“Durante cien años la política nos vendió el cuento de que para tener una economía pujante del desarrollo industrial debía darse pisoteando los sectores dinámicos y exportadores, en especial al campo. Promediando la mitad del siglo pasado la industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado y eso generó una relación de tutela viciosa que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que, para proteger a la industria, se le robó al campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Esta es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que padecemos desde hace tantas décadas”.

Javier Milei frente a la UIA, septiembre de 2024 en argentina.gob.ar

El paso de las palabras a los hechos a lo largo de estos dos años de gobierno de Milei, y en particular los efectos de la apertura de las importaciones y la búsqueda de acuerdos con EEUU y la Unión Europea, han abierto un debate entre sectores de la burguesía, académicos, periodistas y sectores del establishment. Si la burguesía se ordenó alrededor de Milei en un frente único contra las y los trabajadores, que se expresa en el apoyo a la contrarreforma laboral (más allá de algunos reclamos), contra la inflación y contra el déficit fiscal -frente único que mantienen en la aspiración mutua de reventar las conquistas de las mayorías sociales-, el gobierno va más allá y causa disgusto fundamentalmente en los sectores industriales.

Hay una acumulación de medidas políticas y económicas que ya no son vistas como problemas puntuales, sino como un conjunto de indicadores que prefiguran un intento de reestructuración de la sociedad argentina, de su vínculo económico con el mundo y de una degradación del Estado.

En relación al Estado y su rol, ya se venían expresando reclamos en lo que hace a la inversión en rutas, puertos, o incluso educación y la Universidad pública, pilares estructurales del tejido productivo y de la calificación y formación de los trabajadores. Esta cumulo de preocupaciones no ha generado una división en la burguesía ni sus fracciones de clase en su acompañamiento a Milei, pero sí fricciones y malestar que podrían agravarse con el correr de los hechos y del tiempo.

El reciente choque entre Paolo Rocca, dueño de Techint que produce caños sin costura para gasoductos, y Milei que lo calificó de “Don chatarrín” y lo acusó de vivir del Estado, es un ejemplo de lo anterior. Una licitación para proveer a Vaca Muerta de estos caños en la que Techint perdió la competencia con Welspun (multinacional India) ha encendido el debate en relación a qué lugar ocupa la industria en el “plan” de Milei. Rocca había alertado recientemente la imposibilidad de la industria local de competir con China y otros países con alto desarrollo industrial y tecnológico con fuertes subsidios estatales, sin algún tipo de política estatal de protección aduanera, es decir algún tipo de impuestos que haga más costosa la importación que la compra de los bienes producidos en el propio país. Una preocupación evidentemente relacionada con intereses capitalistas individuales de los empresarios locales, pero que también expresan una defensa de la industria local ante un gobierno cuyo “aperturismo no inteligente” (Rocca dixit) beneficia a las potencias imperialistas y ponen en peligro el tejido industrial.

En el mismo sentido habló Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria: “El Gobierno desarrolla una política antiindustrial en forma muy agresiva que golpea sobre todos los sectores sin excepción. Esta situación no afecta solamente a la indumentaria, sino también al sector automotriz, con especial impacto en Córdoba; a los sectores metalúrgicos, del juguete y a los laboratorios (…) Su plan parece básico: exportar petróleo, gas, minerales y que el campo esté presente para llenarse de dólares hacia el año 2030. Creen que sobrarán dólares de las exportaciones de commodities y que el resto de los sectores no importan. Eso es muy viejo, son ideas muy viejas”. Palabras de un empresario que reconoce que él y el 80% de los capitalistas industriales votaron por Milei.

Por otro lado, sectores de la burguesía local exportadora -el caso de los sectores vinculados al agro, al petróleo o la energía-, permanecen en silencio respecto del “aperturismo” del gobierno, pero que por el contrario alertan por el abandono del Estado a la inversión en caminos y medios necesarios para transportar las mercancías hacia los puertos. Son sectores que se benefician de la explotación de los recursos naturales y de las riquezas de la tierra que genera una renta diferencial en comparación con países cuyas tierras menos productivas, ricas, o fértiles, y que producen fundamentalmente para el mercado externo. Sectores que se vienen beneficiando con el gobierno de Milei, tanto con la baja de retenciones, como con el RIGI, e incluso con la apertura de importaciones lo cual abarata los costos para la extracción de los recursos. Esto mismo ocurrió con el caso de la licitación para Vaca Muerta donde el consorcio de empresas que explotan los pozos petroleros, entre los cuales se encuentran el empresario local Bulgheroni (Panamerican Energy) o incluso Midlin (Pampa Energía) además de YPF, se mantuvieron al margen de la discusión, ante el beneficio de pagar un precio menor que el que ofrecía Techint.

