Por Heidy Valencia, Nuevo Partido Socialista de Costa Rica

En los últimos meses, el gobierno de “unidad nacional” encabezado por Piza-Alvarado reveló su careta más neoliberal, anti-sindical y represora. En una coyuntura de gran polarización ante el déficit fiscal y la respuesta de la jauría neoliberal, la lucha contra el plan fiscal reflejó una agudización de la lucha de clases histórica para el país. Por un lado, se realizó la huelga del sector público más extensa en la historia de Costa Rica. Por otro lado, la burguesía cerró filas para que el déficit recayera sobre la clase trabajadora a través de más impuestos, según los lineamientos del FMI. No obstante, ese capítulo tuvo un desenlace desafortunado, el plan fiscal fue aprobado debido a que la lucha se mantuvo muy contenida por las burocracias sindicales, quienes siempre apostaron al diálogo y no a derrotar el ajuste a través de métodos de lucha radicales.

A pesar de que la huelga resultase derrotada, introdujo elementos de crisis para el gobierno porque paralizó durante varias semanas servicios claves del sector público como lo son: salud, combustibles, telecomunicaciones y educación, entre otros. En ese sentido, aunque no se logró torcerle el brazo al gobierno del PAC y demás partidos patronales, sí les generó conflicto el que la clase trabajadora del sector público paralizara servicios y tomara conciencia de que se trataba de un ataque de los de arriba contra los de abajo, es decir, el movimiento huelguístico abonó de manera elemental a la conciencia de clase. Este escenario es sumamente riesgoso para la burguesía porque puede derivar en mayor radicalización que perturbe sus negocios y el flujo de capital. Por ese motivo, hubo muchos ataques e intentos de criminalización de la huelga, incluso estos no se detienen.

Esta huelga reviste una ruptura en el ambiente político del país en los tiempos de gobierno PAC. Resultó ser una huelga anómala ya que rompe la lógica de lucha gremial y asume una lucha política. Es así que, tras su derrota las consecuencias se están procesando de una forma más política, concretamente con la aprobación del plan fiscal ajustador y las medidas antisindicales planteadas en la Asamblea Legislativa.

En esta nueva coyuntura post-huelga, la burguesía del país se posicionó a la ofensiva porque logró llevar adelante el plan fiscal. Ahora, tiene ventaja para continuar los ataques dirigidos a las pensiones, al empleo público y a la libertad sindical. Así las cosas, el ataque en curso consiste en eliminar en los hechos el derecho a huelga para garantizar la tranquilidad de los sectores empresariales y la burguesía durante el avance en los recortes y la reducción del Estado.

Desde octubre del año pasado (con la huelga aún en curso) el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides presentó el “Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Este proyecto, que pasaremos a detallar, procura derrotar al movimiento sindical costarricense y eliminar el derecho a huelga de la clase trabajadora. En síntesis, el plan de la burguesía -en sintonía con el giro reaccionario internacional- consiste en eliminar derechos democráticos para poder llevar a cabo recortes en detrimento de la clase trabajadora y los sectores populares.

Amenazas del “Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”

Como se mencionó anteriormente, la gravedad del proyecto de ley que se encuentra actualmente en la corriente legislativa (con una vía rápida aprobada en diciembre pasado) radica en que sus alcances son nefastos para el movimiento sindical y la clase trabajadora, o sea, contiene medidas que son abiertamente anti-sindicales. Entre ellas, enumeramos, a modo de síntesis:

1. Celeridad en las notificaciones judiciales (a los sindicatos) relacionadas con la huelga. Además, los jerarcas de las instituciones públicas deben solicitar inmediatamente la calificación de la huelga en los servicios esenciales.

2. Disolución de sindicatos en caso de organizar o incitar la restricción de la libertad de tránsito, sabotaje a bienes públicos o conducta que comporte ilícito penal.

3. Prohibición de huelga en servicios esenciales, por lo que, no se procede a calificación. Los juzgados de trabajo y la Procuraduría General de la República pueden notificar para demandar la reincorporación en un plazo de 24 horas.

4. Rebajo de salarios -en caso de una declaratoria de ilegalidad de la huelga- será retroactivo desde el momento en que el patrono solicita la declaratoria, es decir desde el primer día de huelga.

5. Suspensión de huelgas declaradas legales si después de 8 días no hay acuerdo entre patronos y trabajadores. La patronal debe solicitar la suspensión que será dictaminada por un juez.

6. Plazo de 24 horas para la sentencia que califica las huelgas en el sector público, en el caso donde la huelga es legal, es decir, en servicios no esenciales.

7. Plazo de dos días para presentar apelación de la calificación de la huelga y un máximo de 48 horas para que el Tribunal de Apelaciones resuelva.

