La crisis de la vivienda no es una cuestión secundaria en ningún lugar del mundo, sin embargo, actualmente en Europa se desarrollan protestas alrededor del tema que lo colocan nuevamente en los titulares. En España, miles de personas salieron a las calles y tomaron la Puerta del Sol de Madrid para denunciar los alquileres imposibles, desahucios y la dificultad para acceder a una vivienda. En Alemania, Berlín colocó en el centro del debate la posibilidad de intervenir directamente sobre la propiedad de las grandes empresas inmobiliarias.

Son dos situaciones diferentes, con actores distintos, pero ambas expresan que la vivienda es una necesidad indispensable, pero que bajo el capitalismo se torna en una mercancía más. Esta contradicción tiene su importancia en un contexto de crisis, en un “mundo en combustión” que no se limita solamente a las guerras o conflictos geopolíticos. También aparece en las condiciones de vida cada vez más difíciles de amplios sectores.

El acceso a la vivienda es uno de esos terrenos donde la contraposición entre las necesidades sociales y la lógica de la rentabilidad es delicada. Alrededor de ella hay un elemento de cuestionamiento que puede adquirir una dimensión anticapitalista cuando se pone en discusión la propiedad, la renta y la subordinación de una necesidad social a los intereses del capital.

Una vivienda tiene una función evidente: proporcionar un espacio donde vivir. Pero dentro del capitalismo también constituye un activo patrimonial. Puede ser comprada, vendida, hipotecada, alquilada y utilizada como fuente de renta. Cuando se organiza fundamentalmente como mercancía, el acceso depende de la capacidad de pago. Y cuando grandes cantidades de viviendas se concentran en manos de actores cuyo objetivo es obtener rentabilidad, queda integrada en una lógica de valorización del capital.

Esto no significa que todo propietario de una vivienda sea un “capitalista inmobiliario” ni que toda relación de alquiler tenga las mismas características. La concentración de la propiedad y el peso de los grandes actores inmobiliarios constituyen una cuestión distinta de la situación de pequeños propietarios. El cuestionamiento es al acaparamiento y la especulación, no a la tenencia individual.

Es de ahí donde surge la acampada de la Puerta del Sol, una movilización que comenzó después de las protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su apartamento de alquiler. La protesta se extendió y convirtió esta icónica plaza en el centro de una movilización contra los alquileres, los desahucios y los fondos buitre inmobiliarios.

No se trata de una protesta por un caso individual, se trata de una situación sistémica. Reclaman contratos indefinidos, congelación de alquileres, protección frente a los desahucios y límites a distintas formas de precarización contractual. Entre las reivindicaciones también aparecen la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión, la recuperación de viviendas vacías y el fin de la compra especulativa.

La dimensión social del problema explica la capacidad de movilización. En 2025, en España se produjeron 24.540 desahucios judiciales, de los cuales 18.317 correspondieron a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los procesos vinculados al alquiler representaron alrededor del 72% del total.

Al mismo tiempo, el problema no se limita a quienes reciben una orden de desahucio. Para una parte creciente de la población, permanecer dentro del mercado formal de alquiler significa dedicar una proporción cada vez mayor de sus ingresos a la vivienda. Entre 2021 y 2024, los alquileres aumentaron un 29,4%, mientras los salarios crecieron apenas un 7,4%. El alquiler de habitaciones, utilizado cada vez más como alternativa ante el precio de una vivienda completa, aumentó un 85,4% desde 2022.

La consecuencia es particularmente fuerte entre las generaciones jóvenes. La vivienda está conectada con la imposibilidad de emanciparse, la prolongación de la dependencia familiar y la necesidad de compartir habitaciones incluso entre personas con empleo. El problema implica afectar directamente las condiciones materiales mediante las cuales una generación puede construir su propia vida.

La situación actual no apareció de manera repentina. La crisis habitacional española tiene una trayectoria vinculada con la crisis de 2008, la posterior contracción de la construcción y la transformación de las condiciones de acceso a la vivienda. España construyó grandes cantidades de viviendas bajo un modelo ligado a una fuerte expansión del crédito, especulación inmobiliaria y endeudamiento.

Después del estallido de la burbuja, la construcción se desplomó. Al mismo tiempo, muchas familias que antes podían acceder a la propiedad mediante crédito pasaron a depender del alquiler. El porcentaje de hogares que viven de alquiler pasó del 13,9% en 2007 al 20,2% en 2025. En ese mismo proceso, la construcción de nuevas viviendas se redujo drásticamente respecto de los niveles anteriores a la crisis.

