choque de planetas que tuvo expresión parcial en la movilización masiva del jueves al Congreso, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, podría recrudecer bajo el acicate permanente de un gobierno con profesión provocadora. Ejemplo de esto es el desprecio que hicieron explícitos tanto Javier Milei como “Toto” Caputo por las y los trabajadores que tienen deudas financieras, y en particular con quienes han entrado en mora por falta de pago. Según la Central de Deudores del Banco Central cerca de 21 millones de personas tiene algún tipo de deuda financiera, de los cuales casi 6 millones registraban deuda con más de 90 días de atraso, un síntoma evidente del desastre económico del país y su impacto salarial. A esta veintena de millones de personas y en particular a esos 6 millones que no pueden pagar sus deudas, Milei les dijo que “Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse» ante la pregunta de un periodista de su gusto.

Sumemos a esto la acusación de “terroristas” contra estudiantes, docentes e investigadores, por parte del presidente de un gobierno que incumple la ley de financiamiento universitario. Otra mala para la extrema derecha: esta semana quedó firme la cautelar que obliga al gobierno a cumplir con los fondos previstos por la esa Ley, y que muestra nuevamente que, más allá de las mediaciones de la justicia y el intento de traición por parte del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y las burocracias de los sindicatos, de federaciones y centros de estudiantes, la movilización masiva de mayo tuvo efecto en la defensa de la Universidad Pública.

Por otra parte, también crece el malestar entre un sector capitalista industrial y siguen en alza las alarmas entre los editorialistas de los principales medios burgueses. Son más de 26 mil las empresas que han cerrado bajo este gobierno, y crecen los reclamos contra las importaciones, ante lo cual Caputo hizo referencia días atrás contra “los tarados que hablan de la industria” y reivindicó el proyecto de modelo basado en el crecimiento económico del extractivismo, el agro, la energía (vinculada a vaca muerta)  y el sector financiero, que deja afuera.

Síntomas también de los diferendos entre la burguesía local (ligada a la industria, la construcción y el comercio) que caminan junto al gobierno cuando se trata de atacar a los derechos de los trabajadores, pero crujen frente al perfil del modelo económico de Milei. Y que irradia “hacia abajo” en el marco que estas industrias mayormente urbanas ocupan junto con los servicios al 86% de las y los trabajadores del país, contra un 14% de empleo generado por la economía que prioriza el oficialismo.

La pelea política y las tareas de los anticapitalistas

La Ley de Tierras en particular había ganado estatus político para el conjunto de la sociedad por el partido mundialista de Argentina contra Inglaterra del 15 de julio. El evento deportivo fue desbordado por la apreciación política de la sociedad que lo vivió como una revancha anti imperialista ligada a la ocupación de Malvinas. Un triunfo futbolístico que el gobierno no pudo capitalizar por su impronta pro imperialista, el fanatismo confeso de Milei por Margaret Thatcher, y por un festejo masivo en la calle propio de la alegría colectiva opuesto al individualismo mileísta. El intento de tratar en el Senado al día siguiente el paquete de leyes con la propuesta de eliminar toda restricción y tope a la compra de tierras rurales por capitalistas extranjeros encendió las alarmas sociales. La sesión tuvo que ser postergada hasta el 6 de agosto.

Fue un mes entero en el que el proyecto de venta de tierras fue creciendo en politización ligada a la pérdida de soberanía, y ganando rechazo social en un clima de reivindicación de los derechos nacionales.

Y junto con esto una disputa por el sentido de la pelea por los derechos nacionales (que como tales son derechos progresivos de todas las nacionalidades oprimidas) desde el nacionalismo, que es de unidad nacional, es decir coloca bajo la misma bandera nacional y la dirección de la burguesía al conjunto del país, a la vez que reafirma la separación reaccionaria  entre las y los trabajadores por nacionalidades y les infunde el prejuicio contra el otro. Desde el antiimperialismo oportunista con el PTS como vanguardia, pero seguida por la mayoría del FITu, con una política que aborda el problema nacional sin disputar un sentido de clase para su resolución, lo cual los coloca en frente político con los partidos de la burguesía y en última instancia de la burguesía local, que como socia menor de los imperialismos es incapaz de resolver las reivindicaciones nacionales. Y el antiimperialismo anticapitalista como nuestro caso, que toma los problemas nacionales desde un ángulo de clase y socialista, y disputa la conciencia de las mayorías sociales en que el antiimperialismo sólo puede ser consecuente en la medida que cuestiona no sólo al imperialismo sino también al capitalismo y sus representantes. Temas que cobran enorme importancia y actualidad bajo el intento de un nuevo reparto del mundo por parte de las principales potencias mundiales y el intento de reanimar la doctrina Monroe por parte de Donald Trump, y que hemos desarrollado con más profundidad aquí.