En resumen, este proyecto de ley refleja, a grandes rasgos, los intereses de la burguesía y los sectores empresariales, quienes contemplan el derecho a huelga y la libertad sindical como un obstáculo para profundizar el ajuste, la explotación y en general las medidas capitalistas.

El proyecto –que además es un adefesio jurídico– incluso va en contra de la normativa internacional y la jurisprudencia al prohibir de hecho a huelga en el sector público, calificando casi la totalidad de funciones del Estado como servicios esenciales y dejando abierta la posibilidad de interpretación de los jueces sobre qué califica o no en esta categoría. Según la OIT, los servicios esenciales son aquellos estrictamente necesarios para no poner en peligro la salud o la vida de las personas, además no establece una prohibición absoluta sobre ellos sino parcial mientras existan planes de contingencia.

Ciertamente, el gobierno del PAC no es quien presenta el proyecto de ley, incluso puede que tenga ciertas reservas o matices, pero, sin duda alguna, más allá, de los cambios que puedan proponer al texto sustitutivo, apoyarán el proyecto porque se identifican con el espíritu de esta ley, así lo demostró el gobierno con todos los ataques a la huelga y su criminalización, se impuso sin ningún apoyo social a la voz de la clase trabajadora y los sectores populares que se tomaron durante semanas las calles del país exigiendo que paguen los de arriba, los grandes evasores y no el pueblo trabajador. En conclusión, el gobierno y sus políticas anti-sindicales son responsables de esta arremetida contra el derecho democrático a la organización sindical y a ejercer la huelga.

La situación actual del movimiento sindical y el rol de las burocracias sindicales

Un elemento característico del movimiento sindical costarricense y el modelo sindical vigente desde hace décadas es que sus acciones se restringen a ser defensivas ante medidas económicas gremiales, por ejemplo, aumentos salariales. Sin embargo, tuvo un rol en la lucha contra el TLC con EEUU que le dio cierto protagonismo, previo a eso, en la lucha contra el Combo ICE en el 2000. Es decir, se involucró activamente en dos luchas que pusieron en jaque la profundización del neoliberalismo en el país.

Posterior a la derrota de la lucha contra el TLC, el movimiento sindical se involucró hasta ahora en una lucha que trascendió el espectro sindical y se convirtió en una lucha política de los arriba contra los de abajo. No obstante, la gran limitante del movimiento sindical son las burocracias sindicales que están al frente, quienes adoptan métodos que no son democráticos ni combativos, por el contrario, tienden a imponerse sobre las bases y a buscar la conciliación.

En el caso de la pasada huelga contra el plan fiscal, las burocracias sindicales tuvieron que lanzarse a un movimiento huelguístico debido a la presión que se generó desde las bases, pero arrancaron este movimiento sin ningún plan de lucha previamente discutido y avalado democráticamente por las bases. En este sentido, evidenciaron que sus intereses son sentarse a dialogar con el gobierno para buscar ciertas migajas, en lugar de apostar a la lucha callejera con métodos contundentes y radicales que generen presión y derroten las medidas de ajuste.

Este balance del rol de las burocracias sindicales no solo es necesario para rememorar la huelga y sus enseñanzas, sino también para comprender su rol de dique de contención de las luchas sociales. Esto adquiere particular relevancia porque en la actual coyuntura caracterizada por la arremetida burguesa, las burocracias sindicales continúan apostando al diálogo y la concertación como respuesta ante los ataques.

Entonces, cabe la caracterización de las burocracias sindicales como organizadoras de derrotas porque se apegan a la institucionalidad y la legalidad para contener cualquier intento de radicalización de las bases que luchan contra los planes del gobierno y la burguesía.

Por eso, una de las grandes lecciones tras la huelga contra el plan fiscal se resume en desbordar desde las bases a esas direcciones sindicales que sin orientación política ni método democrático y confiando de la institucionalidad burguesa definen acciones cuyo objetivo es conciliar y no combatir. Aunado a esto, se plantea una tarea histórica de la izquierda revolucionaria en unidad con activistas sindicales: reemplazar a esas burocracias pusilánimes para posicionar a luchadores y luchadores con conciencia de clase.

El Frente Amplio: una “oposición” que forma parte del gobierno

El partido Frente Amplio, el mayor referente de izquierda a nivel nacional, aceptó formar parte del gobierno del PAC por medio de Patricia Mora (expresidenta del FA) como Ministra de la Condición de la Mujer, ante lo cual se posiciona como un partido colaboracionista con el gobierno del que forma parte. Por eso, su táctica frente al ajuste consiste en disociar burdamente las acciones de Patricia Mora y José María Villalta.