De ahí que este tema venga sumando importancia desde hace años y ahora la presión social obligó al gobierno español a aprobar nuevas medidas frente a la crisis. El decreto del 29 de septiembre restringe determinadas compras de viviendas por parte de fondos y entidades similares cuando las operaciones se realizan por debajo del 70% del valor de mercado. La normativa también incorpora medidas frente a los desahucios de personas vulnerables, regula alquileres temporales y por habitaciones e introduce diferentes incentivos fiscales para promover alquileres considerados asequibles.

Regular determinadas operaciones no equivale a modificar las relaciones de propiedad. Establecer un precio mínimo para determinadas adquisiciones, limitar ciertos mecanismos de desahucio o conceder incentivos fiscales intenta intervenir en el comportamiento de los agentes económicos, los resultados están por verse, pero lo seguro es que se mantiene la vivienda dentro de la estructura general del mercado inmobiliario.

En el caso de la capital alemana existe una enorme población inquilina: alrededor del 83% de sus habitantes vive de alquiler. Entre 2016 y 2026, los precios de los alquileres aumentaron un 69%, mientras los ingresos por persona crecieron un 33%. El problema de la vivienda se encuentra atravesado por la concentración empresarial. Grandes inmobiliarias poseen decenas de miles de viviendas y administran una parte significativa del parque de alquiler.

En 2021, un referéndum en Berlín expresó apoyo mayoritario a la socialización de las viviendas pertenecientes a grandes empresas inmobiliarias. La consulta no era vinculante y su implementación quedó atrapada en debates jurídicos y políticos. La discusión reapareció con fuerza recientemente después del crecimiento electoral de Die Linke en la capital con la promesa de intervenir sobre más de 200.000 viviendas de grandes inmobiliarias.

En este caso, existe un problema de construcción de nuevas viviendas. En 2025 se terminaron 206.600 viviendas, un 18% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 2012. Pero construir más viviendas tampoco responde a la pregunta sobre quién tendrá acceso a ellas. Si la nueva construcción queda subordinada a la rentabilidad privada, aumenta el número de inmuebles sin resolver el problema de quienes no pueden pagar los precios de ellos.

La construcción de vivienda pública, el control de los alquileres y la intervención sobre grandes patrimonios inmobiliarios, son algunas de las medidas necesarias. Sin embargo, el problema reside en definir qué función social debe cumplir la vivienda y qué relaciones de propiedad permiten garantizarla. La cuestión habitacional confirma los límites de la concepción según la cual los problemas sociales pueden resolverse simplemente mediante incentivos al mercado.

La experiencia española muestra que puede existir vivienda vacía mientras determinados sectores enfrentan graves dificultades para acceder a una. La experiencia alemana enseña que puede existir construcción insuficiente al mismo tiempo que las grandes empresas inmobiliarias concentran enormes patrimonios. Ninguno de estos fenómenos se explica mediante una sola variable.

En España, la movilización comienza alrededor de alquileres inaccesibles, desahucios y abuso rentista. En Berlín, una parte de la discusión llega a la propiedad de grandes empresas inmobiliarias. En ambos el conflicto comienza con el precio de la vivienda, pero puede desplazarse hacia la pregunta sobre quién controla ese recurso.

Esto no significa que las movilizaciones madrileñas sean abiertamente anticapitalistas ni que el resultado electoral de Die Linke represente una ruptura con el capitalismo. Por el contrario, el partido alemán es una agrupación reformista que se enclava dentro de los límites de la institucionalidad, pero expresa distorsionadamente las inquietudes más a la izquierda de la sociedad. Significa que ambos fenómenos contienen un elemento de cuestionamiento que puede adquirir un sentido anticapitalista cuando se objeta la propiedad privada.

Es necesario aclarar que los medios de producción (fábricas, tierras, maquinaria, infraestructura y recursos) son aquellos mediante los cuales se produce la riqueza social y cuya propiedad determina las relaciones entre las clases. Estos son los que el socialismo plantea socializar. Los medios de reproducción, en cambio, comprenden las condiciones materiales necesarias para sostener y reproducir la vida y la fuerza de trabajo: vivienda, alimentación, salud, educación, cuidados y servicios básicos.

Aunque cumplen funciones diferentes, ambos aspectos están estrechamente vinculados. La persona trabajadora vende su fuerza de trabajo en el proceso productivo, pero necesita contar con vivienda, alimentación, descanso, cuidados y otros bienes para poder reproducir esa fuerza de trabajo. Por eso, la propiedad y el control sobre los medios de reproducción también constituyen un terreno de la lucha de clases. Cuando la vivienda, por ejemplo, se transforma en un activo para generar renta, una parte del salario termina transfiriéndose hacia quienes controlan ese recurso indispensable para la reproducción social.

