Devaluación y quita de subsidios: el gobierno ya prepara el ajuste que exige el Fondo

A pesar de que el acuerdo no esté formalmente cerrado, el gobierno nacional ya comenzó a calibrar las variables económicas en sintonía con los ajustes que exige el Fondo Monetario.

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Aunque febrero comenzó con el anuncio de Alberto Fernández acerca del entendimiento llegado con el Fondo, el acuerdo todavía no está cerrado y las negociaciones continúan. Sin embargo, en la medida en que no está en discusión el ajuste sino sólo sus ritmos y dimensiones, el gobierno nacional ya se apresta a ajustar algunas de las principales variables económicas para cumplir con las políticas económicas que exige el FMI.

Si la «letra chica» todavía es motivo de negociación, el terreno económico necesario para aplicar el plan comienza a ser preparado por los funcionarios económicos del gobierno. Nada menos que en dos puntos clave: el tipo de cambio y los subsidios energéticos. Se trata de dos ítems fundamentales sobre los que versan las discusiones sobre el pretendido acuerdo.

En relación a la política cambiaria, porque juega el doble papel de licuar el déficit en pesos vía el cóctel devaluación-inflación, y buscar garantizar que el Estado acumule las reservas necesarias para pagar la deuda. La reducción de subsidios, por su parte, es parte del plan de ajuste al déficit fiscal, que fue básicamente la parte del acuerdo anunciada por Fernández. En ambos puntos el gobierno ya toma cartas en el asunto.

Se acelera la devaluación

Por el lado del dólar, el dato es que el BCRA comenzó febrero con un ritmo devaluatorio más rápido que el mes anterior. Lo que ya configura toda una tendencia: desde que pasaron las elecciones de noviembre, mes a mes la velocidad de la depreciación del peso viene en aumento.

En la primera semana de este mes, el Banco Central viene convalidando una devaluación del peso a un ritmo del 2,8% mensual. Esto representa un aumento con respecto a enero (2,2%) que a su vez fue superior a diciembre (1,7%).

Es de esperar que esta política continuará, lo que algunos analistas proyectan una devaluación acumulada de cerca del 40% para fin de año. Si esto se confirma, el porcentaje sería incluso bastante superior al 28% estipulado por Guzmán en el fallido Proyecto de Presupuesto 2022. Así como también superaría la ultra-optimista estimación de inflación de un 33% anual. Y esto si no hay un desbarajuste mayor de la economía que descontrole el tipo de cambio y la inflación, cosa que no está para nada descartado.

Lo cierto es que la entidad dirigida por Miguel Pesce parece querer ir empalmando la tasa de devaluación a la de inflación. Aunque con esto al gobierno le gustaría evitar un salto en el tipo de cambio, aun así no está para nada descartado que esto ocurra, sobre todo cuanto más inminente sea el cierre del acuerdo. El último pago al Fondo dejó al Banco Central con reservas aun más escasas de lo que ya eran, dejándolo casi indefenso frente a una eventual corrida.

El plan de quita de subsidios ya está en marcha

Mientras tanto, en las oficinas del Ministerio de Economía, las planillas de Excel ya comienzan a mostrar el ajuste que se pretende hacer puntualmente en lo concerniente al porcentaje que el Estado paga de las tarifas energéticas de los consumidores.

Aquí también el gobierno no necesita esperar los lentos tiempos de la política y las formalidades del acuerdo: prefiere ya tener el ajuste preparado de antemano. De hecho, los funcionarios a cargo de Guzmán ya tienen diseñado en gran parte el plan de reducción de subsidios para las tarifas de energía eléctrica, al menos para la región del AMBA. Luego vendrá también el turno de las tarifas de gas, más difíciles de «segmentar» (una palabra que este año estará muy de moda) debido a que su ente regulador (Enargas) es de jurisdicción nacional.

Más allá de las minucias técnicas y burocráticas de la cuestión, que el gobierno pretende que este año haya aumentos en las tarifas de los servicios públicos es un hecho. Aunque el oficialismo aun tiene diferencias internas acerca de cuanto debería ser el monto en el que se reduzcan los subsidios, una discusión en la que también participa el staff técnico del Fondo.

A Guzmán, más en línea con lo que pide el Fondo, le gustaría reducir los subsidios por el equivalente a nada menos que U$S 2600 millones, lo que significaría un verdadero tarifazo para los consumidores. No hay «segmentación» que valga para semejante recorte, que afectaría indefectiblemente también a la clase media y los trabajadores.

El kirchnerismo, más temeroso del mal humor social que podría desatar esto, pretende que los aumentos sean más moderados y graduales, sin cuestionar el ajuste de fondo. Ya hay antecedentes de chispazos entre el subsecretario de energía eléctrica, Federico Basualdo, y el Ministro de Economía. Guzmán quiso echar a Basualdo el año pasado, pero no lo dejaron.

Más allá de las candentes internas del gobierno, que aun resta saber cómo se resolverán en el marco de las negociaciones con el Fondo, lo cierto es que el acuerdo con el FMI supondrá que el porcentaje de participación de los subsidios energéticos en el PBI sufra una importante disminución en los próximos años. Si en 2021 los subsidios representaron un 2,4% del Producto, el Ministerio de Economía quiere que este año no superen el 1,7%. Este será sin dudas uno de los ítems que las «misiones trimestrales vinculantes» querrán monitorear. Por las dudas, y aunque aun no haya acuerdo firmado, el gobierno se apresta a hacer los deberes.

Mientras continúan las negociaciones entre el gobierno y el Fondo, el gobierno y la oposición, y el gobierno consigo mismo, todos estos actores acuerdan, sin embargo, en algo fundamental: el ajuste que querrán que pague la clase trabajadora. En la vereda de en frente, la izquierda vuelve a salir a las calles contra el FMI, un llamado al que comienzan a responder cada vez más sectores.

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