Por un lado, Villalta asume un rol de opositor parlamentario, es decir, en la Asamblea Legislativa su gestión se dirige a frenar las medidas de ajuste del gobierno y la burguesía, pero se restringe a la labor parlamentaria, por lo que no se involucra con movimientos sociales para apoyarse en estos y hacer un llamado a la movilización contra esas medidas. Además, en varias ocasiones su orientación política es más bien desmovilizadora, como durante la huelga contra el combo fiscal cuando su llamado era a deponer la huelga, en lugar de fortalecerla y profundizarla para derrotar el combo fiscal.

Por otro lado, Patricia Mora, en cuanto ministra, forma parte del gobierno más neoliberal, anti-sindical y represor de las últimas décadas. Por ese motivo, se abstiene de referirse públicamente en oposición a las medidas de ajuste que implementa el gobierno de “unidad nacional”.

Esta táctica de la cúpula del FA no solo es desmovilizadora, sino también cómplice ante las atrocidades del gobierno. Por ejemplo, Villalta votó favorablemente el presupuesto ajustador que presentó Alvarado y las modificaciones impulsadas por la bancada cristiana que recortó¢10 mil millones a la educación superior pública. En momentos de lucha social y crisis, el FA podría aportar al debilitamiento del gobierno por medio de la renuncia de Patricia Mora, pero no lo ha hecho porque pretende posicionarse como el partido progresista con su labor en el INAMU, que hasta el momento no ha dado réditos ni ha logrado ninguna conquista para el movimiento de mujeres.

Por todo lo anterior, insistimos en que, el FA sería de mayor utilidad para las luchas sociales contra el ajuste a la clase trabajadora, si rompiera con el gobierno y renunciara Patricia Mora de su puesto, en ese caso, sumándose a luchar en las calles, junto a las bases del FA donde hay compañeras y compañeros valiosos con los cuales hemos coincidido en diversas luchas. No obstante, esta no es la posición de la dirigencia del FA, por lo que, en esta coyuntura de ataques a la clase trabajadora y al derecho a la huelga, no son un punto de apoyo para enfrentar al gobierno y la arremetida neoliberal. Sin embargo su posición actual está completamente posicionada a la derecha siendo una “oposición responsable” que ayuda a la gobernabilidad. Es así que no es una alternativa para la clase trabajadora, las mujeres y la juventud por lo que es necesario construir una nueva opción política socialista a nivel nacional para enfrentar los ataques de la burguesía, tarea a la que el NPS esta dirigiendo sus mayores esfuerzos.

¿Cómo enfrentar el ataque al derecho a huelga?

A partir de la heroica huelga contra el plan fiscal, una de las conclusiones que se desprenden es que la clase trabajadora del sector público puede tener una gran fuerza en las calles, que con esa fuerza se pueden derrotar los ataques del gobierno, pero con una orientación política que no están aportando ni las burocracias sindicales ni el FA. Además, que confiar en la institucionalidad y legalidad no permite el fortalecimiento y victoria de la lucha. Por último, si el sector público permanece aislado del sector privado, la división es un enorme obstáculo para la lucha porque no se paraliza la producción nacional y no se involucra al grueso de la clase trabajadora del país.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) consideramos necesaria la formación de una Coordinadora Nacional de lucha por la defensa de la libertad sindical. Este espacio abierto y democrático, aglutinador de todos los sectores en lucha, entre ellos: sindicatos, estudiantes, mujeres, ambientalistas, trabajadores del sector privado y organizaciones de izquierda; debe perfilarse como un espacio unitario para discutir sobre la alarmante situación nacional y definir un plan escalonado de lucha para derrotar en las calles el nefasto proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.

También, es indispensable para defender la libertad sindical incorporar por todos los medios (con una orientación política desde los sindicatos del sector público) a trabajadores y trabajadoras del sector privado, quienes componen el 86% de la clase trabajadora del país. Para ello, un elemento destacable en el marco de la pelea por el derecho a huelga, es la defensa del derecho a la organización sindical en la empresa privada, esto con el fin de dirigir una lucha que rompa la dictadura de las patronales, puesto que los patronos violan sistemáticamente los derechos laborales contemplados en el Código de Trabajo.

Por todo lo anterior, desde el NPS insistimos en que esta lucha es clave para evitar un aplastamiento de la clase trabajadora y el movimiento sindical. Por eso, proponemos enfrentar la arremetida burguesa contra el derecho a huelga con un amplio movimiento nacional de todos los sectores sociales, con organización en los centros de estudio y de trabajo, combinado con trabajo permanente y sistemático de volanteadas sobre la empresa privada, para impulsar una huelga intermitente con acciones semanales coordinadas a nivel nacional y un plan escalonado de lucha adoptado por asambleas amplias que preparen una huelga con anticipación a la votación de la ley que derrote en las calles este ataque al derecho democrático de la clase trabajadora, puesto que es esencial como método de lucha para defender y exigir sus derechos.