El próximo 3 de noviembre tendrán lugar en EEUU las elecciones parlamentarias de mitad de mandato (también suelen denominarse, en feo espanglish, “de medio término”). Se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes (435 diputados) y un tercio de los 100 senadores. Además, en 36 de los 50 estados se elegirá gobernador. El resultado de la elección definirá si Donald Trump recobra impulso político luego de meses de cierto deterioro de su imagen o si, por el contrario, ese declive se profundiza a punto tal que los dos próximos años de gestión hasta las presidenciales de 2028 sean los de un “pato rengo” (seguir en el poder pero sin capacidad de imponer decisiones clave). Por ahora, las chances se inclinan hacia el segundo escenario, pero últimamente la volatilidad electoral de EEUU tiene poco que envidiarle a la habitualmente más convulsionada política latinoamericana.

Los antecedentes históricos tampoco favorecen al Partido Republicano de Trump, por el simple hecho de ser oficialismo: la última vez que el partido del presidente en ejercicio ganó las elecciones parlamentarias fue en 2002, y por escaso margen. La tradición política en EEUU es que la oposición gana o al menos mejora su caudal de diputados en las parlamentarias. Pero este hecho, que suele atribuirse al “desgaste del poder” en general, adquiere nueva relevancia en el contexto específico de la segunda presidencia de Trump, que presentó y sigue presentando importantes novedades en el funcionamiento “normal” de las instituciones y el régimen político de EEUU.

Recordemos que en las presidenciales de 2024 el Partido Republicano consiguió la llamada trifecta: ganó la presidencia y mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso (aunque por márgenes muy estrechos). Las especulaciones para estas parlamentarias pasan sobre todo por si el Partido Demócrata va a recuperar la mayoría en Diputados (algo que las encuestas parecen dar como muy probable) y si se quedará también con la mayoría en el Senado (más difícil, pero en absoluto descartado). En caso de que los demócratas obtengan control total del Congreso, se llegó a barajar –durante alguno de los varios picos de aparente descontrol político y hasta clínico de Trump– la posibilidad hasta de habilitar un juicio de impeachment o destitución.[1] Pero eso ya es adelantarse demasiado.

Lo que tenemos por ahora es un cuadro en que Trump, a la vez que sigue en férreo control de la casi totalidad del Partido Republicano vía su irreductible base social y electoral del movimiento MAGA (Make America Great Again) –lo que le permite ganar internas e imponer candidatos a nivel estadual–, tiene su imagen en retroceso en casi todo el del electorado. El nivel de polarización política con los votantes demócratas, como veremos más abajo, probablemente nunca fue tan agudo, pero las políticas internas y externas de Trump (y sus resultados) lo alejan también del importante –aunque menos nutrido que en otras épocas– electorado independiente, y hasta de sectores tradicionales de la base republicana que son conservadores pero no histéricos MAGA ni miembros del culto a Trump.

En esta elección, como en la mayoría, el resultado dependerá en buena medida de cuál sea la agenda de temas sobre los que se pronunciarán los votantes. Por ejemplo, el triunfo de Trump en 2024 se debió, entre otras razones, a que logró transformarlas en una especie de plebiscito sobre la política inmigratoria como tema tope de la agenda, en el marco de que una aceleración de la inflación contribuía al malhumor social. Ambos temas fueron un lastre demasiado pesado para una candidatura presidencial demócrata que debió improvisarse a último momento (Biden debió bajarse de la carrera electoral tras mostrar señales de deterioro cognitivo en debates públicos).

En ese sentido, los temas que preocupan a la mayoría de la población no son los que benefician a Trump. El control manu militari de la frontera con México y la brutal política inmigratoria generaron rechazo no sólo en los demócratas e independientes, pero en todo caso lograron sacar la supuesta “invasión inmigrante” de la lista de urgencias. El aumento de la inflación, que para muchos ciudadanos de a pie se mide simplemente por el precio del combustible –EEUU es un país donde el auto no es sólo un medio de transporte sino un índice del estilo de vida–, pone en el centro de la escena la cuestión del costo de vida. Algo que fue muy inteligentemente explotado por parte del ala “progresista” de los demócratas como el recientemente electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que hizo de ese tema (affordability, que puede traducirse torpemente como “asequibilidad”, y que remite a la cuestión de si los precios son más accesibles o no) el eje de su campaña. En varios de los estados “violetas” –es decir, que no son claramente “rojos” (republicanos) ni “azules” (demócratas), sino en disputa–, las campañas demócratas han archivado su discurso basado en las cuestiones de minorías raciales o de género para concentrarse en temas económicos más pedestres (y convocantes).

