La catástrofe ambiental en Ohio producida por la explosión y descarrilamiento de un tren de carga que transportaba materiales altamente tóxicos ha dejado al desnudo las responsabilidades empresariales y gubernamentales del accidente.

Todo lo que hicieron los sucesivos gobiernos y las empresas del ferrocarril de carga en EE.UU. durante por lo menos la última década ha tenido un sólo objetivo: maximizar las ganancias en detrimento de la seguridad y los derechos de los trabajadores ferroviarios.

La concatenación de hechos es tan basta y a la vez tan evidente que hace falta remontarse incluso hasta el gobierno de Obama. Luego, la administración Trump tomaría más medidas para favorecer a las empresas, y hace poco Biden impulsó una ley contra los trabajadores ferroviarios. En todo ese tiempo, la empresa involucrada, Norfolk Southern, gastó millones de dólares en lobby para favorecer estas medidas de desregulación, mientras promovía recortes masivos de personal. Todo un coctel explosivo cuyas consecuencias se están viendo ahora con el grave accidente ocurrido en East Palestine, que termina siendo un alegato muy claro contra la lógica capitalista como tal.

Costos y beneficios

Hay que remontarse una década atrás cuando el gobierno Obama impulsó una serie de normas para mejorar la seguridad de los trenes de carga que transportaban materiales peligrosos. Como es usual en los gobiernos capitalistas, la iniciativa no vino por ninguna lógica previsora, sino como respuesta a una serie de accidentes relacionados a descarrilamientos que venían en aumento los últimos años. En 2013, en Quebec, Nueva Jersey, un descarrilamiento de características muy similares al de Ohio también filtró cloruro de vinilo al ambiente.

En respuesta, el gobierno de Obama propuso la obligatoriedad de los frenos neumáticos controlados electrónicamente (ECP, por sus siglas en inglés) para este tipo de trenes. Según los expertos, estos frenos reducen hasta un 60% los riesgos de descarrilamiento. A diferencia de los frenos de aire que tienen la mayoría de los trenes -una tecnología que viene del Siglo XIX- este nuevo mecanismo detiene todos los vagones simultáneamente, reduciendo considerablemente la cantidad de energía que tienen que absorber los vagones delanteros proveniente de la presión de los coches traseros. Los frenos de aire tradicionales frenan los vagones de uno en uno, de adelante hacia atrás, por lo que los riesgos de descarrilamiento frente a una detención de emergencia son muy altos.

Las grandes empresas ferroviarias de transporte de cargas agrupadas en la Asociación Americana de Ferrocarriles, un grupo de cabildeo que reúne a las siete empresas más importantes entre las que se encuentra Norfolk Southern, pusieron el grito en el cielo, argumentando que la obligatoriedad de este tipo de tecnología hacía que «los costos superaran sustancialmente a los beneficios». El gobierno de Obama respondió a sus quejas con celeridad. Mantuvo la obligatoriedad de los frenos ECP pero, a cambio, redujo considerablemente el criterio con el que se consideraba o no a un tren de carga como de «alto riesgo», que eran los que estaban obligados a instalar la nueva tecnología de frenado.

Ahora se consideraba de «alto riesgo» solamente a los trenes que transportaran petróleo crudo, quedando afuera de esa regulación los que trataban con químicos industriales como los que explotaron en Ohio hace dos semanas. Esta calificación nunca se cambió y, de hecho, el tren descarrilado en Ohio no calificaba como de «alto riesgo» para las autoridades.

Con la llegada de Trump, en 2017, las empresas embistieron más ferozmente contra las regulaciones. Después de todo, habían gastado millones de dólares bajo la forma de «donativos» a la campaña republicana. Sólo Norfolk Southern declaró donar $6 millones para la campaña de Trump.

El gobierno republicano eliminó entonces la obligatoriedad de los frenos ECP para los trenes de alto riesgo a fines de 2017, cumpliendo los deseos de las empresas. Un tiempo después, en 2018, una investigación de Associated Press descubrió que los cálculos técnicos sobre los cuales el departamento de transporte de Trump había justificado la medida estaban mal hechos, o falseados adrede. El organismo admitió el «error», pero la desregulación se mantuvo.

