Crisis social

Diez cuadras de angustia por un salario de miseria: la desesperación por conseguir trabajo en la Argentina de Milei

La convocatoria para cubrir apenas cinco puestos de trabajo en Moreno reunió a cientos de personas que hicieron una fila de aproximadamente diez cuadras. Algunos aspirantes pasaron la noche en el lugar para entregar sus currículums. La escena expone la dimensión de una crisis social en la que conseguir un empleo se vuelve una carrera de obstáculos, mientras millones de trabajadores enfrentan salarios insuficientes, informalidad y pérdida de derechos.

La convocatoria para cubrir cinco vacantes laborales en Moreno se convirtió en una postal de la desesperación por conseguir trabajo. Cientos de personas se acercaron con la expectativa de obtener una oportunidad en un mercado laboral que ofrece cada vez más dificultades para quienes necesitan ingresos para sobrevivir.

Detrás de esa fila hay historias diferentes, atravesadas por una misma urgencia: conseguir ingresos para sostener la vida. Personas que llevan meses buscando trabajo, trabajadores cuyos salarios no alcanzan para llegar a fin de mes y familias que deben afrontar el costo de los alimentos, el alquiler y los servicios con recursos cada vez más limitados.

La imagen es brutal: cientos de personas compiten por un puñado de puestos mientras la necesidad de trabajar se vuelve cada vez más apremiante. En una sociedad donde los ingresos dependen de vender la propia fuerza de trabajo, quedarse sin empleo puede significar perder la posibilidad de pagar el alquiler, comprar alimentos o sostener a una familia.

Pero la escena también revela otra dimensión del problema. No alcanza con conseguir un trabajo: para millones de personas, tener una ocupación no garantiza dejar atrás la pobreza. Los salarios insuficientes, la informalidad y la inestabilidad laboral hacen que incluso quienes trabajan deban enfrentar cotidianamente la incertidumbre económica.

La fila de Moreno no es solamente una convocatoria que desbordó las expectativas. Es una expresión concreta de las dificultades que atraviesa una parte de la clase trabajadora para acceder a un empleo y, todavía más, para conseguir que ese trabajo permita vivir dignamente.

Desocupación e informalidad: los números de la crisis

Los datos oficiales permiten dimensionar el problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el registro más elevado de la gestión de Javier Milei hasta ese momento. El indicador corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

La desocupación, sin embargo, es apenas una parte del panorama. La calidad de los puestos disponibles, la inestabilidad de los ingresos y la falta de protección social completan un escenario en el que tener trabajo no siempre significa escapar de la pobreza.

La informalidad, los empleos temporarios y los salarios bajísimos colocan a millones de personas en una situación de vulnerabilidad. Para muchos trabajadores, aceptar condiciones desfavorables no es una elección libre, sino la consecuencia de necesitar ingresos de manera urgente.

La escasez de oportunidades también modifica la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cuando hay cientos de aspirantes para cubrir cinco vacantes, las empresas cuentan con una amplia cantidad de personas dispuestas a competir por un puesto. Esa situación puede debilitar la capacidad de negociación de quienes necesitan trabajar y aumentar la presión para aceptar salarios bajos o condiciones laborales desfavorables.

El desempleo funciona, además, como una amenaza para quienes ya tienen trabajo. El miedo a perder los ingresos puede dificultar los reclamos salariales, la organización colectiva y la resistencia frente a los abusos patronales. Así, la desocupación no golpea únicamente a quienes buscan empleo: también puede convertirse en un factor de disciplinamiento sobre el conjunto de la clase trabajadora.

Trabajar y seguir siendo pobre

La crisis laboral no puede analizarse por separado de las condiciones materiales de vida. Tener un empleo no siempre alcanza para salir de la pobreza, especialmente cuando los salarios pierden capacidad de compra y los gastos esenciales absorben una parte cada vez mayor de los ingresos.

Según el informe del INDEC correspondiente al primer semestre de 2026, el 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba bajo la línea de pobreza. En tanto, el 7,5% estaba en situación de indigencia. Los resultados fueron publicados el 24 de septiembre de 2026 por el INDEC.

Los datos muestran que millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus hogares. La pobreza alcanza a desocupados, trabajadores informales y personas que, aun teniendo una ocupación, no logran sostener condiciones de vida dignas.

Por eso, el problema no se resuelve con cualquier puesto de trabajo. Hace falta empleo estable, salarios que permitan vivir, jornadas laborales compatibles con la vida personal y derechos que no dependan de la voluntad de cada empleador.