A este viraje interno de la agenda se le suman –aunque su peso varía considerablemente según la franja política y social de que se trate– los temas de política exterior. Biden venía del papelón de Afganistán, donde después de 20 años de invasión, ocupación y sostén de un gobierno títere, los talibanes volvieron al poder y forzaron la retirada precipitada de las fuerzas militares yanquis, en lo que pareció un revival de la humillante retirada de Saigón en la guerra de Vietnam. Trump se apoyó en ese desastre para prometer, nada menos, que “jamás volveremos a involucrarnos en guerras eternas en Medio Oriente”… Por razones de mero orden, comenzaremos el repaso de la marcha de la campaña electoral por los temas de política exterior.

Guerra con Irán, Israel-Palestina y aranceles

En la medida en que las cuestiones internacionales mueven la aguja electoral en EEUU –algo que no es lo habitual a nivel del electorado de masas–,[2] lo hacen no tanto en función de posicionamientos ideológicos sino del impacto indirecto de la política exterior en el orden interior. En el caso del actual conflicto entre EEUU-Israel con Irán, Trump está pagando un alto precio por sus decisiones chapuceras e improvisadas. Pero esa cuenta se paga en dos frentes distintos. En el exterior, tanto entre los aliados de la OTAN como en los “enemigos estratégicos” (China, en primer lugar; luego Rusia) se afianza la convicción de que Trump es, sencillamente, un “líder de Occidente” inestable, volátil, nada confiable, improvisado y carente de cualquier visión estratégica seria. Para colmo, su egomanía le impide dar a equipos y personas más preparadas y profesionales cualquier lugar importante en la toma de decisiones, que quedan sujetas a su más arbitrario capricho.

Este aspecto es altamente preocupante para el establishment político, económico y militar del imperialismo yanqui, pero no se extiende mucho más allá. Lo que resulta relevante políticamente desde el punto de vista electoral no es que las decisiones de política exterior de Trump sean un modelo de tacticismo hueco, sino que las consecuencias de esas decisiones golpean a los estadounidenses de a pie en el bolsillo, no en el cerebro.

Por ejemplo, las idas y venidas de Trump respecto de Ucrania son muy preocupantes para Zelensky, para Putin y para la Unión Europea, pero, en la medida en que la diferencia entre respaldar a Ucrania y abandonarla a su suerte no impacte fuerte en el presupuesto fiscal o el comercio exterior, para la mayoría de la población es un tema más bien lejano y ajeno.

No es en absoluto el caso de la guerra con Irán: desde el 28 de febrero, y luego de pasar por incontables bravatas, bombardeos, treguas de fragilidad diversa y negociaciones públicas y secretas varias, el resultado es que el tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz (el 20% del total del planeta) sigue esencialmente cerrado. Y eso tiene una influencia directa en el surtidor de combustible donde se abastecen decenas de millones de vehículos todos los días: el galón (3,8 litros) de nafta común supera los 4 dólares, cuando antes de la guerra no llegaba a los 3 dólares.

El impacto de este problema, que está empezando a hacer mella incluso en la base MAGA más recalcitrante y pro Trump, es aún mayor si se considera que es la consecuencia de la violación flagrante de una promesa explícita de campaña electoral, el “fin de las guerras eternas”. Poco importa si la continuidad de la guerra con Irán se debe al capricho, a la necesidad de resguardar la imagen de Trump y EEUU, a un error de cálculo político-militar o a todas esas y otras razones; el saldo, para cualquier automovilista o camionero, es que pierde dinero por algo que no debería estar pasando.

