Después de veinte años de la presentación del concurso de acreedores, finalmente la jueza Marta Cirulli dio por fracasados los intentos de salvataje de la empresa de sus deudas y la declaró en quiebra.

Sí, veinte años les dieron a los Macri para llegar a un acuerdo con los acreedores luego de llevar rápidamente a la quiebra a la empresa privatizada bajo el menemismo y otorgada a SocMa. Veinte años sin rendir cuentas por el vaciamiento.

La resolución que declara a la empresa en quiebra también prohíbe la salida del país de su junta directiva, debido a la posibilidad de que tengan que rendir cuentas a la justicia por sus maniobras financieras. También embargaron todas sus cuentas y activos, sin hacer esto extensivo a SocMa, el grupo que controla Correo Argentino. 

En agosto del año 1997, el menemismo se sancionó un decreto que otorgó la concesión del Correo al grupo Macri (Itron S.A., Sideco América S.A.) y el Banco Galicia. Tras la privatización en ese momento la admnistración de la empresa de servicios postales quedó en manos de Franco Macri.

El contrato estipulaba que la empresa debía pagar un canon de más de 100 millones de pesos anuales al Estado. SocMa, con esa honestidad que lo caracteriza, simplemente dejó de pagar, acumulando una deuda de cientos de millones de pesos (iguales a dólares por esos años).

Entre el 2003 y el 2017, esa deuda siguió ahí, sin que nadie insista mucho para que SocMa se haga cargo de sus pasivos con el Estado. Como es sabido, Macri (ya como presidente) intentó que la deuda de algo más de 250 millones de pesos/dólares fuera pagado, 15 años después, por lo que nominalmente debían… en pesos. El problema es que pasamos de un dólar igual a un peso, a un dólar igual a más de 17 pesos en esos momentos. Eso significa que el presidente hizo un humilde intento de que el emprendimiento familiar pagara una décimoséptima parte de lo que debe.

Por supuesto, a nadie se le podían pasar por alto todas estas maniobras fraudulentas y la cosa terminó llegando a las oficinas de la Justicia. Todavía aprovechándose de la impunidad del poder, el Poder Ejecutivo cerró en octubre del 2019, por el decreto 907, la investigación a la familia Macri por la causa de Correo Argentino por el monto de 70 mil millones de pesos. A través de la firma de Gabriela Michetti y Marcos Peña se dio por finalizada la investigación por la deuda que tiene el grupo SOCMA (del cual es dueño Franco Macri) con el Estado Nacional Argentino en el juicio abierto en 2003 por la evasión del pago del canon establecido entre la empresa y el gobierno.

Entre maniobras de escape de las consecuencias de sus fraudes, a SocMa se le dio prórroga tras prórroga de sus pagos. Entre una y otra, se daban negociaciones de los montos totales que tenían que pagar a sus acreedores (de los cuales también estaban los privados).

Una vez atrás de otra intentaron alcanzar quitas de deuda que llegaban hasta el 99%. ¿A alguien se le ocurre que nadie que no sea un empresario que se cree dueño del mundo pueda hacer semejante cosa con sus deudas?

Y a pesar de toda la impunidad, increíblemente descarada, con la que vaciaron una empresa, la arruinaron, despidieron a cientos de personas. dejaron un pasivo mil millonario… Macri todavía tiene la impresionante, desvergonada, absolutamente increíble desfachatez de hacerse la víctima: “El Gobierno busca venganza y tiene como objetivo a mis hijos”… “¿Por qué Zannini hace esto? Porque si aceptara que la deuda fuera pagada no podría pedir la quiebra. ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”.