En una editorial reciente decíamos que el proyecto de contrarreforma laboral, en su contenido profundo, esboza una forma de relación laboral que se corresponde con un modelo económico agroexportador, extractivista, de producción de servicios energéticos, y un paraíso para los capitales financieros. Es decir, de reprimarización de la economía para lo cual las conquistas de los trabajadores logradas en el periodo de relativa industrialización, conocido como industrialización por sustitución de importaciones, sobran.

En el mismo sentido cabe la pregunta: ¿qué Estado se desprende del pretendido modelo de país agroexportador y extractivista de Milei?

Es conocido que la economía de Argentina nació vinculada al mercado mundial mediante la exportación de productos agropecuarios, y que desde el inicio el vinculo entre los terratenientes y el imperialismo fue siempre estrecho. Sin ir más lejos, parte importante de los aspectos estructurales del desarrollo de transporte para los bienes como vías férreas y trenes, de puertos, se llevaron adelante con fuerte presencia de capitales imperialistas -fundamentalmente ingleses- que financiaron al Estado para el desarrollo de las obras hechas por empresas del mismo origen. Un vínculo estrecho en que el país exportaba materia prima e importaba parte importante de los bienes industriales que se necesitaban. Esta tendencia de economía primaria a un desarrollo relativo de la industria comenzó a cambiar con la Primera Guerra Mundial y se afianzó con la crisis del 29.

A diferencia del clásico desarrollo capitalista (de la ciudad al campo), el capitalismo se desarrolla en Argentina del campo a la ciudad. Pero al llegar tarde al desarrollo de la industria, la capacidad competitiva con otros países industrializados es menor, y requiere protección estatal para poder producir para el mercado interno y abastecer las necesidades de la población sin morir en la competencia. Este paso se da tanto con barreras aduaneras, como con un traspaso de las riquezas producidas por el agro hacia la industria mediante el subsidio del Estado. Traspaso que requiere el cobro de impuestos o retenciones al agro, y su redistribución en forma de subsidios para abaratar los costos que significan para la industria local comprar máquinas y bienes necesarios para la producción.

El modelo de intervención estatal del kirchnerismo empezó a mostrar signos de agotamiento con el rechazo del sector agroexportador al intento de aumentar las retenciones, y con la caída internacional del precio de las commodities. Un modelo que tributaba a mantener (sin desarrollar) cierto grado de funcionamiento de la industria local, y por la vía del subsidio a los costos de los servicios entre otros, cierto nivel de vida para la población urbana trabajadora.

Es bien conocido que dicha orientación hacia garantizar algunas condiciones elementales de vida entre los trabajadores fue una conquista de la rebelión popular del 2001, ante la cual el kirchnerismo tuvo que ceder para contener. Pero como la competencia entre economías no desaparece por arte de magia, esa desigualdad de productividad entre la industria semidesarrollada y las industrias desarrolladas, se expresaron en el país por la vía de una inflación que fue creciendo hasta culminar con el gobierno de Alberto Fernández con más del 200% de inflación anual.

Ese tipo de Estado intervencionista fue ampliamente rechazado por la burguesía tanto industrial como agraria, más allá de los enormes negocios que hicieron bajo el kirchnerismo. Pero el hecho es que el “modelo de Estado” de Milei, sin inversión en infraestructura, sin mecanismos de protección hacia la industria local, sin inversión en ciencia y tecnología, ni en educación, tampoco parece contentar a un sector del establishment.

Si en lo esencial el Estado es una “junta que administra los negocios comunes de la burguesía” (Marx) y que además monopoliza los instrumentos de represión para proteger la propiedad privada, también cumple un rol que garantiza cierto piso de condiciones para el desarrollo mínimamente coherente de la sociedad capitalista. Sin su intervención, por ejemplo, no existirían en el caso de los países atrasados ni industrias ni ciudades. Toma también a su cargo obras que no significan de interés económico para los empresarios, como obras sanitarias o viales que no tienen beneficio económico directo o inmediato. Desde este punto de vista cumple un rol fundamental. Rol que el Estado de Milei ha abandonado completamente. Un ejemplo concreto de esto es el descontrol de los incendios en Chubut y otras zonas de la Patagonia, donde la desinversión en recursos para la prevención ha tenido un costo enorme en recursos y biodiversidad. O el intento de desconocer la Ley de Emergencia a las discapacidades, que tuvo que ser reglamentada por el gobierno a su pesar, por la enorme lucha llevada adelante por la comunidad, en un triunfo de enorme valor que muestra los límites de este gobierno.