Para no hablar de los problemas que el aumento del combustible genera más allá del surtidor de la estación de servicio: a la suba del combustible se le suma el aumento de precio de otros insumos de la producción agrícola, como la urea, que también sufren la disrupción de las cadenas logísticas en el Golfo Pérsico. Es el caso de muchos agricultores pequeños y medianos en estados como Iowa, un estado sólidamente republicano desde hace varias elecciones que ha pasado súbitamente a la lista de estados en disputa.

El impacto negativo de la férrea alianza de EEUU con Israel y de su apoyo al genocidio palestino parece, en cambio, más “ideológico” y quizá menos medible en lo electoral. Pero atención, porque, a diferencia del malhumor por los precios del combustible, que puede evaporarse en cuanto éstos se normalicen, el deterioro de la imagen de Israel y su rol en la política exterior de EEUU es un fenómeno de importancia mucho más estratégica no a corto sino a mediano y largo plazo.

Y no se trata sólo de que una franja cada vez más amplia de jóvenes simpatiza con Palestina y detesta a Israel –la imagen favorable de Israel entre los estadounidenses en general cayó en cinco años del 75 al 46%, según la encuestadora Gallup–, lo que podría traducirse eventualmente en votos. Más importante aún es que el tradicionalmente indiscutido peso del lobby político sionista corporizado en AIPAC (sigla en inglés del Comité de Acción Política Americano-Israelí) ha empezado a recibir, por primera vez, serio cuestionamiento tanto de parte del electorado como de los propios candidatos. AIPAC aumentó su gasto en apoyar candidatos de apenas 150.000 dólares en una década a más de 100 millones de dólares entre 2022 y 2024. Esta injerencia grosera, en el marco del genocidio en Palestina, ha hecho de AIPAC “el blanco perfecto para los disconformes con el financiamiento opaco en las elecciones y en particular con la influencia de los grupos pro Israel. El gasto de AIPAC se ha vuelto tan políticamente tóxico que cada vez son más los políticos que lo evitan. (…) En la medida en que el lobby pro Israel entiende que no puede comprar a los demócratas, se va viendo obligado a afrontar la realidad de que su destino está atado a los republicanos (“Tread carefully”, TE 9505, 27-6-2026). Lo que no significa que ignoren al Partido Demócrata: sólo este año vertieron 30 millones en primarias demócratas para evitar que ganen “candidatos anti Israel”… aunque en muchos casos lo hicieron a través de grupos “independientes” que ni siquiera mencionaban a Israel.

Que empiece a erosionarse la capacidad del lobby sionista para seleccionar, favorecer o vetar candidatos en función de su alineamiento con Israel es en verdad una novedad mayor en el funcionamiento habitual de la política estadounidense. Hoy, cuestionar la alianza indisoluble con Israel ya no sólo no es tabú sino que empieza a ser a) casi la norma de los candidatos “progresistas” del Partido Demócrata, b) concebible incluso para demócratas moderados y c) ocasional, pero ya no impensable, en candidatos y figuras públicas republicanas y conservadoras tradicionales, de las cuales la más llamativa es la conversión del periodista de derecha Tucker Carlson (sin duda uno de los tres o cuatro más conocidos del país) a la crítica despiadada a Israel, a su política y al alineamiento de EEUU con ella.

El tercer elemento de la política exterior que consideraremos aquí es la guerra arancelaria, que, como todo con Trump, ha sufrido vaivenes a veces brutales y que últimamente ha visto un rebrote de agresión comercial contra el que probablemente el aliado más cercano, en todo sentido, de EEUU: Canadá. Cuando parecía que la “canadofobia” de Trump (quizá el único miembro de ese insólito conjunto) había amainado y que se había resignado a que no sería el estado número 51 de EEUU, lanzó una ofensiva arancelaria contra Canadá que no le dio más margen al primer ministro Mark Carney (liberal, ex director del banco central inglés y la imagen misma de la contemporización y la moderación) que reaccionar también con aranceles. Eso sí, mucho mejor pensados que los de Trump y diseñados para generar daño político, como reconoció la ministra de Industria, Mélanie Joly: “Estamos eligiendo productos que apunten a estados [específicos]”, golpeando sectores productivos decisivos en los estados que Trump necesita ganar en las elecciones, sobre todo en el Medio Oeste, como Michigan, Ohio e Iowa, pero también Maine en el norte (donde una senadora republicana arriesga su banca) y Carolina del Norte.