«Ferrocarril programado de precisión»

Los años pasaron, los demócratas volvieron al poder de la mano del ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, y la desregulación comenzada por el propio Obama y profundizada gravemente por Trump no se modificó bajo el actual gobierno.

En todos esos años, las empresas aprovecharon la complicidad gubernamental para maximizar sus ganancias en perjuicio de las medidas de seguridad y los derechos de los trabajadores.

Las siete compañías ferroviarias de carga más grandes de los EE. UU., incluida Norfolk Southern, gastaron $191 mil millones en recompra de acciones y dividendos a los accionistas entre 2011 y 2021. Una cantidad ridícula de dinero con la que, utilizando apenas una parte podría haberse invertido en medidas de seguridad y en mejor tecnología, como los frenos ECP.

En el mismo período de tiempo, estas empresas despidieron al 30% de su personal, como parte de un plan llamado «Ferrocarril programado de precisión», que es un eufemismo para hacer funcionar el sistema de transporte de cargas con la menor cantidad de personal posible y el aprovechamiento al extremo de las locomotoras, poniendo a andar sobre las vías trenes absurdamente largos y pesados. En 2021, los trenes de Norfolk Southern tuvieron una longitud promedio de 1,3 millas (2,09 km), o más sencillamente trenes de unos 100 vagones. El tren descarrilado en Ohio alcanzaba los 2,8 km de largo.

Desde la puesta en pie del plan de «Ferrocarril programado de precisión», los accidentes de trenes de carga vienen en aumento hace tres años consecutivos, según informó la propia empresa a sus accionistas.

Las compañías no sólo despidieron personal masivamente, sino que también limitaron el derecho a licencias pagas por enfermedad. Evidentemente, la reducción de personal y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajaron que quedan también repercuten negativamente en la seguridad.

Los sindicatos de trabajadores ferroviarios vienen denunciando esta situación cada vez más precaria. Ross Grooters, dirigente del Railroad Workers United, lo explicaba de esta manera en una entrevista al medio Democracy Now: «Hay empresas que están ganando cantidades obscenas de dinero, y lo están haciendo mediante la adopción de políticas operativas (hay todo un sistema para esto llamado ‘ferrocarriles programados de precisión’) que está diseñado para maximizar las ganancias. Y lo que eso significa es que estás reduciendo al mínimo la cantidad de personas que hacen el trabajo. Por lo tanto, tiene menos personas haciendo mucho más trabajo, más rápido. Tiene recortes generales en el mantenimiento de los vagones, en el mantenimiento de las locomotoras, en el mantenimiento de las vías. Esta es una infraestructura crítica. Y esas cosas las hacen, en muchos casos, cuadrillas mínimas o subcontratadas. Y luego tienes trenes cada vez más largos y pesados, como el que vimos aquí [en Ohio], donde estos trenes tienen una mayor propensión a descarrilar.»

En diciembre pasado, esta situación sumada al deterioro salarial producto de la inflación en EE.UU. llevó a los sindicatos ferroviarios a plantear una huelga a nivel nacional. La huelga había sido anunciada para el día 9 de diciembre y reclamaba no sólo una mejora salarial, sino el derecho a licencia remunerada por enfermedad.

Pero el presidente Biden intervino a favor de las empresas y firmó una ley que prohibía la huelga y obligaba a los sindicatos a acatar el acuerdo que proponían las cámaras empresarias, que no incluía el derecho a baja remunerada por motivos de salud. Los trabajadores también denunciaban cómo los sucesivos recortes de gastos estaban deteriorando las medidas elementales de seguridad, pero no fueron escuchados.

El accidente del tren en Ohio del pasado 3 de febrero ha reunido a toda una concatenación de actores, empresariales y gubernamentales, responsables de una catástrofe ambiental de la que todavía no se conoce con exactitud sus alcances. Lo que los reúne a todos ellos es la defensa de las ganancias capitalista, contra las condiciones de vida de los trabajadores y el medio ambiente. Un alegato contra la irracionalidad capitalista.