Es en este punto donde la cuestión habitacional puede ser incorporada al marco del “mundo en combustión”. La Puerta del Sol y la alta votación a Die Linke, de formas diferentes, expresan el bipolo que contrasta con el avance electoral de la extrema derecha y el aumento de regímenes autoritarios. Es una respuesta a la falta de perspectiva del capitalismo, es poner en tela de juicio la orientación reaccionaria de salidas individuales y ultracapitalistas que parecen imponerse en el mundo. Esto es ver con un solo ojo, es ser ciego a la respuesta y la organización que se gesta por abajo y a la izquierda.

La vivienda necesita ser considerada simultáneamente como problema de producción, distribución y propiedad. Desde esta perspectiva, ampliar el parque público, recuperar viviendas para uso social, impedir desahucios, controlar alquileres y construir nuevas viviendas asequibles son medidas que afectan distintas dimensiones del problema. Pero la cuestión de fondo surge cuando se pregunta si esas medidas deben coexistir con una estructura en la cual una parte importante del parque residencial continúa funcionando como capital inmobiliario.

Ahí aparece la diferencia entre una política de regulación y un cuestionamiento de las relaciones sociales que producen la crisis. Las luchas por la vivienda no comienzan planteando una transformación del capitalismo. La mayoría de quienes participan en ellas lo hacen porque necesitan pagar un alquiler, conservar su vivienda, emanciparse o evitar un desahucio. Es precisamente esa dimensión material la que les otorga fuerza.

Pero las luchas sociales pueden producir desplazamientos en el terreno de las ideas y de las reivindicaciones. Una persona que reclama simplemente una reducción del alquiler puede terminar enfrentándose a la pregunta sobre quién controla las viviendas. Una movilización contra los desahucios puede terminar cuestionando las condiciones jurídicas que permiten que la propiedad prevalezca sobre la necesidad de habitar. Una campaña contra los fondos buitre puede abrir el debate sobre la concentración de la propiedad inmobiliaria.

No existe una transformación automática desde una reivindicación económica hacia una política anticapitalista. Este paso depende de las luchas concretas, de los programas que intervienen en ellas y de la capacidad para conectar reivindicaciones inmediatas con las estructuras sociales que producen el problema. Cuando una sociedad posee recursos suficientes para garantizar viviendas y, al mismo tiempo, millones de personas enfrentan alquileres inaccesibles, el problema no puede reducirse a una simple escasez de bienes. Se vuelve necesario discutir la forma en que esos bienes son apropiados y distribuidos.

La crisis habitacional permite ampliar la comprensión del mundo en combustión más allá de sus dimensiones geopolíticas. Las guerras y la militarización expresan la disputa entre Estados y capitales por recursos, mercados y posiciones estratégicas. La crisis ecológica pone en cuestión la relación entre acumulación y naturaleza. La precarización laboral muestra las dificultades del capital para sostener sus niveles de rentabilidad trasladando los costos hacia el trabajo. La crisis de la vivienda expresa otra dimensión: la dificultad para garantizar las condiciones materiales de reproducción de la vida dentro de relaciones sociales organizadas alrededor de la rentabilidad.

Son dimensiones diferentes, pero forman parte de una misma crisis de las relaciones sociales capitalistas. La vivienda tiene además una particularidad, conecta directamente el mundo del trabajo con el espacio donde ese trabajo se reproduce. El salario que se obtiene en el lugar de trabajo vuelve al mercado bajo la forma de alquiler, hipoteca, alimentos, transporte y servicios. Una parte del ingreso termina transferida hacia propietarios inmobiliarios, bancos y otros actores financieros.

La reproducción de la vida está atravesada por mecanismos de extracción de renta. Madrid y Berlín muestran dos expresiones diferentes de una crisis que atraviesa buena parte de Europa y el mundo. Ambos contienen un elemento de cuestionamiento que puede adquirir una dimensión anticapitalista cuando pone en discusión la subordinación de una necesidad social a la propiedad privada y a la rentabilidad.

La crisis habitacional constituye un pequeño laboratorio de las contradicciones del capitalismo. El problema inmediato son los alquileres, los desahucios o la falta de vivienda. El problema de fondo es que una necesidad indispensable para vivir continúa organizada bajo relaciones sociales en las cuales el acceso depende de la capacidad de pago y la propiedad puede imponerse sobre el uso social.

Es precisamente ahí donde una reivindicación social puede comenzar a tocar una cuestión mucho más profunda: la relación entre propiedad, capital y reproducción de la vida. Y es en esa contradicción, más que en cualquier alineamiento geopolítico, donde aparece uno de los rasgos centrales de la lucha de clases dentro del mundo en combustión.