Por último, la política exterior hacia Latinoamérica es un área en la que los beneficios son mucho menores que los que Trump había imaginado después de su increíblemente grosera intervención para secuestrar a Maduro en Venezuela y de las renovadas amenazas a Cuba. Estas “hazañas” sin duda le valieron los vítores de su base MAGA y del electorado latino más derechizado, como el de Florida, pero es dudoso que hayan logrado revertir el daño político y electoral generado por la persecución de inmigrantes en su mayoría de origen latinoamericano por parte del infame ICE y demás autoridades migratorias. Estas verdaderas cacerías humanas, ejecutadas sin la menor contemplación por los derechos civiles, marcos legales o la más elemental humanidad, sólo pueden haber entusiasmado a la base más sociópata de Trump, pero cayeron pésimo en sectores independientes o incluso republicanos moderados.

Tampoco hace falta aclarar que si hay algo totalmente ausente de la agenda y el discurso de Trump son las antes infaltables invocaciones a la “democracia” y a los “valores de Occidente”. Ya en ocasión del secuestro de Maduro había causado escozor que Trump no hiciera más que repetir la palabra “petróleo”. Pues bien, el reciente “acuerdo” entre EEUU y Venezuela por el cual se crean empresas e instrumentos legales para la explotación de las ingentes reservas de crudo del país sudamericano deja en claro que a Trump no le interesa siquiera aparentar preocupación por el “retorno de la democracia”. De hecho, dejó en claro que le parece mucho más seguro dejar el lado venezolano del asunto en manos de Delcy Rodríguez y no de María Corina Machado o alguna otra figura oficiosa pro yanqui. Trump busca combustible barato para su electorado, no un lugar en los libros de historia como “restaurador de la democracia” en Venezuela.[3] ¡Si hasta se refirió a su ahora aliada Delcy Rodríguez como “presidenta electa” de Venezuela!

La economía trumpiana: más promesas que realidades

Como señalamos, de todas maneras, la mayor fuente de peligro electoral para Trump no son sus desaguisados de política exterior sino los problemas de una economía que le da grandes satisfacciones a los multimillonarios pero creciente malestar a la población de a pie. En este terreno, en el que Trump también había hecho promesas entre demagógicas y meras expresiones de deseo que no se cumplieron, se juega buena parte del consenso que había logrado tejer en las presidenciales de 2024.

Sin duda, la inflación, el costo de vida y el (previsible) fiasco de la “reamericanización de la industria” –es decir, el supuesto regreso de los empleos industriales vía aranceles a la competencia extranjera y facilidades fiscales a las empresas locales– están entre los principales motivos de descontento no ya de los demócratas o independientes sino incluso de muchos votantes de Trump. Contra lo que esperaban los republicanos –pero para nula sorpresa de economistas más avisados–, el crecimiento económico sigue en valores mediocres: el dato para 2025 fue 2,2%, por debajo del 2,4% de 2024. En 2026 el panorama no mejora: en el primer trimestre el crecimiento anualizado fue del 2,1%, y en el segundo, apenas del 1,5%.

Es verdad que el crecimiento del resto del G-7 (los principales países europeos, Canadá y Japón) fue todavía más bajo. Pero es un magro consuelo ser no el mejor de los buenos sino el menos malo de los malos. Para colmo, la parte del león de ese crecimiento fue impulsado sobre todo por las valuaciones estratosféricas de los gigantes tecnológicos. En cambio, el estado de las ramas industriales tradicionales y de otros sectores creadores de empleo como la construcción, sin ser una calamidad, no genera ningún entusiasmo y muestra de hechos números en descenso. Las excepciones son algunas industrias muy localizadas, que en realidad necesitan puestos escasos y de muy alta calificación, como las vinculadas a la IA y la aeroespacial. El supuesto revival industrial, entonces, “es conspicuo por su carencia de empleos industriales. E incluso si más industrias automotrices regresan antes del fin de esta década, los ejércitos de obreros en la línea de ensamble no volverán. Los robots harán buena parte de ese trabajo” (“Making American stuff again”, The Economist –en adelante TE– 9514, 29-8-2026).

