Todo esto se agrava para la comunidad LGBTTI, ya que al no cumplir con las normas establecidas por el heteropatriarcado, la posibilidad de sufrir discriminación, abuso institucional o un crimen de odio son muy altos.

Históricamente refiriéndonos a las personas travestis-trans,  gran parte vive en una situación de total vulnerabilidad y precariedad. Muchxs, por situaciones de violencia y rechazo familiar e institucional, quedaron expulsadxs de la sociedad, ya que sistemáticamente se encuentran excluides de los sistemas de educación y  salud, como también del mercado laboral formal e informal. La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y la Fundación Huésped realizó un informe que da cuenta que más de 500 personas travestis-trans intentaron cometer suicidio, dejando en manifiesto no solo la ausencia de contención socio-familiar sino también de un Estado que jamás garantizó el acceso real a servicios gratuitos de salud mental, ni a espacios de socialización.

Este año organizaciones LGBTTI expresaron su gran preocupación ante el actual contexto y, específicamente, ante la situación en que se encuentra el movimiento LGBTTI. En Argentina, son miles las mujeres trans que se encuentran en una crisis habitacional y económica desde antes de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres, el 85% de ellas no pudo pagar un alquiler y el 57% se quedo sin ingresos económico. Si bien el Gobierno Nacional decidió que se suspenderían los desalojos de lxs inquilinxs por la falta de pago,  no tuvo en cuenta que la mayoría no posee ningún contrato, sometiéndolas a la crueldad y las amenazas de tener que volver a dormir en la calle por no poder pagar un alquiler.

Argentina se encuentra atravesando una crisis económica que cada vez se agudiza más, dejando al descubierto altos índices de pobreza y desocupación. Como consecuencia, mujeres y trans  se ven en la obligación de sobrevivir mediante la explotación sexual.  El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, expresó que todos los estudios hechos a la población travesti-trans indicaban que entre el 80% y el 90% está o estuvo sometido a la prostitución. Aun así, El gobierno de Alberto Fernández en conjunto con el Ministerio no fueron capaces de tomar medidas para que, al menos, no se profundicen las condiciones que garantizan la prostitución. El Estado no solo es garante y cómplice de las redes de trata y explotación sexual, si no que es el principal generador de condiciones para que se lleven a cabo, sacando provecho de la situación en la que mujeres y trans se encuentran.

Este Ministerio que se jacta de trabajar “por los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia”, no llevó adelante ningún proyecto concreto ante todas las problemáticas del movimiento LGBTTI que se vieron totalmente profundizadas por la pandemia. Pero si celebraba el decreto presidencial del Cupo Laboral travesti-trans, como si la misma fuera a solucionar de manera total el problema de este sector, que es la falta de trabajo genuino.

Si bien este es un gran triunfo de la lucha histórica que dio el movimiento, no podemos relajarnos, porque el Gobierno Nacional parece desconocer la situación actual del país, en donde les trabajadores reciben salarios por debajo de la línea de pobreza y otra mayoría se encuentra desocupadxs.  Por lo tanto, si no se están otorgando presupuestos para las áreas de los sectores que crean puestos de trabajo, si no se están tomando trabajadorxs, si los salarios se encuentran congelados, ¿Cuál es la transformación que generaría este decreto? Mientras se cede ante los grandes empresarios, las inmobiliarias y las fuerzas armadas, no se destina ni un peso para crear verdaderas condiciones en nuestras vidas.

¡Basta de homolesbotransodio!

Desde enero y hasta mediados de agosto, se contabilizaron más de 70 personas LGBTTI que fueron agredidas, asesinadas, o se encontraron abandonadas por parte del Estado; y esos números se incrementaron a medida que pasó el tiempo.  Los crímenes de odio registrados superaron los del año pasado teniendo en cuenta los problemas que trajo consigo la pandemia del Covid-19.

Un informe realizado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, dejó asentado que el 51% de los crímenes de odio son realizados por personas, el 49% son cometidos por el Estado y, dentro de ese porcentaje, un 13% es llevado a cabo específicamente por las Fuerzas de Seguridad. Hay un registro extenso de casos de violencia institucional que demuestra que por lo general el movimiento LGBTTI no se atreve a llevar adelante una denuncia por miedo a la violencia que ejerce el personal de seguridad. La policía, que hoy se encuentra muy bien presupuestada gracias a Alberto Fernández, salió a cazar a la comunidad, cientos de denuncias se concretaron a distintos juzgados por situaciones de gran violencia y crueldad.

En Córdoba, hace poco se vio reflejado el abandono y complicidad por parte de la Justicia, con el caso de Jonas Appendino, un varón trans que fue abusado sexualmente por Giulanno Palloti. La denuncia fue presentada en el 2012 y recién en Marzo del año pasado se dictaminó la sentencia por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje. De todas formas el abusador no estuvo detenido ya que su familia pagó 500 mil pesos de fianza para que así pueda seguir en libertad, mientras que su abogado, Marcelo Brito, hizo todo lo posible para que su detención no se lleve adelante. Una vez más podemos presenciar cómo familias poderosas e influyentes arreglan con  plata las protecciones de sus familiares que se encuentran involucrados en situaciones de violencia patriarcal.

Aun así, este año la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo anunció que la 29º movilización solo se iba realizar de manera virtual por el contexto mundial. Al parecer, casos como los de Jonas o las vidas perdidas del Movimiento LGBTTI no son suficientes para retomar las calles y comenzar a exigir que se tomen medidas reales desde el Gobierno que hasta hoy se mostró ausente. Las consignas que se levantaron por los sectores organizadores fueron: “Nos cuidamos entre todes, nos sostiene nuestra comunidad”, una consigna que oculta no solo todas las problemáticas que nos atraviesan, sino que también refleja un posicionamiento funcional hacia el Gobierno Nacional que tiene la responsabilidad de nuestro bienestar cotidiano pero que no fue capaz de destinar presupuesto para asegurarlo. Es peligroso que la comunidad se autoproclame como la que resuelve todos los problemas que nos atraviesan, nosotres no somos lxs responsables de la violencia y desigualdades que genera este sistema, además de que de esta manera se pierde de vista que el Estado es quien  debe garantizar, respetar y proteger nuestros derechos.

Por eso desde Las Rojas salimos a denunciar la responsabilidad del gobierno de Fernández, que con sus políticas casi inexistentes y el avasallamiento de los derechos de la clase trabajadora, profundizó las problemáticas para el Movimiento LGBTTI. La represión policial, los crímenes de odio, las pocas alternativas a un trabajo genuino, la falta de atención en los hospitales públicos, y el desfinanciamiento en la educación tienen que ser denunciados en las calles. Levantemos nuestras banderas de lucha y sigamos exigiendo Justicia por todas lxs compañeres asesinadxs, no podemos tolerar la impunidad ante los crímenes de odio. Exigimos medidas concretas y reales ante la homolesbotransfobia y el patriarcado.

Nuestra experiencia nos demostró lo necesaria que es la lucha en las calles en conjunto con el movimiento de Mujeres y  la clase trabajadora. La unidad del conjunto de lxs oprimidxs nos va a marcar el camino para conquistar todos nuestros reclamos.