La inestabilidad es el signo de la etapa. Todos los elementos de la situación nacional e internacional están en pleno movimiento. Los equilibrios se construyen momentáneamente, para resquebrajarse luego. Entre el viejo mundo que no termina de perecer, y el nuevo que no se termina de configurar, todo está un poco en juego permanentemente. Y (para seguir con la archicitado aunque profundo aforismo de Gramsci) aparecen los claroscuros, los matices, la variedad de tonos y colores.
Y también aparecen los monstruos. La extrema derecha tiene la iniciativa y trata de condicionar el cuadro de conjunto. Pero la resistencia que genera produce constantemente cambios de frente, oscilaciones y reacomodamientos. Y muchas indefiniciones.
La inestabilidad proviene de una economía mundial que, pasadas casi dos décadas de la caída de Lehman Brothers y el crack financiero, nunca se recuperó; y de una torta que no alcanza para todos los comensales (principalmente Estados Unidos, China y Rusia). A los dilemas económicos y geopolíticos, hay que sumar las indefiniciones propiamente políticas: antes que finalice el año habrá elecciones en Estados Unidos y Brasil, el imperialismo aún dominante y el país más importante de América Latina ¿Donde quedará el péndulo político?
En este contexto emerge la lucha de clases como factor reactivo a un capitalismo voraz que quiere terminar con los derechos y las conquistas de los de abajo, aun con todos los elementos de atraso subjetivo: el problema de las direcciones tradicionales y una falta de alternativa socialista que pueda proyectar un nuevo orden social (aunque hay muy progresivos elementos de anticapitalismo en las nuevas generaciones).
Argentina es un barquito en esta tormenta mundial. Los elementos que hacen a la situación internacional impactan en el país mediados por las características de su estructura económico social, de su régimen político, de su tradición de lucha y sus conquistas. El experimento de la extrema derecha mileísta choca brutalmente con todos estos elementos; y a veces gana, a veces pierde, a veces empata, pero el resultado final no está definido. De esos chispazos surgen coyunturas endemoniadas, cambiantes, inestables y nunca definitivas. Obligan a ajustar las definiciones constantemente y encontrar los puntos de equilibrio de manera cotidiana. La coyuntura es un blanco móvil que hay que perseguir para atraparlo.
En este marco, esta semana se volvieron a producir dos hechos que golpean al gobierno: la renuncia de Adorni y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que da lugar a la cautelar para la aplicación de dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
En lo que sigue veremos pesos y contrapesos de estos hechos, en un momento social atravesado por el Mundial de fútbol, y en el que la superestructura política se prepara para un largo año electoral. ¿Será tan sencillo?
Dos batallas perdidas
A lo largo de los últimos meses el gobierno se enfrascó en dos grandes batallas: por el sostenimiento de Adorni ante gravísimos hechos de enriquecimiento, y contra la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. De ambos salió magullado.
El conflicto por Adorni ocupó gran parte de lo que va del año. Se instaló apenas días después de la votación de la reforma laboral, y sobredeterminó los avatares del gobierno hasta el sábado pasado. La figura de Adorni logró concentrar la bronca social contra un gobierno deshumanizado. Su renuncia se festejó (merecidamente) más que un triunfo en el Mundial.
Este desenlace se explica por dos elementos: “Duró todo el tiempo que Javier Milei tardó en asumir que sostener a su jefe de Gabinete no era la muestra de autoridad que suponía sino un lastre que podía desatar una crisis institucional con repercusiones potencialmente nefastas en los mercados” (Martín Rodriguez Yebra, 28/6, La Nación). En un texto anterior, adelantamos que no se había abierto aún una crisis política. Frente a la inminencia de la misma, de la imposibilidad de no lograr hacer funcionar al Congreso, el gobierno quedó entre la espada y la pared. Milei se mantuvo firme, hasta que el propio régimen (que lo sostuvo, lo acompañó y lo dejó hacer) le dijo basta. En los casi 4 meses transcurridos, el gobierno se descapitalizó: rifó la narrativa anticasta y hundió la moral como política de Estado. Perdió. Fin.
El conflicto con la Universidad es mucho más serio: es la principal batalla contra una de las vacas sagradas de la sociedad argentina. Es una pelea que comenzó en abril del 2024, recién asumido el gobierno, y que aún no tiene visos de resolución. Por el contrario, si el acuerdo traidor firmado entre los rectores, los sindicatos y el gobierno pretendía cerrarlo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia obliga a que se apliquen dos ítems: la actualización salarial para docentes y nodocentes (son 28 puntos de diferencia con el arreglo de hace solo 20 días atrás) y el aumento de las becas estudiantiles (factor que había quedado por fuera del anterior acuerdo). Por la propia mecánica institucional, este fallo debe ser ratificado en primera instancia, y luego hay eventualmente nuevas instancias de apelación. Pero más allá del intríngulis institucional, lo cierto es que el fallo avala lo que 4 marchas educativas (de las más importantes en las últimas décadas) ya habían sentenciado: hay que aplicar el presupuesto para la Universidad y la ciencia, y “golpea al gobierno directamente en el corazón de su otra bandera política clave: la política macroeconómica” (Laura Vázquez, 30/6, La Nación). La pregunta clave es: ¿acatará?