Es en parte debido a esta sombría perspectiva que algunos economistas del sistema se esperanzan con que la IA haga su aporte a la tasa de empleo vía la harto dudosa hipótesis de que ayude a una “subclase permanente” de personas sin capital y baja calificación a convertirse no ya en emprendedores sino en “soloprendedores” (solopreneurs), es decir, a autoemplearse. Ahora bien, si las profecías apocalípticas sobre la IA y el futuro del empleo deben tomarse cum grano salis, ni cabe empezar a considerar utopías rosadas de este género, para uso exclusivo de panegiristas del capitalismo (“America’s start-up boom offers hope for the future of work”; TE 9510, 1-8-2026).

En el marco de este camino lleno de tropiezos para el empleo, la inflación, sin haberse disparado, no da señales de baja, sino que se mantiene en el orden del 3% como índice global. Cifra que además oculta que la inflación para los sectores populares es decididamente más alta como resultado de los aranceles de Trump: “La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que las empresas y los consumidores soportan el 95% del aumento de aranceles, en particular de alimentos importados, que subieron un 44%, lo que representa un impuesto de hecho del 12% contra los consumidores. Este análisis fue respaldado por la Reserva Federal de Nueva York, que concluye que ‘los alimentos importados sometidos a aranceles aumentaron un 11% más que los no arancelados’ y que las empresas y los consumidores son quienes deben cargar con el peso económico de los aranceles impuestos en 2025’” (Michael Roberts, “US economy: jobs and AI”, 21-2-2026).

La cuestión de la inmigración, que, como dijimos, salió del centro de la atención, plantea sin embargo serios interrogantes no para la próxima elección, sino para el conjunto de la economía de EEUU. La manía deportadora y, peor aún, las brutales restricciones al ingreso de nuevos inmigrantes –salvo que pertenezcan a la “perseguida” minoría blanca de Sudáfrica…–, si se mantienen en el tiempo, van a tener un efecto muy profundo en la economía. Por un lado, por la carencia de mano de obra barata para empleos de baja calificación, como en las actividades agrícolas, la construcción y los sectores de salud y hotelería; en el otro extremo del espectro, la tradicional capacidad de innovación y liderazgo tecnológicos de EEUU siempre se apoyaron sobre la atracción de talento extranjero; casi la mitad de las 500 compañías más grandes de EEUU fueron fundadas por inmigrantes de primera o segunda generación.

Volviendo a las condiciones actuales de empleo, las cifras tampoco son halagüeñas: en todo 2025 la economía de EEUU sólo agregó 181.000 puestos, casi todos en servicios; el empleo industrial cayó, contra las promesas de Trump. Es sobre este cuadro de inflación en alza y empleo estancado que vino a instalarse la guerra contra Irán, el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz y el nuevo piso del precio del barril de petróleo en el orden de los 80-85 dólares, con picos por encima de 100.

El resultado: un nuevo factor de deterioro de los ingresos que se suma a los anteriores, y un entorno económico que, así como en 2024 perjudicó al gobierno de Biden y favoreció a Trump, hoy también castiga a la gestión republicana y abre la puerta al discurso demócrata, que ahora redescubre la importancia de la economía cotidiana y los temas vinculados a la “affordability”, esto es, la carestía de la vida.[4]

La apuesta de Trump –y no sólo de él, sino de lo más granado de la clase capitalista estadounidense– por los próximos desarrollos de la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA) como motores de la inversión, el crecimiento y la productividad se dan en el marco de un profundo debate que apenas está comenzando sobre el potencial rol disruptivo de la IA en la economía, el empleo y la sociedad. Desde ya, abordar el tema incluso tangencialmente requiere de un foco y un espacio al que no nos podemos dedicar aquí, de modo que sólo apuntaremos aquí apenas uno de sus múltiples aspectos: la masiva reacción negativa que ha generado la instalación de los centros de datos (data centers), a los que se acusa de consumir inmensas cantidades de agua y energía eléctrica y de generar escasez y/o subas en los precios de esos servicios básicos.

