Gatillo facil, represión, impunidad

Cuarentena represiva: La impunidad policial como moneda corriente

Desde el comienzo de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, aumentaron significativamente las denuncias por el accionar brutal de la policía. Hostigamiento, represión, abusos, asesinatos por gatillo fácil y la reciente desaparición de Facundo Castro son algunos de los graves cargos que pesan sobre ella.

Romina Y.

La Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales estarán controlando quien circula por las calles y entiéndase bien que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle, se verá sometido a las sanciones que el código penal prevé[1].

A pocas horas de la entrada en vigencia del decreto nacional, se viralizaron imágenes de las fuerzas policiales en diferentes barrios populares humillando y hostigando a jóvenes. Sólo por mencionar dos casos que se hicieron de público conocimiento, recordemos que en el barrio 1.11.14, tres gendarmes obligaron a dos muchachos a moverse en cuclillas con las manos en la cabeza como “castigo” por estar en la calle. En la Matanza, efectivos de la Policía Bonaerense “bailaron” a un grupo de jóvenes a quienes luego obligaron a realizar flexiones y a cantar el himno nacional, recreando escenas al mejor estilo del servicio militar.

Estos hechos se replicaban en diferentes puntos del país a tan sólo horas de iniciado el aislamiento social obligatorio y se convertían en la primera muestra de lo que significa colocar a las fuerzas represivas en el rol de “garantizar el cumplimiento de la cuarentena”: Le dio el poder absoluto de la calle y la impunidad para amedrentar, golpear, abusar, asesinar, perseguir –y hasta desaparecer- a los pibes de los barrios populares y a los trabajadores que salen a ganarse el mango. Esta legitimación de la actuación represiva, tiene como complemento necesario la impunidad a la hora de rendir cuentas, sabiendo que tiene a su disposición la posibilidad de montar diversas estrategias y mecanismos  para quedar exentos de cualquier cargo.

La Bonaerense: retrato de la impunidad

En los últimos días tomó relevancia la desaparición de Facundo Astudillo Castro. El joven de 22 años fue visto por última vez el 30 de abril en cercanías a la localidad de Mayor Buratovich. Un registro fotográfico lo muestra esposado, junto a un oficial de la Policía Bonaerense y a punto de ser subido a un patrullero. Desde ese día, nada se sabe de él.

La investigación, que comenzó como averiguación de paradero, está llena de irregularidades. Las primeras declaraciones fueron las de los policías Curruhinca y Sosa, que aseguraron haber visto a Facundo en Mayor Buratovich y posteriormente en Teniente Origone. Uno de ellos cambió su testimonio en tan solo cuatro días, en los que pasó de afirmar que el joven se había subido a una camioneta que circulaba en dirección a Bahía Blanca, a decir que en realidad se fue caminando.

La inconsistencia de los testimonios de los efectivos terminó de confirmarse cuando tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo para contarles que lo habían visto mientras era detenido por dos policías que lo subieron a la cabina trasera de una de camioneta de patrulla.  Estos vecinos se habían presentado en la comisaría para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados para declarar.

Con la Policía Bonaerense como principal sospechosa de la desaparición de Facundo, la investigación cursa ahora como desaparición forzada de persona. La fuerza policial de la provincia fue apartada del caso, pero un policía de la subcomisaría de Mayor Buratovich amenazó al abogado de la madre de Facundo durante un rastrillaje y en presencia de dos testigos. También vienen teniendo la política de sembrar pistas falsas para desviar el curso de la investigación con la ayuda de sus medios de comunicación alcahuetes.

Berni afirma que “no hay ningún elemento de juicio objetivo que inculpe un accionar indebido de la policía”. Si bien hay dos policías demorados en Teniente Buratovich, otros implicados ya fueron trasladados a Bahía Blanca para que desarrollen sus tareas en esa ciudad, todos los testimonios apuntan a la Bonaerense y la causa está caratulada como “desaparición forzada”, el principal funcionario de la “seguridad” de la provincia afirma suelto de cuerpo que no hay “ningún elemento de juicio objetivo”.

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A este hecho de profunda gravedad se suman otros, como el que ocurrió durante la madrugada del viernes en La Matanza. Lucas Nahuel Verón (18) y su amigo Gonzalo regresaban de hacer una compra, cuando fueron perseguidos por un comando de patrullas que impactó por detrás la moto en la que se transportaban. Los jóvenes corrieron y uno de los oficiales se bajó del patrullero y les disparó varias veces. Una de las balas del gatillo fácil se cobró la vida de Lucas, que fue trasladado por su familia hasta el hospital donde murió. Los agentes huyeron del lugar y comenzó el operativo para resguardar al policía asesino.

Gonzalo fue amenazado por efectivos de la policía, quienes pretendían armarle una declaración en la que asuma que él y su amigo venían de robar. Se trata de una práctica común cuando la policía busca esconder su responsabilidad, pero en este caso se agrava: el apriete fue realizado delante del fiscal, que no se inmutó, pero que finalmente fue separado. La familia de Lucas Nahuel Verón exige que la policía Bonaerense también sea apartada de la causa, porque no deja de entorpecer la investigación. Quisieron adulterar las grabaciones de las cámaras de seguridad y buscaron inculpar a un carnicero de la zona para que se haga cargo del crimen. Mientras tanto, los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, se niegan a declarar. Probablemente, especulando con que sus compañeros puedan hacer el trabajo sucio de salvarlos de la condena y garantizarles la impunidad culpando a algún perejil, recreando (una vez más) acontecimientos propios de un nuevo Rati Horror Show.

