COMUNICADO DE PRENSA

Desalojo y represión a familias sin techo en Ushuaia

Exigimos al gobernador Gustavo Melella y a la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Adriana Chaperón, la urgente intervención para la liberación de los detenidos, así como la investigación y sanción del personal policial y civil que intervino en el operativo.

MULTISECTORIAL DE DERECHOS HUMANOS USHUAIA

Solidaridad con las familias desalojadas y repudio al accionar policial

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos Ushuaia y la Multisectorial de Derechos Humanos Río Grande nos solidarizamos con las familias violentamente desalojadas por parte de la Municipalidad de Ushuaia y el Gobierno provincial. Exigimos al gobernador Gustavo Melella y a la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Adriana Chaperón, la urgente intervención para la liberación de los detenidos, así como la investigación y sanción del personal policial y civil que intervino en el operativo.

También hacemos responsables por los daños físicos y materiales de estos procedimientos al intendente Walter Vuoto y a la Secretaria de Hábitat y ordenamiento territorial Lorena Sánchez.

Las imágenes de la «cuadrilla» municipal y la policía provincial actuando como patotas sobre las familias pobres, exponen una práctica a la que han recurrido todos los gobiernos con mayor o menor intensidad. La criminalización de las ocupaciones irregulares, los desalojos violentos sin el debido proceso legal y al amparo del Poder Judicial que encubre de manera cómplice a los distintos gobiernos, son parte de un procedimiento que se ha naturalizado y que se pretende debatir bajo los marcos del código penal.

La toma de tierras es más frecuente y extendida de lo que muestran las noticias. Frente a la estigmatización, los prejuicios y pedidos de represión, convive una práctica gubernamental basada en el privilegio de la propiedad privada en detrimento del derecho a la vivienda digna. La naturalización de ese privilegio hace que escandalice más la ocupación del suelo sin uso, que familias viviendo en la calle.

La continuidad represiva contra las familias que intentan resolver el acceso a la vivienda por fuera de los mecanismos oficiales, está montado sobre una lógica que pone por principio la defensa a ultranza de la propiedad capitalista. No se trata de una situación emergente: el acceso al hábitat es una de las grandes deudas sociales que en materia de Derechos Humanos tiene una dimensión global y que se agrava frente a cada ciclo de crisis.

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Distintos gobiernos han hecho del acceso y producción de suelo urbano un fabuloso negocio político e inmobiliario que aprovecha ese déficit en favor de intereses corporativos. Frente al problema estructuralmente irresuelto de la necesidad de vivienda, existe un mercado inmobiliario informal que se extiende en función del loteo ilegal privado, las urbanizaciones y asentamientos canalizados por punteros políticos y cooperativas afines a los gobiernos de turno.

En la ciudad de Ushuaia vivir en la informalidad no es gratis. La inercia de la burocracia del Estado, que es funcional a las iniciativas del mercado a costa de los Derechos Humanos, provoca grandes riesgos. La precariedad y falta de infraestructura básica conlleva problemas mayores que afectan no solo la salud y la dignidad de sus habitantes, sino que pone en riesgo sus vidas.

Las Multisectoriales de Derechos Humanos de Ushuaia y Río Grande hemos solicitado una reunión para abordar, entre otros temas, las denuncias por abuso policial. A más de un año de esa solicitud no hemos sido convocadas a pesar del compromiso del propio Melella quien nos recibió antes de asumir como gobernador y manifestó que la agenda de los Derechos Humanos iba a ser prioritaria en su gestión.

Reclamamos de manera urgente el cese de los operativos represivos y la violación de los Derechos Humanos por parte del Estado municipal y provincial.

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