El conflicto comenzó con un acuartelamiento policial -los agentes llegaron incluso a tomar varios edificios públicos- por mejoras salariales. Como un efecto dominó, el estado de movilización se extendió rápidamente a docentes y estatales, que por estas horas continúan protagonizando decenas de cortes de ruta en toda la provincia.

La situación es consecuencia directa del ajuste del gobierno nacional a los fondos de las provincias, que impacta proporcionalmente mucho más a las provincias del norte del país. Los gobernadores, independientemente de su signo político, se encargan de trasladar ese ajuste a los trabajadores. El misionero Hugo Passalacqua, aliado del Pro y Milei, no es la excepción.

Aunque ahora el gobernador ensaye tibias críticas al gobierno nacional forzado por las circunstancias, lo cierto es que los Senadores y legisladores de su provincia han votado todo a favor del oficialismo nacional desde que llegó al poder, incluida la nueva versión de la Ley Bases.

Los salarios estatales de la provincia están hundidos, lejísimos de siquiera rozar la línea de pobreza. Un maestro con un cargo simple cobra apenas por encima de los $200.000. En medio de la escalada de precios, la situación social se volvió insostenible en poco tiempo.

Milei recortó fuertemente las transferencias a las provincias, recursos que en su mayoría son utilizados por los gobernadores para pagar salarios estatales. Los gobernadores, lejos de quitarle su apoyo a Milei o aunque sea intentar recuperar esos recursos mediante impuestos a las empresas y a los ricos, descargan sin matices ese brutal ajuste a los trabajadores. Las consecuencias son estas reminiscencias de estallido social que atraviesa hoy la provincia.

La inestabilidad de la situación queda testimoniada por el cambio de política del gobierno con el correr de las horas. En un primer momento, la definición fue enviar 200 gendarmes a instancias de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todo parecía indicar que el gobierno iba a recurrir a la represión. Pero los cortes y acampes se multiplicaron, sumado a la ya de por sí gravísima incertidumbre que significaban los policías acuartelados. En todo este cóctel, la represión (que aun no hay que descartar que podría suceder) podría haber sido como una chispa que incendie aun más una provincia que parece un charco de nafta.

Con el correr de los días, la protesta policial se fue apaciguando (el gobernador publicó un insólito mensaje en el que se anuncian «mejoras salariales» para los agentes sin dar cifras concretas) pero al mismo tiempo comenzaron a multiplicarse las acciones de trabajadores estatales, de la administración provincial, de la salud y, sobre todo, docentes.

Estos nuevos focos de conflicto se extienden más allá de Posadas. En las últimas horas se pusieron en pie piquetes en las otras principales ciudades de la provincia, sobre todo las ubicadas sobre la Ruta Nacional 12, como Eldorado, Jardín América y Puerto Iguazú. También hubo movilizaciones en Oberá (la segunda ciudad de mayor población) y Apóstoles.