La Comisión Provincial por la Memoria[2] alertó sobre el recrudecimiento de la represión. Según datos de este organismo, durante el mes de junio la Policía Bonaerense fue responsable de 18 muertes, lo que significa que mataron a una persona cada 40 horas.

En la provincia de Buenos Aires, el tinte represivo de la cuarentena provocó el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta política tiene antecedentes previos que fueron allanando el camino para llegar hasta la situación actual. Basta recordar que una de las primeras medidas del gobernador Kicillof luego de su asunción fue bajar el rango de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, en un acto que degradó el valor que tienen los derechos humanos para el Estado provincial. Tampoco es menor la decisión de haber nombrado a Sergio Berni como Ministro de Seguridad. Un digno representante de lo más rancio de la ideología nacionalista y militar, que se proclama a sí mismo como un político de derecha y que arenga a las fuerzas a su cargo al grito de “orden, subordinación y valor”.

La Bonaerense, la maldita Bonaerense sigue impune y acumulando muertes y desapariciones que alargan la lista encabezada por Jorge Julio López, Luciano Arruga, los pibes de Monte y tantos más. 

Un accionar sistemático

El recrudecimiento de la violencia institucional, el aumento de la represión y el disciplinamiento sobre los trabajadores y sectores populares no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires y su policía. La totalidad de las fuerzas represivas que el sentido común capitalista intenta presentar como quienes están “para cuidarnos”, en realidad están preparadas para cuidar los intereses de un sector minoritario. La formación policial lleva la marca del carácter de clase que atraviesa toda su instrucción: educados como perros guardianes del orden burgués, son entrenados en el odio hacia los sectores populares.[3] Con esta perspectiva, salen a cumplir su “tarea” en todo el país.

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Durante el mes de mayo Luis Espinoza, un trabajador rural de la provincia de Tucumán se dirigía junto con su hermano hacia la casa de su madre. En el camino, oficiales de la policía de esa provincia los persiguieron y golpearon. Después de algunos días, el cuerpo de Luis fue hallado envuelto en bolsas en cercanías del límite con Catamarca. La policía lo asesinó y descartó su cuerpo en un precipicio como si se tratara de basura.

En Chaco, la policía de Capitanich arremete una y otra vez contra los pueblos originarios. A principios de junio cobró trascendencia nacional el allanamiento ilegal realizado en la vivienda de una familia de la comunidad Qom. Los agentes entraron por la fuerza y golpearon, abusaron sexualmente de dos jóvenes y se llevaron a otros dos a quienes torturaron durante toda una noche en la comisaría de la localidad de Fontana.

Las vejaciones cometidas por los efectivos policiales fueron filmadas y los videos se difundieron por las redes sociales. El propio Alberto Fernandez tuvo que decir que esas imágenes de violencia institucional son inaceptables. Pero bajo la excusa sanitaria de la pandemia, los policías responsables de estos hechos aberrantes consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria, en un claro guiño de impunidad frente su accionar brutal.

La lucha es por justicia y por terminar con la represión

Las fuerzas policiales descargan la represión y la violencia, llevan adelante detenciones arbitrarias, amenazan a víctimas o testigos y cometen todo tipo de atrocidades, porque la impunidad está garantizada por el propio Estado y el sistema judicial. En la mayoría de los casos mencionados aquí, las separaciones de los efectivos implicados han llegado muy tarde. Las detenciones son escasas y cuando las hay, los policías son beneficiados con prisión domiciliaria, como es el caso de los implicados en la brutal represión a la familia Qom en Chaco. Las investigaciones carecen de transparencia, mientras que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales presentan estos hechos como casos aislados en los que a algún efectivo “se le fue la mano”. ¡Menuda forma de desligarse de toda responsabilidad!

Por más manto progresista que se le quiera poner encima a la policía, todos los días queda en evidencia que su carácter represivo no se borra, es parte constitutiva de esta institución putrefacta.

Y si las fuerzas represivas cuentan con el amparo del Estado y la Justicia, las víctimas cuentan solamente con la fuerza de la lucha contra la violencia institucional y contra todos los atropellos de este sistema capitalista. El sábado pasado, la mamá de Facundo Astudillo Castro encabezó una movilización en Pedro Luro para exigir la inmediata aparición con vida de su hijo. Esta acción se replicó en Mayor Buratovich y también en la ciudad de La Plata. La única forma de conseguir justicia por cada caso y cárcel para los responsables es la organización independiente y desde abajo.


[1]Extraído del discurso del 19 de marzo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5o1TwhkN_pM

[2]https://www.comisionporlamemoria.org/dos-nuevas-muertes-en-la-masacre-de-la-comisaria-3a-de-esteban-echeverria/

[3] “Caso Chocobar: Marxismo, crimen y castigo”, disponible en: https://izquierdaweb.com/caso-chocobar-marxismo-crimen-y-castigo-2/

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