El gobierno debe retomar el control de la agenda partiendo de un piso inferior al de principios de año: si el affaire Adorni lo esmeriló políticamente, el conflicto con la universidad es una potencial granada que podría detonarse durante el segundo cuatrimestre.
Los checks and balances
Frente a esto hay varios contrapesos. En primer lugar, que el momento político se procesa demasiado en “las alturas” de la vida política e institucional. La coyuntura aparece como “aspirada” por la superestructura, y los elementos progresivos de la situación (por ejemplo, la causa universitaria) están mediados por factores institucionales. En esto colabora de manera vital la contención del peronismo y las centrales sindicales: mientras la situación social y económica horada permanentemente la vida cotidiana, mientras se producen despidos (como en SIAT- Tenaris) o se imponen regímenes laborales esclavistas como en Volkswagen, las burocracias trabajan a conciencia para que no pase nada. La primera parte del año estuvo cruzada por grandes movilizaciones (24M, Marcha Educativa, 3J, etc), y no quieren ese escenario en lo que resta.
Estos límites de la situación argentina no son una excepción, sino parte de un cuadro internacional igualmente contradictorio. Si por un lado Trump fue derrotado en Irán, lo cierto es que al procesarse por la vía del régimen de los ayatolás (que venían de cometer una masacre de decenas de miles de manifestantes a principios de año) las salidas progresivas quedaron obturadas. Es una derrota del imperialismo yanqui, pero en un marco reaccionario que pone límites a su potencial emancipador. En América Latina, los triunfos de de la Espriella y Keiko Fujimori inclinan el fiel de la balanza hacia la derecha; mientras en Bolivia Rodrigo Paz logró sostenerse en el gobierno, decretó estados de excepción, pactó con la COB (Central Obrera Boliviana) -una abierta traición al proceso de movilización popular- y se aprestaba a terminar de desarmar los piquetes que llevan más de 60 días.
En definitiva, los reveses sufridos por Milei expresan un desgaste político real, pero todavía contenido por un entramado institucional y por la acción de las direcciones tradicionales, que continúan canalizando el descontento dentro de los márgenes del régimen. Del mismo modo, el escenario internacional sigue marcado por fuertes contradicciones: las dificultades del imperialismo conviven con la ausencia de desenlaces progresivos capaces de abrir una perspectiva favorable para los trabajadores y los sectores populares.
Previsiones inciertas
En este marco, las previsiones no son sencillas. A priori, la renuncia de Adorni posee dos caras: la del desgaste del gobierno por un lado; pero también -con la asunción de Santilli- la de la posibilidad de relanzarse, retomar la agenda y recobrar centralidad. El gobierno piensa y empieza a actuar para la reelección en 2027 (con argucias electorales del tipo colectoras para sus aliados en las provincias). Desde ese punto de vista, plantea dos iniciativas. Por un lado, la reforma política, que tal y como fue presentada en el Senado a principios de año es una ley de supresión de los partidos políticos. De momento no está claro que tenga la musculatura suficiente para eso, y que finalmente derive en la eliminación y/o suspensión de las PASO (lo cual sería progresivo). Por otro lado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central apunta a una medida en el terreno en el que el gobierno se siente más cómodo, pero con el trasfondo de impedir el financiamiento al Tesoro.
Mientras tanto, los espacios políticos están deshojando la margarita y definiendo la fisonomía con la que encaren 2027: en cada cuadrante de la vida política, hay internas por resolver. El gobierno aspira a quedarse con todo el espacio del centro hacia la derecha, pero no está claro si eso incluye al PRO, y fundamentalmente a Macri. La asunción de Santilli suma expectativas y suspicacias, en particular en los deseos de la burguesía, que aspira a un gobierno más normal, o por lo menos más “normalizado”.
El peronismo atraviesa quizás la crisis más profunda de las últimas décadas: mientras esperan capitalizar electoralmente el descontento con Milei, no han resuelto un programa de gobierno, y más bien viven una guerra fratricida entre el kicillofismo y el kirchnerismo, que incluso amenaza no presentarse a elecciones si Cristina sigue presa.
En nota aparte tratamos el tema de la izquierda, que se encuentra ante la posibilidad histórica de unirse para ser un factor de organización política para millones y ocupar un nuevo lugar electoral, pero seriamente limitada por la crisis del FITU que ha reafirmado su carácter de cooperativa electoral, su interna destructiva, y de momento la exclusión del Nuevo MAS.
Contradictoriamente, para las elecciones falta más de un año, mientras la situación socio-económica se hace dramática: el conflicto universitario no resuelto, una nueva tanda de despidos, la pretensión del gobierno de rediscutir alrededor de 500 convenios colectivos por la reforma laboral, la carestía de vida (que incluso llevó a dos paros masivos de la docencia bonaerense contra Kicillof). El camino hasta octubre del 2027 no parece una autopista, sino un campo minado.
En estas condiciones, nuestra organización, luego de llevar adelante una serie de exitosos y masivos Plenarios del ¡Ya Basta!, se apresta a realizar una Convención Nacional el próximo 10 y 11 de julio en el Teatro Picadero para discutir los desafíos que plantea la situación internacional y nacional, la unidad de la izquierda y la construcción del Nuevo MAS.