El gobierno intentó subirse a la ola nacionalista explotando los prejucios antiimigrantes con la propuesta que los extranjeros paguen la educación y la salud. Y sumó días atrás un decreto prácticamente inaplicable y fundamentalmente de propaganda extremo derechista, para restringir el acceso o permanencia en el país a quienes insulten o agravien a Argentina.  Desde otro ángulo, pero en oposición a la ley de tierras en particular, se expresó también la vicepresidenta “videlista” Victoria Villarruel.

A la ola nacionalista se sumó el conjunto del peronismo con una maniobra: intentaron reducir la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada al exclusivo punto de Ley de Tierras, y facilitar el tratamiento de el resto de los proyectos. La Cámpora eligió en particular como consignas políticas: “La patria no se vende, ni se quema” y “Las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también”. A la rastra del peronismo, sin delimitación, y bajo el supuesto manto anti imperialista el PTS publicó a través de Del Caño la consigna “Nuestras tierras no se venden ni se queman”, y en afiches con “Las Malvinas son argentinas, el resto de nuestro territorio también, No a la Ley de extranjerización de la tierra”. Tanto en el contenido de las consignas, prácticamente igual en las formas, sin delimitación anticapitalista, y con la omisión evidente del resto de la Ley, el partido de Myryam Bregman actuó en frente político con La Cámpora y el peronismo. Casi un mes atrás, uno de sus principales dirigentes, Raúl Godoy posteaba en redes tras el partido contra Inglaterra una foto abrazado a Bregman, con una bandera de argentina de fondo, la camiseta de la selección, y las cara pintada de celeste y blanco. Una política opuesta a la recomendada por Lenin sobre “la obligación indiscutible para todo marxista de defender la democracia más resuelta y más consecuente en todos los aspectos del problema nacional (a la vez que) el proletariado no puede apoyar el nacionalismo más allá de ese límite, pues más allá empieza la actividad “positiva” de la burguesía en su empeño por consolidar el nacionalismo” (Notas críticas sobre el problema nacional, 1913, Lenin).

Por el contrario, el Nuevo MAS ingresó a la disputa política frente a los partidos políticos capitalistas, con un ángulo antiimperialista consecuente, es decir anticapitalista, denunciando el contenido capitalista de que todo se puede vender y comprar,  y sin echar sombra sobre el paquete de leyes aberrantes. Bajo las consignas de “No a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Nuestras tierras valen más que sus ganancias. Expropiación de las grandes propiedades bajo control de las y los trabajadores” nuestro partido junto con el ¡Ya Basta! y el SiTraRepa estuvieron a la vanguardia de la resistencia contra la represión policial y fue el último partido en retirarse una vez más.

La coyuntura se ha puesto nuevamente en movimiento, y es posible que la agenda del gobierno de Milei siga aumentando la presión social con posibles jornadas frente al intento de aprobar la esquilmada Ley en Diputados, y otras medidas, mientras la el deterioro salarial y de las condiciones de vida exasperan la paciencia.

Ante esto, es imprescindible impulsar la organización junto al Nuevo MAS, y el llamado al FITU a unificar al conjunto de la izquierda y construir una canal político y de organización para enfrentar al gobierno de Milei, frente a la crisis del peronismo sin programa. Un llamado para el que nos hacemos eco del reclamo de miles de simpatizantes.

Junto con esto, el ¡Ya Basta! tiene por delante su segundo plenario nacional, que puede contribuir a dar impulso al movimiento estudiantil en la lucha por la aplicación del presupuesto universitario, y para que miles de jóvenes ingresen a la construcción de una alternativa anticapitalista frente a los problemas del país agravados bajo el gobierno de extrema derecha. ¡Manos a la obra!