La ola de rechazo es tan fuerte y tan súbita que incluso gobernadores que habían abrazado con entusiasmo la causa de los data centers, como los de Illinois, Pensilvania, Arizona y California (demócratas) o Texas y Ohio (republicanos) ahora implementan o al menos consideran moratorias o pausas en su instalación. Pero no se trata de una oposición “ideológica” a la IA per se, sino de una preocupación muy extendida –unos dos tercios del electorado manifiestan sus reservas, contra una aprobación neta de los data centers hace menos de un año– por el eventual impacto local de esos centros en las cuentas de electricidad y agua.[5]

Una grieta político-cultural que divide y polariza a la sociedad

De esta manera, se va configurando una agenda electoral donde el protagonismo principal lo tienen los problemas más cercanos a la economía cotidiana de amplias franjas de la población, y no –como no hace mucho– los motivos de la “guerra cultural” entre los ultraconservadores MAGA y el “progresismo woke”. Lo cual no implica que hayan desaparecido ni mucho menos. En un sentido, la división en bandos se hace más pronunciada, aun si alguno de esos motivos ha cambiado el sentido de su sesgo electoral.

Es el caso de la guerra a la inmigración. A diferencia de 2024, difícilmente suponga ahora un activo electoral para Trump. Más bien al contrario, y no por consideraciones “ideológicas” o de mera humanidad, sino por razones bien llanas: la baja de inmigrantes en el mercado laboral, sea por deportación o por el miedo a ella, ha logrado el milagro de que “más de un quinto de los votantes de Trump en 2024 ahora apoyan la abolición de la ICE, una postura que solía ser denigrada como consigna de extrema izquierda. Hoy, el 47% de todos los estadounidenses apoyan la abolición de la agencia” (“America’s deportation machine”, TE 9514, 29-8-2026). Desde ya, la base MAGA más acérrima sigue incólume sobre el tema, con un 93% de apoyo a la política inmigratoria de Trump (ídem).

Cabe agregar a este panorama dos temas que en verdad son mucho menos “ideológicos” que de lisa y llana salud pública: la situación del seguro de salud de millones de estadounidenses y la delirante avanzada antiabortista de parte de amplios sectores republicanos. En el primer tema, en un estado clave como Ohio, hace años en manos republicanas, hasta los diputados de ese partido que buscan la reelección prometen “proteger el Obamacare”, es decir, la ampliación de la cobertura de salud implementada durante la presidencia de Obama, que fue desde entonces uno de los blancos preferidos de Trump y el trumpismo. Hasta el oficialismo se ve obligado a reconocer la saludable tendencia a poner sobre la mesa una agenda de temas terrenales.

En cuanto a la problemática del aborto, amplios sectores republicanos parecen haberse propuesto no ya eliminar la garantía federal del derecho al aborto (que es lo que concretó el fallo de la Corte Suprema contra la jurisprudencia de “Roe vs Wade”) sino directamente quitar ese derecho en todos los estados posibles como paso previo a una prohibición federal del aborto. Grupos “abolicionistas” como la Alliance Defending Freedom están incluso a la derecha de Trump, que se contentaba con dejar el asunto en manos de cada estado; un senador republicano de Carolina del Sur, Richard Cash, quiere prohibir el aborto desde la concepción y condenar a las mujeres que aborten a al menos dos años de prisión. El radicalismo contra la mujer es tan criminal que incluso otros antiabortistas creen que puede ser contraproducente: “Durante décadas, los pro vida construyeron el movimiento alrededor de la idea de ‘amamos a los dos’ es decir, la madre y el niño no nacido. Estos mismos activistas sostienen ahora que criminalizar a las mujeres puede tirar por la borda sus progresos políticos” (“The anti-abortion crusade’s new fight”, TE 9510, 1-8-2026).

