Denuncian que el gobierno de Larreta accedió de manera ilegal a los datos biométricos de millones de personas

El gobierno porteño accedió a los datos biométricos de más de 7 millones de personas sin autorización judicial. ¿Otro caso de espionaje ilegal del PRO?

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Larreta espionaje

La justicia porteña ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial que funciona en la Ciudad de Buenos Aires luego de que se detectaran graves irregularidades en su uso. Existen pruebas que indican que el gobierno de Larreta accedió a los datos biométricos de más de 7 millones de personas sin una orden judicial que lo autorice. Otro posible caso de espionaje macrista.

El acceso a la información se dio a través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad porteño y el Registro Nacional de las Personas. El convenio, firmado en 2019 y todavía bajo el gobierno de Macri, establecía que el objetivo era cruzar los datos de las personas que aparecen en el CONARC, el registro de personas prófugas y buscadas por la justicia, que son apenas unas 41.000, para utilizarlos en el sistema de reconocimiento facial que funciona a través de las 9500 cámaras de seguridad que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, desde abril de 2019 hasta marzo de 2022, el gobierno de la Ciudad solicitó al RENAPER los datos de 7,5 millones de personas casi 10 millones de veces. Se trata prácticamente de la mitad de la población del AMBA. Advierten que semejante magnitud de datos podría haber estado siendo utilizada para tareas de vigilancia masiva e inteligencia, de manera ilegal.

Según la Ley que regula la utilización de sistemas de reconocimiento facial, éste «será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). Salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el CONARC».

La «trampa» que guardaría el texto del convenio firmado entre el GCBA y el RENAPER estaría en que la utilización de los datos, además de tener como fin la detención de personas buscadas por la justicia, también tendría como fin tareas de «prevención», sin especificar de qué o quiénes. Una generalidad que dejaba la puerta abierta a tareas de vigilancia y espionaje sin ninguna orden judicial que la ampare.

Suspensión y allanamientos

A raíz de la denuncia, el juez porteño Andrés Gallardo ordenó ayer suspender la utilización del sistema de reconocimiento facial. Además, mandó a allanar las oficinas del Centro de Monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires para realizar tareas de peritaje que permitan echar luz sobre la utilización de esta enorme cantidad de datos en manos del gobierno porteño.

Según información a la que accedió el portal El Destape, entre las más de 7 millones de personas de las que se solicitó la extracción de datos se encuentran numerosos funcionarios políticos y judiciales, empresarios, periodistas y dirigentes sindicales y sociales. La Ciudad solicitó los datos hasta del propio Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Kirchner, en numerosas oportunidades.

También se solicitaron extracciones de datos de dirigentes de Juntos por el Cambio, como Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Así como de varios diputados nacionales, como Nicolás del Caño, Facundo Manes o Ricardo López Murphy. También aparecen dirigentes sociales como Juan Grabois y el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Se solicitaron los datos biométricos del periodista Gustavo Silvestre, el dirigente de La Cámpora Andrés «Cuervo» Larroque, los fiscales federales Carlos Stornelli y Pablo Picardi, los sindicalistas Pablo Moyano y Julio Piumato. También los del Presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce y el Ministro del Interior, «Wado» de Pedro, entre muchos otros.

No sorprenden este tipo de prácticas viviendo del macrismo, una fuerza política que tiene largo prontuario en el espionaje ilegal. En diciembre pasado, Mauricio Macri fue procesado y se le prohibió salir del país por la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

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