El proyecto de presupuesto nacional 2025, presentado por Milei, profundiza el desmantelamiento educativo iniciado en 2024 con una reducción del 40%, lo que ha representado un duro golpe al sistema educativo y científico del país. El artículo 27 de este presupuesto suspende la obligación de cumplir con el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional y afecta leyes como la 26.206 de Educación Nacional, la 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, la 26.058 de Educación Técnico Profesional y la 27.565. del Fondo Nacional de Defensa.
Esta suspensión implica que el Estado deje de invertir el 6% del PBI en educación, el 0,45% en ciencia y tecnología y el 0,2% en educación técnica (ya incumplido durante el año), lo cual profundizará aún más la crisis educativa. En este contexto de ataque, el Gobierno de Llaryora actúa en complicidad gestionando estos recortes educativos y que hoy pone en jaque a las escuelas técnicas de la provincia con la Resolución N° 380 en Córdoba, limitando las posibilidades de formación y desarrollo profesional de las y los estudiantes, así como su proyección futura, dado que es un puntapié esencial para su incursión en el mundo laboral.
A principios de año, el gobierno provincial lanzó una ofensiva intentando cerrar decenas de cursos en toda la provincia, bajo la excusa de que estos no contaban con la cantidad mínima de estudiantes requerida. Muchos de esos cursos fueron cerrados, dejando a docentes en disponibilidad y con un futuro incierto, y la mayoría probablemente perderá horas que les correspondían.
Sin embargo, algunas escuelas lograron frenar esos cierres, especialmente en la capital provincial, donde la docencia se organizó mediante asambleas, medidas de visibilización junto a la comunidad educativa y con el apoyo de UEPC Capital.
Ahora, cerca del final del ciclo lectivo, el gobierno de Llaryora, a través de la resolución ministerial N° 380 de educación, ha anunciado que las escuelas técnicas podrán optar por emitir títulos de bachiller a los alumnos que hayan completado hasta el sexto año, evitando así finalizar los siete años que requiere la Modalidad Secundaria Técnico Profesional. En la resolución figura que esto solo afectaría a unas escuelas en particular del interior provincial.
Lo que no se menciona en la resolución, pero sí se ejecuta mediante presiones a las direcciones y al personal de las escuelas, es que, a pesar de que la normativa habla de «optar por otorgar un título de bachiller», en los hechos se busca transformar las escuelas técnicas en bachilleratos, degradando el perfil técnico de las IPET. El objetivo del gobierno es claro: reducir la planta docente, dejando sin trabajo a todos los docentes del séptimo año, junto con los cargos de taller de especialidades como los Maestros/as de Enseñanza Práctica (MEP) y otros cargos específicos que son esenciales para la formación de técnicos/as profesionales.
Otro anticipo de esta medida fue la llamada “consulta popular” realizada a principio de año, tratando de disfrazar de democrática una medida completamente arbitraria y decidida desde arriba. En la docencia sabemos perfectamente que para el gobierno de Llaryora somos convidados de piedra. No queremos dejar de mencionar el rol de la conducción de UEPC provincial, es completamente cómplice del llaryorismo ya que no hace ninguna denuncia, se limita a repetir que la medida solo afecta a algunas escuelas y no hace ninguna advertencia sobre la reforma educativa ni tampoco un llamado a estar atentos contra la misma.
La resolución provincial justifica su accionar con una normativa del Ministerio de Educación de la Nación, que otorga validez nacional a los títulos de bachiller. Como viene demostrando, Llaryora es el mejor alumno de Milei, aplicando al pie de la letra la política de recorte, primero contra los trabajadores del Estado y en la educación. El cierre de cursos y el cambio de especialidades en las escuelas técnicas no tienen nada que ver con una mejora pedagógica o educativa. Son, simplemente, un recorte de presupuesto, un ajuste en la planta laboral y una mercantilización de la educación.
Recordemos como fue con el “nuevo régimen académico “, una reforma educativa, también disfrazada de democrática, dónde se presionaba para obtener el consentimiento de los establecimientos antes de aplicarlo, pero que finalmente se impuso en todas las escuelas, y dónde se comprobó que el punto principal era la precarización de la planta docente, con las tutorías y la sobrecarga laboral. ¿Hubo acaso una mejora pedagógica con el nuevo régimen? ¿Se vio reflejado alguna mejora en infraestructura o inversión en las escuelas? La respuesta es NO para ambas preguntas.
Es por estas experiencias que sostenemos que la resolución se trata de un ataque a toda la población que busca la formación en escuelas técnicas, que tanto valoran por la calificación que otorgan a los estudiantes. Esta reforma educativa provincial coincide con el veto de Milei al presupuesto educativo para las universidades.
Para los verdaderos problemas no hay soluciones
Por otro lado, si analizamos las condiciones de las escuelas, los salarios docentes, las jubilaciones y el desfinanciamiento de las modalidades especial, los cierres en hospitalaria y domiciliaria, junto a la técnica, queda claro que el gobierno no tiene intenciones de dar soluciones. Lo mismo advierten en las escuelas iniciales y primarias, las escuelas siguen en el abandono, con techos y paredes que necesitan reparaciones urgentes que nunca llegan, con bancos, computadoras, sillas, herramientas y otros elementos que faltan porque no hay la mínima inversión, ni siquiera para mantenimiento.
Muchas aulas y talleres de las escuelas se transformaron en verdaderos depósitos de basura, dónde acumula elementos dañados y obsoletos pero para los cuales no hay recursos para desecharlos o repararlos, y estudiantes y docentes terminan conviviendo con esta contaminación en las aulas. Además, el gobierno ha ido eliminando cargos como ayudantes técnicos, bibliotecarios, ayudantes de laboratorio, entre otros, dejando vacantes que no se cubren, lo que genera huecos en la educación de los estudiantes. Al mismo tiempo, aumentaron el tope de horas para los docentes de nivel medio a 36 horas semanales, enviando un mensaje claro: menos docentes trabajando más horas por el mismo salario.
Por todo esto, desde la Agrupación Docente Carlos Fuentealba rechazamos el cierre de las escuelas técnicas y la reforma educativa tanto nacional como provincial. Nos tenemos que unir a los estudiantes que están tomando las facultades contra el veto de Milei al presupuesto universitario, y unirnos también a los petroquímicos de Río Tercero, que están luchando contra el cierre y los despidos de la planta. Llamamos a que UEPC convoque un paro provincial por la reapertura de paritarias y que organice asambleas para que la docencia pueda definir un plan de lucha contra los ataques del gobierno. La conducción celeste de la UEPC no puede seguir demorando el llamado a elecciones de delegados, particularmente en los niveles inicial y primario, donde muchas escuelas nunca tuvieron representación sindical y ahora están ávidas de tener una delegada para enfrentar los ataques del gobierno. Desde nuestra agrupación, nos ponemos a disposición para organizar estas elecciones y ayudar a la docencia a organizarse en sus escuelas, en defensa de la educación pública y de nuestros derechos.