Precisamente, parte del problema del partido de gobierno es que el ala más radical del movimiento MAGA –que, recordemos, tiene la llave de casi la totalidad de las candidaturas republicanas–[6] empuja hacia estos extremos de polarización e intolerancia cada vez más exacerbadas. El clima político de EEUU es cada vez menos respirable desde el punto de vista del funcionamiento normal de una democracia burguesa: la idea tradicional de “pesos y contrapesos”, así como la búsqueda de consensos bipartidarios para las “políticas de Estado” que trascienden las gestiones particulares y las fronteras partidarias, está completamente desacreditada, y no sólo entre los republicanos. Un estudio del Pew Resarch Centre revela que desde 2016 a la fecha hubo una suba de 30 puntos, hasta el 76%, tanto entre demócratas como republicanos, en el porcentaje de personas que no sólo se oponen al otro partido sino que los considera como “inmorales” y “deshonestos”.[7]

Este enrarecimiento de la convivencia política es el que ha instalado, entre otras cosas, una “normalización” de una práctica que, si bien existía, era ocasional y marginal: el retrazado de las líneas que dividen los distritos electorales (el llamado gerrymandering). Explicamos brevemente: en EEUU la elección de diputados se hace, como en el Reino Unido, por distritos uninominales. Eso significa que si se eligen, por ejemplo, nueve diputados nacionales en el estado de Arizona, ese estado se divide en nueve distritos que eligen un diputado cada uno. Pero, a diferencia de cualquier otro sistema que conozcamos, esa división en distritos no es permanente, sino que está sujeta a retrazados casi en cada elección. Y no son modificaciones menores: las fronteras de cada distrito se pueden dibujar con todo capricho, y con toda mala intención, de manera de concentrar todos los votos rivales en pocos distritos y asegurarse una mayoría estrecha pero segura en el resto. De esa manera, en un estado donde un partido tiene, por caso, un 55% de los votos, ese partido puede quedarse, gracias a esta creatividad topo-demográfica, con el 70 o el 80% de los diputados, distorsionando completamente la voluntad popular.

Los campeones indiscutidos del gerrymandering son los republicanos, que han hecho trazados completamente surrealistas de distritos electorales en los estados que controlan. Pero, como para demostrar que ellos también pueden jugar sucio, últimamente los demócratas les han pagado con la misma moneda en estados como California.

¿Cuál es el probable saldo de estos enjuagues non sanctos en términos de cosecha de legisladores? Las encuestas en serio apenas están empezando; en futuras notas iremos haciendo el seguimiento de los múltiples sondeos locales y nacionales. También nos dedicaremos con más detalle a la vida interna de los grandes partidos, en particular la consolidación de corrientes de izquierda en el Partido Demócrata, como la de los DSA (Democratic Socialists of America) y su relación con los sectores moderados.[8]

de unas elecciones en las que puede jugarse el destino de mucho más que la mera composición del Congreso de EEUU. Los ojos de los gobiernos de China, Rusia y la Unión Europea están fijados en la relación de fuerzas parlamentaria que le quede a Trump, y también en cómo reaccione éste, sobre todo si el resultado le es desfavorable. Y no sólo en el Norte del mundo: en Brasil y Argentina, donde habrá elecciones presidenciales este año y el próximo, respectivamente, lo que suceda con Trump va a tener impacto directo, y acaso inmediato.

* Aclaración indispensable: la autoría, redacción y edición del texto corresponden en un 100% al firmante y exactamente 0%, nada en absoluto, por muchas razones, a cualquier programa de inteligencia artificial.

[1] Conociendo el paño demócrata, esa posibilidad aparece como remota en primer lugar por falta de voluntad de la propia oposición. En caso de victoria parlamentaria clara, su principal preocupación sería asegurar el triunfo en las presidenciales, no hacer de niñero de la política global. Sólo un escenario de peligroso desquicio político o mental de Trump –¡que nadie se atreve a descartar!– dejaría abierta la puerta a un juicio político de destitución, e incluso así las mayorías necesarias serán difíciles de conseguir.

[2] La obvia y gigantesca excepción a este criterio es la guerra de Vietnam. Pero cabe recordar que esa guerra, si bien se extendió por una década –la mitad que la intervención yanqui en Afganistán y menos que en Iraq, por ejemplo–, implicó un involucramiento mucho mayor de la población, en primer lugar por la cantidad de bajas (60.000 muertos y cientos de miles de heridos y mutilados). Esto dejó una cicatriz social incomparable con guerras posteriores, en las que el imperialismo yanqui se cuidó de comprometer de manera tan abierta a sectores tan grandes de su propia población y recurrió más a fuerzas profesionalizadas, mercenarios, aportes militares de aliados, etc.