Así, el retiro del Estado bajo la lógica “anarco capitalista” de Milei, que va desde la desinversión en obras públicas hasta la no redistribución de riquezas del campo a la ciudad, amenazan con convertir al país de una república a una “republiqueta”.

Intervenciones que sí le gustan a Milei

La intervención del gobierno en el INDEC cobra el mismo sentido. El gobierno decidió prohibir las nuevas metodologías con las que el organismo intentaba actualizar la medición del índice de precios al consumidor con el que se mide la inflación.  Brevemente, esta medición se logra ponderando el peso que tienen los productos que se consumen en la sociedad. En la actualidad el índice de qué consume la sociedad argentina y que peso tiene cada producto esta basado en una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) que corresponde al 2004.

Es evidente que los hábitos de consumo han cambiado enormemente en 22 años, y que el peso de cada producto ha variado. Por ejemplo, con el IPC que se desprende de la ENGH del 2004 se toman como gastos el consumo de CDs, DVDs, alquiler de películas, teléfono fijo, entre otros consumos que hoy pertenecen al pasado.  Y que por lo tanto arrojan en la actualidad resultados cercanos a 0 dando un índice de precios distorsionado con respecto a los nuevos hábitos de consumo.

Por el contrario, gastos que en la actualidad ocupan un mayor peso, como servicios de internet, gas, luz o alquiler, que han aumentado tanto en precio como en el peso que tienen en relación a otros gastos, o incluso otros que directamente no se miden como plataformas online, aparecen diluidos en el calculo de precios o directamente no aparecen. Marco Lavagna quien acaba de renunciar a la dirección que ocupó desde el gobierno de Alberto Fernández a la actualidad, iba a aplicar una actualización de la metodología basándose en la ENGH del 2017-2018 que refleja patrones de consumo más actuales. El rechazo del gobierno a aplicar la nueva metodología de medición de la inflación o evolución de precios tiene que ver con evitar que el gasto en servicios y alquileres, entre otros, se reflejen con un peso más realista, menos distorsionado y arroje un aumento mayor. Más cuando acaban de anunciar que los servicios este año aumentarán por encima de la inflación.

Esta maniobra intervencionista para mantener el relato falso de que la inflación baja, generó malestar en amplios sectores que reclaman instrumentos serios de medición de la evolución de la economía. Si es evidente que para los trabajadores es importante que la información refleje la realidad de los precios para pelear por su salario, también lo es para sectores capitalistas, que buscan parámetros de medición confiables para llevar adelante sus negocios.  Esto mismo le reclamaron al kirchnerismo cuando Guillermo Moreno intervino el INDEC para falsear los datos de la inflación.

El 11 a las calles contra la reforma laboral

El próximo miércoles se tratará el intento de contrarrevolución laboral. Por estas horas, el gobierno parece inclinarse a no negociar mayores cambios en el texto original, que ha sido cuestionado por los gobernadores que se verían afectados por la eliminación del impuesto a las ganancias empresarias que es coparticipable, y por sectores empresariales que cuestionan diversos aspectos.

Por su parte la CGT sigue completamente borrada, al igual que el peronismo que intenta ganarse nuevamente la simpatía del empresariado facilitando que la ley pase, para lo cual es clave desmovilizar.

Desde el Nuevo MAS hemos participado en distintas convocatorias para impulsar una movilización común con los sectores independientes bajo la consigna de exigencia a la CGT de paro y plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei. Ha destacado en todo el proceso de debate la guerra de guerrillas entre las fuerzas del FITU, en una nueva muestra que nada los une, salvo el interés de rotar alguna banca. Una ubicación mezquina que contrasta con la enorme pelea que tenemos por delante. Hacemos un llamado a las fuerzas que integran a deponer el aparatismo y poner por delante la lucha común contra la reforma esclavista.

Por nuestra parte movilizaremos con todas nuestras fuerzas, y acompañaremos al SiTraRepA que ha sido un verdadero protagonista en la denuncia de la contrarreforma de Milei. Convocamos asistir masivamente el miércoles 11 a la Plaza Congreso, para derrotar el proyecto de Milei e infringirle una derrota en las calles.