La contradicción es evidente: mientras las empresas necesitan trabajadores para producir bienes y servicios, una parte de la población queda excluida del empleo o debe aceptar ocupaciones que no garantizan su subsistencia. El acceso al trabajo depende de las decisiones de inversión y de las necesidades de rentabilidad del capital, no de las necesidades sociales.

En ese marco, la promesa de que el crecimiento económico terminará beneficiando a todos choca con una realidad en la que millones de personas deben disputar las pocas oportunidades disponibles. La responsabilidad se desplaza sobre los individuos, como si la falta de empleo fuera consecuencia de no esforzarse lo suficiente y no de las condiciones estructurales de la economía.

El programa de ajuste del gobierno de Milei se inscribe en esta discusión. La reducción del gasto público, la desregulación económica y las transformaciones en las relaciones laborales forman parte de una orientación que coloca sobre las mayorías trabajadoras una parte sustancial de los costos de la reorganización económica.

Mientras el Gobierno presenta el ajuste como el camino hacia una economía más eficiente, las condiciones de vida de los trabajadores siguen atravesadas por la incertidumbre sobre los ingresos, el empleo y la posibilidad de proyectar el futuro.

Una crisis que atraviesa al capitalismo mundial

La precarización laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Forma parte de una tendencia internacional marcada por la persistencia de la informalidad, las desigualdades sociales y las dificultades para transformar el crecimiento económico en empleos de calidad.

En su informe Tendencias Sociales y del Empleo 2026, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que los avances hacia el trabajo decente se encuentran estancados pese a la resistencia de algunos indicadores económicos. La organización proyectó una tasa de desempleo mundial del 4,9% para 2026, equivalente a unos 186 millones de personas.

El mismo informe señaló que cerca de 300 millones de trabajadores continúan viviendo en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a tres dólares diarios, mientras que alrededor de 2.100 millones de personas tendrían empleos informales en 2026, con acceso limitado a la protección social, los derechos laborales y la seguridad en el empleo.

La OIT también alertó sobre las dificultades de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral, las desigualdades que afectan a las mujeres y los riesgos derivados de la inteligencia artificial y de la incertidumbre en las políticas comerciales. El panorama mundial demuestra que el problema no consiste únicamente en generar puestos de trabajo, sino también en las condiciones en las que millones de personas se ven obligadas a trabajar.

Estas tendencias se desarrollan en un escenario internacional atravesado por la reorganización de las cadenas productivas, las tensiones comerciales y la disputa entre las principales potencias por los mercados, los recursos estratégicos y el control tecnológico.

La competencia entre Estados Unidos, China y otros centros de poder económico repercute sobre las decisiones de inversión, la localización de las industrias y la organización internacional del trabajo. Las potencias buscan fortalecer sus posiciones económicas y estratégicas en un mundo atravesado por rivalidades crecientes, mientras las grandes empresas intentan preservar sus ganancias y ampliar sus mercados.

Los costos de esa reorganización no se distribuyen de manera igualitaria. Los despidos, la pérdida de ingresos, la inestabilidad laboral y el deterioro de las condiciones de vida recaen sobre millones de trabajadores, que quedan expuestos a las consecuencias de decisiones económicas tomadas en función de intereses empresariales y estratégicos.

La incertidumbre comercial también tiene consecuencias concretas sobre el empleo. La OIT advierte que las perturbaciones de las cadenas de suministro y la inestabilidad de las reglas del comercio internacional pueden afectar los salarios y las oportunidades laborales, especialmente en las regiones más expuestas a esas transformaciones.

En la Argentina, el programa económico de Milei se desarrolla en este escenario internacional, con un ajuste que golpea las condiciones de vida de las mayorías y una orientación que deposita en el mercado la resolución de problemas que afectan a millones de personas.

Las diez cuadras de Moreno condensan esa contradicción. No alcanza con presentar el desempleo como una dificultad individual ni con celebrar indicadores macroeconómicos sin preguntarse qué ocurre con quienes necesitan trabajar para sobrevivir.

La crisis capitalista mundial y la disputa entre las potencias abren un período de profundas transformaciones económicas y geopolíticas. Pero esa reorganización no tiene como prioridad garantizar empleos dignos, salarios suficientes o derechos para las mayorías trabajadoras: su lógica está atravesada por la competencia económica y la búsqueda de rentabilidad.

Frente a ese escenario, la salida no puede depender de que cada persona consiga imponerse individualmente en una competencia cada vez más desigual. La defensa del empleo, los salarios, los derechos laborales y las condiciones de vida requiere organización colectiva e independencia política frente a los gobiernos y los sectores empresarios que pretenden descargar el costo de la crisis sobre quienes viven de su trabajo.

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