El diputado radical por Formosa Ricardo Buryaile presentó un proyecto de resolución a la Cámara de Diputados en el que pide un Juicio Político contra Alberto Fernández por «mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones».

El comunicado del Gobierno Nac. sobre la causa #vialidad es una severa violación a la división de Poderes y la Constitución.
Estas conductas constituyen un ataque sistemático al P. Judicial.
Por eso, junto a otros diputados solicitamos el #JuicioPolítico al Presidente @alferdez. pic.twitter.com/yI8MHaQrAn

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) August 23, 2022

Según Buryaile, el apoyo de Fernández a CFK configura «una grave violación de la división de poderes» y de «la República». El borrador presentado por el diputado formoseño fue respaldado por los parlamentarios Mario Negri, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Banfi, Pablo Torello, Karina Bachey, Héctor Stefani, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Zapata, Ximena García, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Francisco Monti.

Alberto Fernández había publicado anoche, a través del twitter de la Casa Rosada, un comunicado en el que respaldaba a la ex presidenta. «El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegado final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad».

El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad.https://t.co/FIRREQ0BVa pic.twitter.com/4BiWLcNiYI

— Casa Rosada (@CasaRosada) August 22, 2022

Horas antes, el fiscal Diego Luciani había pedido una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos contra la dirigente peronista.

El pedido de Luciani fue repudiado por diversas organizaciones políticas. La dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, rechazó el pedido «por considerarlo un hecho de persecución política».

No tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo y del macrismo, amparados desde el Estado y/o facilitados por las relaciones con el mismo. Sin embargo, la justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación a unos respecto de otros.

— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) August 22, 2022

Un teatro de «impeachment» para largar la campaña electoral

La propuesta de Juicio Político impulsada por este sector de la oposición derechista recuerda a procesos como el «impeachment» impulsado en Brasil contra Dilma Roussef. En el fondo, lo que está en juego no es la corrupción de uno u otro dirigente. Si así fuera, el 90% de la dirigencia política argentina debería estar siendo investigada en estos mismos momentos. Lo que intenta la oposición es avanzar posiciones políticas de cara a las elecciones del año que viene.

Aún no está claro qué tan «en serio» juegan los diputados de Juntos. Para avanzar con un «impeachment» deberían contar con un apoyo mayoritario en el Congreso, algo que parece bastante lejano. En todo caso, queda claro que el pedido de Juicio Político y el intento de proscribir a CFK son parte de una misma táctica. La idea es instalar la polarización Juntos vs. FdT en el camino hacia 2023. Una escenificación que le da un amplio margen para hacer política a la oposición. Al mismo tiempo, obliga al kirchnerismo a abandonar el silencio político que venía manteniendo desde la salida de Guzmán.

Lo que queda por fuera de esta polarización escenificada es la realidad que viven millones de argentinos todos los días: la crisis social y económica que el «superministro» Massa no ha cerrado.