El pasado día lunes se votó en la Asamblea Departamental de UEPC una aceptación a la quinta propuesta salarial del gobernador Llaryora. Se trató de un hecho muy relevante por la inmensidad y duración del conflicto, y las características represivas de la jornada.
La cúpula de la UEPC, con Roberto Cristalli a la cabeza, había adelantado su aceptación a la cuarta propuesta del gobierno provincial. Pero esa convicción se derrumbó tras el rechazo a la propuesta en las asambleas escolares y departamentales de toda la provincia. La propuesta contenía sumas no remunerativas y luego un aumento del 2% mensual hasta enero de 2027. Cuando esa propuesta llegó a las escuelas no se dudó en rechazarla por insuficiente. Se parte de un piso salarial muy bajo y con una inflación cada vez más alta, con cada vez más sobrecarga laboral y contrarreformas educativas.
El viernes 17 el rechazo fue contundente en 12 de los 26 departamentos, los más grandes y con más activismo. Esos mandatos marcaban que había un amplio margen para que el lunes en la Asamblea Departamental se rechace la propuesta. 79 de los 131 delegados departamentales debían llevar el rechazo a la votación.
Pero entre, gallos y medianoche, el gobierno envió una quinta propuesta para que sea debatida el lunes. A diferencia de lo que se hizo con las propuestas anteriores, la conducción de UEPC decidió definir la votación en la instancia de la Departamental provincial sin consultar a las escuelas.
La propuesta votada incluye además de las sumas no remunerativas una actualización por IPC hasta enero 2027 y una leve mejora en las jubilaciones (hasta la cuarta propuesta la mejora era de $30.000 y la quinta propuesta ofrece $50.000).
Para hacer votar su propuesta por la fuerza, el gobierno militarizó policía provincial e infantería la sede de UEPC donde se llevaba adelante la asamblea. También infiltraron policías de civil. La situación fue un escándalo propio de otro tipo de regímenes políticos, como la dictadura. Era obvio que la votación iba a ser antidemocrática, a espaldas de las escuelas.
A las 11:30 de la mañana, un grupo de delegados de la oposición intentaba llegar a la asamblea para emitir su voto y tuvo que hacer frente a la policía que no les habilitaba el paso, a pesar de presentar la acreditación, y la represión recrudeció. Tras el intento de pasar por la vereda, la policía disparó gases lacrimógenos a los delegados que se encontraban tras las vallas y los empujó, ocasionando golpes y lesiones. Se llevaron detenido a un delegado departamental, que permaneció en una comisaría hasta las 18hs. Adentro, la asamblea con la mayoría oficialista (lista celeste) decidió sesionar igual.
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La aprobación de la propuesta llegó tras horas de maniobras y mentiras. Se comunicó inmediatamente a los medios y la dirección provincial y el gobierno de Llaryora festejaron, aunque amargamente, porque este conflicto mostró el avance en la conciencia y la organización de la docencia en toda la provincia. Rápidamente circuló entre los decentes el rechazo a la traición de la conducción sindical.
Cada peso arrancado al gobierno de Llaryora es fruto de la lucha
Fue una lucha consecuente que se desarrolló a lo largo de 50 días, con paros de hasta 48hs, movilizaciones, enfrentamientos con la policía, asambleas escolares y zonales, cortes de ruta, acciones y plenarios provinciales. Fue la bronca organizada de la docencia la que consiguió la mejora salarial. Además, se instaló en las escuelas la consigna “Fuera Cristalli”, una demanda que surge desde las bases y que ahora se plantea como una tarea para la docencia.
El gobierno paga un precio muy caro. La dirección del sindicato también. A pesar de que los docentes de Córdoba no han convergido masivamente con otros sectores en lucha, sí pusieron en evidencia las políticas antieducativas de Llaryora y Milei.
La bronca docente se sostiene a pesar que la paritaria se cerró. Desde el punto de vista de la consciencia y la organización, ganaron los docentes.
