El gobierno nacional ha autorizado el regreso a las clases presenciales en las Universidades e institutos superiores. Esta decisión se da en el marco de que la educación en su modalidad virtual tal como se llevó adelante todo este año de pandemia resultó en un fracaso en términos educativos, con miles y miles de estudiantes quedando afuera del elemental derecho a la educación y con docentes super explotados trabajando desde sus casas sin que se les garantice las herramientas necesarias para hacerlo.

Muy tempranamente, el gobierno suspendió las clases presenciales a mediados de marzo, pasando la educación a la virtualidad, pero sin tomar ninguna medida de emergencia en todo este tiempo para garantizar condiciones de conectividad para docentes y alumnos, como garantizar internet y repartir masivamente computadoras, que debería haber sido lo mínimo indispensable para asegurar al menos la continuidad educativa. La continuidad educativa fue sólo para los que podían pagarla, dejando a miles de estudiantes sin su derecho a la educación, una política de los gobiernos nacional y provinciales directamente expulsiva hacia las y los compañeros con condiciones económicas y sociales más difíciles. No hubo ninguna medida real para luchar contra la deserción, que este año se ha disparado.

En este marco, la vuelta a la presencialidad el año que viene se vuelve necesaria para que no se continúe dejando afuera a miles de estudiantes. Pero la medida del gobierno de autorizar el regreso a las aulas se da recién después de ya haber sido aprobado el presupuesto 2021, un presupuesto que está hecho a la medida del pago tanto de la deuda externa como al FMI y sus condicionamientos, y que para educación no contempla ninguna inversión que vaya en el sentido de garantizar condiciones de cursada seguras tanto para estudiantes como para docentes.

Hay que volver a las clases presenciales, pero de manera segura. Para eso, hace falta un plan de infraestructura para refaccionar y ampliar los edificios y las aulas, de modo que sea posible mantener el distanciamiento social, así como multiplicar la planta docente para poder cursar en grupos más pequeños y en las tres bandas horarias. Pero ninguna de estas medidas están presentes en el presupuesto para el año que viene, lo que hace que la autorización del gobierno no garantice que el fundamental derecho a la educación debe poder darse en condiciones donde también se garantice el derecho a la salud de toda la comunidad educativa. ¡Necesitamos plata para educación, no para la deuda externa y el FMI!

En lo referente específicamente a las cursadas, deben tomarse medidas que faciliten la continuidad educativa y contemplen las dificultades que tuvimos los estudiantes durante todo este año, eliminando o suspendiendo cualquier medida que tenga un carácter restrictivo. La primera y más fundamental es establecer el ingreso irrestricto a todas las universidades, eliminando los cursos o exámenes de ingreso que funcionan como un filtro que mantiene a la universidad como un nivel elitista, dejando afuera a miles de jóvenes que quieren estudiar una carrera y proyectar un futuro. Asimismo, ante las dificultades que significó la educación virtual, debe garantizarse la condición de regular para todos los estudiantes durante todo el año que viene, así como criterios más flexibles para la promoción y aprobación de materias.

Del mismo modo, muchos compañeros se han atrasado en sus estudios este año por la precariedad y la falta de condiciones en la modalidad virtual. De la misma manera, en muchas facultades se suspendieron promociones, o no se tomaron finales en todo el año, impidiendo que avancemos con nuestras carreras. Frente a ese problema, las gestiones se lavan las manos o lo descargan todo en más precarización para los docentes. Por el contrario, desde el ¡Ya Basta! creemos que deben suspenderse las correlatividades para cursar o rendir. En el mismo sentido, debe poder ser una opción rendir finales de manera presencial en la mesa de exámenes de diciembre próximo sin limitaciones ni cupos, garantizando amplitud horaria y de planta docente para que pueda hacerse sin aglomeración de personas, teniendo en cuenta que en muchas universidades las mesas de finales estuvieron o bien directamente suspendidas o en el mejor de los casos con muchas limitaciones en torno a cantidad de materias que se podían rendir. Todo esto sin perjuicio de que subsista la modalidad virtual para aquellos/as estudiantes o docentes que sean grupo de riesgo o que se encuentren en aislamiento.

No confiamos en el gobierno que prioriza el pago de la deuda, que gobierna para los empresarios y reprime a los trabajadores como en el desalojo de Guernica. Para poder conquistar todas estas demandas, hay que poner al movimiento estudiantil de pie. La mayoría de los centros de estudiantes y Federaciones Universitarias durante todo este año han seguido al pie la política del gobierno de “cerrar todo” evitando que el movimiento estudiantil sea un actor frente a la crisis educativa, sanitaria y social. Vergonzosamente la la izquierda agrupada en el FITU se ha ubicado durante gran parte del año a la rastra de esta política, negándose a dar la pelea para que se abran los centros. Desde el ¡Ya Basta! impulsamos que en todas las universidades se convoquen asambleas para organizarnos y pelear por presupuesto para infraestructura y más docentes para la vuelta segura a la presencialidad. Sólo con la organización desde abajo, con asambleas y con la lucha en las calles defenderemos la educación pública para que nadie se quede afuera de las aulas en 2021.