[3] El acuerdo es tan miserablemente entreguista que la nueva compañía petrolera a la que se le otorgan concesiones en campos venezolanos tendrá obligación de tener mayoría de ciudadanos estadounidenses en el directorio y una participación del 35% directamente del Pentágono. La única controversia entre ambos gobiernos es la duración del contrato: Trump afirma que es de 100 años, mientras que el gobierno venezolano aclara que es “apenas” de 25 años.

[4] No haremos referencia aquí a las más recientes luces amarillas de la economía de EEUU, vinculadas a la suba de la tasa de interés de los bonos a largo plazo del Tesoro yanqui, tema cuya especificidad requiere un análisis separado. Sólo señalaremos aquí que el problema es lo suficientemente serio como para que Scott Bessent, el secretario del Tesoro (ministro de Economía) del gobierno de Trump, haya decidido una intervención grosera y desembozada en el mercado de bonos, con el exclusivo fin de evitar daño mayor a las perspectivas económicas de cara al tramo final de la campaña electoral. No hace falta aclarar que el santo horror que siente la teoría económica al uso por este tipo de “politización de la economía”, que generó una instantánea revulsión en “los mercados”, es el último de los problemas para Trump y su pandilla, a la que nada le preocupa menos que la coherencia doctrinaria. Falta saber si ese pragmatismo volátil le saldrá gratis…

[5] Como es de imaginar, Trump es un furioso defensor de los data centers y advierte a quienes se les oponen que van a terminar “pobres y atrasados”. Su lema es “que manden los datos” (Let data reign)…

[6] Esa hegemonía no es sólo “ideológica” o debida al peso del carisma de Trump, sino que se asienta sobre bases bien materiales. Es sabido que toda la política yanqui se sostiene con financiamiento multimillonario. Pero mientras que los “Comités de Acción Política” demócratas están muy descentralizados y recaudan fondos cuantiosos para campañas específicos y candidatos individuales, el 40% del financiamiento del Partido Republicano depende de un solo comité, MAGA Inc, que concentra las donaciones más importantes, “un recordatorio de que el presidente sigue siendo la principal fuente de poder del partido [republicano]. Y se lo ve renuente a compartirlo. MAGA Inc gastó apenas 2,3 millones de dólares, el 0,6% de sus recursos, en ayuda a candidatos republicanos. ‘Puedo gastar ese dinero en lo que se me dé la gana’, se jactó Trump hace poco” (“The Republican’s money problema”, TE 9513, 22-8-2026). Esta situación de virtual extorsión político-financiera por parte de Trump sobre el conjunto de los candidatos oficialistas está generando un cada vez mayor, aunque por ahora sordo, resentimiento en las filas de los republicanos no MAGA.

[7] No nos detendremos aquí en otras derivas como la completamente xenófoba, paranoica y fascistoide campaña del Partido Republicano contra la “islamización de Texas” (!!). En la línea del ultraderechista Charlie Kirk, asesinado el año pasado, que sostenía que “no se puede tener libertad sin una población cristiana” –ideas como ésa le valieron póstumamente la Medalla de la Libertad (¡no de pensamiento, seguramente!)–, la legislatura de Texas votó que se desplieguen los Diez Mandamientos en las aulas de todas las escuelas. Los intentos del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas por abordar la situación le valieron ser apostrofadas por el gobernador Greg Abbott como “organización terrorista”. En Texas, la islamofobia degeneró directamente en persecución religiosa abierta.

[8] Al respecto, esperamos proceder con más seriedad que The Economist, cuyo columnista especializado en EEUU (hermano del senador demócrata por Colorado Michael Bennett) no tuvo mejor idea que comparar a DSA con… el entrismo en el Partido Laborista británico de la organización trotskista Militant en los años 80, avasallando infinidad de diferencias de contexto, de criterios ideológicos y de los simples hechos.