Llegó el invierno y, con él, el ajuste del gobierno de Milei y los gobernadores se hizo carne en las tarifas de luz y gas. Tarifas que vuelan mientras los salarios andan en carreta. Distintas localidades del interior del país están siendo foco de protestas contra los tarifazos, principalmente del servicio eléctrico, y los cortes de suministro por falta de pago.

No es ninguna novedad el carácter regresivo en materia de consumo que significa el gobierno de Javier Milei, al que no se le quedan atrás los distintos gobernadores, entre ellos el gran “opositor” Axel Kicillof, que anuncia que se opone al ajuste del gobierno nacional mientras aprueba aumentos en los cuadros tarifarios para las empresas energéticas que operan en la provincia de Buenos Aires.

Las tarifas tienen un aumento acumulado, de diciembre del 2023 a agosto del 2026, que van desde el 260% en materia de electricidad hasta más del 680% en el rubro de gas, dependiendo de las regiones y los operadores; todo esto, frente a salarios que apenas superan la línea de la indigencia y que a duras penas pueden alcanzar la línea de la pobreza. El salario mínimo vital y móvil, establecido por decreto en $372.400 (3/4 partes de la canasta básica total de un adulto), registra un aumento del 138% en el mismo período.

Se cae de maduro que las condiciones de vida de la población están cada vez peor, y estos nuevos tarifazos no hacen más que agravar la situación. A esto se le suma que las empresas de servicios públicos están utilizando nuevos métodos para calcular el consumo energético, como la instalación por parte de EDEA, de forma compulsiva, de medidores digitales en la costa bonaerense.

Vecinos de distintas localidades del Partido de la Costa, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata (Partido de General Pueyrredón) denuncian que las facturas de luz aumentaron más de un 600% entre los últimos dos períodos, con ejemplos irrisorios de boletas que superan los $600.000 o los $900.000, resultando impagables para cualquier trabajador/a y ni hablar de los/as jubilados/as. Esto se ve agravado con la problemática del acceso a la red de gas, debido a la falta de inversión por parte de las empresas distribuidoras, como Camuzzi Gas Pampeana, y el Estado provincial. Así, miles son empujados a la utilización de garrafas, más caras que el servicio de red, o de sistemas de calefacción eléctricos que son mucho menos eficientes y con un consumo energético más elevado. Desinversión y tarifas siderales, un combo perfecto para ganancias desproporcionadas.

No es un dato menor que el gobierno nacional haya conseguido media sanción a la modificación de la ley de Zona Fría que estipula reducirla solo a Patagonia y la Puna, lo que provocará una nueva ola de tarifazos en distintas regiones del país, principalmente en el rubro del gas. Todo esto en un contexto en el que aumentan las exportaciones de Gas Natural Licuado, mientras se corta el suministro por falta de presión en diversas zonas del país (si es que tienen acceso a la red de gas).

Cientos de vecinos autoconvocados se movilizaron hacia las oficinas de las empresas de distribución eléctrica, demostrando el malestar ante la situación, y consiguiendo que las compañías suspendan, aunque sea de forma temporal, los cortes de suministros por falta de pago. Al momento no hay soluciones propuestas ni por el Estado Nacional, ni la Provincia, ni los municipios; lo cual no hace más que aumentar la bronca, ya que los/as trabajadores, jubilades y sectores populares deben elegir si pagar los servicios o comer, una muestra más del salvajismo del capitalismo del siglo XXI.

Es necesario, por lo tanto, que las empresas de distribución y suministro de servicios energéticos sean estatizadas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios/as. A su vez, debe haber un plan de inversiones nacional para garantizar dichos servicios en todas las localidades y poblados del país, derribando la brecha de acceso. Por último, y no menos importante, la retracción de los aumentos en los servicios públicos para que el acceso a la energía sea un derecho y no un lujo.