Criminalización a la lucha estudiantil

    Córdoba: Avanza el juicio reaccionario a 27 estudiantes por la lucha de 2018

    La justicia federal y el gobierno avanzan con la criminalización a la lucha estudiantil y confirman el juicio oral y público a 27 estudiantes de la UNC por la lucha de 2018.

    Franco Bergero (estudiante procesado de la UNC) y Malena Theremin

    El pasado 20 de abril el Juzgado Federal de Córdoba ratificó la elevación a Juicio, solicitud presentada en febrero.[1] Esta última resolución se trata de una respuesta a un recurso legal presentado por una de las tantas defensas que toma la causa de lxs 27 estudiantes. Aunque aún falten algunas resoluciones burocráticas (por ejemplo, la definición de la fecha del juicio), los ritmos que maneja el juzgado para llevar adelante esta escandalosa judicialización dan la señal de que en los próximos meses se concrete. Esto confirma lo que veníamos sosteniendo, desde el principio la intención política es la de enjuiciar a lxs 27 estudiantes de la UNC para dejar un claro mensaje aleccionador. Se trata de un ataque completamente reaccionario y antidemocrático que pretende amedrentar a quienes nos organizamos en la Rebelión Educativa del 2018.

    Recordemos que esta enorme pelea estudiantil recorrió el país con más de 50 universidades tomadas, en apoyo a la huelga salarial docente y por aumento presupuestario, por condiciones dignas de cursada (como becas y recursos para quienes lo necesitan o el agua potable en los pabellones), por políticas de género, contra el recorte al alcance de nuestros títulos y contra la avanzada mercantilista y privatista de la educación pública.

    La causa judicial se inició bajo el gobierno de Macri, con el ministro de educación Finocchiaro que exigía el desalojo de la toma del Pabellón Argentina y el aleccionamiento a lxs estudiantes. Pero actualmente la causa no sólo continúa sino que se profundiza. Queremos ser claros, el actual gobierno de Alberto Fernandéz y su Ministro de Educación Trotta, junto a las diferentes autoridades educativas, están llevando adelante un monumental ataque a la educación en todos los niveles. Y que este juicio sea en este contexto no es una casualidad: quieren tener con la cabeza gacha al movimiento estudiantil. Así fue que cuando Alberto Fernández ganó las PASO en 2019, la causa estaba en etapa de Imputación, por realizarse una Audiencia para que las defensas presentaran sus alegatos. Meses después, con la confirmación de la orientación política del gobierno, la Audiencia se canceló, pasando directamente a la etapa de Procesamiento, y hoy ya estamos frente a un Juicio. Los tiempos de la causa bajo el actual gobierno fueron muy veloces, lo que confirma la intención de criminalizar la protesta educativa.

    La causa avanza al ritmo del ataque a la educación

    Estamos cursando el 2° año de pandemia y el ataque a la educación pública se profundiza. La política del gobierno, tanto para la modalidad virtual como semi-presencial, es recortar el presupuesto educativo. No se garantizan dispositivos, conectividad e insumos para garantizar la virtualidad, ni se acondicionan los establecimientos educativos y se contrata más personal docente y de limpieza para garantizar una presencialidad segura. El planteo de una virtualidad perpetua para nivel superior es un ataque tanto al derecho a la educación (los procesos de enseñanza/aprendizaje son necesariamente sociales) como al movimiento estudiantil, que en la atomización y aislamiento ve obstaculizada la posibilidad de organizarse políticamente. Es decir, el gobierno, al tiempo que ataca la educación pública superior, desactiva a uno de los movimientos más dinámicos y contestatarios de la sociedad. Esto explica el veloz avance en el juicio a lxs 27 estudiantes, que sirve al gobierno como herramienta de disciplinamiento al conjunto del movimiento estudiantil, precisamente en el momento en que se empiezan a ver elementos de hartazgo e inquietud entre lxs estudiantes por otro año de ataque al derecho a cursar.

    ¿Qué hacen las autoridades universitarias ante el juicio?

    Juri y Yanzi, el gobierno del Rectorado en 2018, siguen siendo rector y vicerrector. Forman parte del radicalismo universitario (Juri fue ministro de educación de De La Rúa), con fuertes lazos con el Opus Dei y los sectores más reaccionarios.[2] Estos macabros personajes fueron los encargados de entregar los datos de lxs 27 estudiantes a la Justicia Federal y de impulsar su criminalización. Por otro lado se encuentra la principal oposición: la lista VAMOS, que es el sector ligado al actual gobierno nacional. Las facultades que están bajo su gestión son las que tienen a la mayoría de lxs estudiantes procesadxs. La paradoja del asunto es que el Juez Federal a cargo es Hugo Vaca Narvaja, representante de la Mesa de trabajo por los DD.HH Córdoba, que llevó adelante la Megacausa de La Perla.[3] Es decir, el Juez y VAMOS pertenecen a un mismo espacio político.

    Mirá también:  Tomas de facultades | Hoy, un día clave para poner en pie la rebelión educativa

    Mientras que el oficialismo de la UNC es abiertamente reaccionario, VAMOS representa al progresismo social-liberal, que discursivamente levanta la bandera de la educación pública. Pero, si bien estos sectores son oposición, coinciden en garantizar el ataque a la misma, tanto por acción u omisión, y para eso necesitan la pasividad del estudiantado. Desde que inició la causa, poco y nada han hecho contra este avance.

    En las últimas semanas, los decanatos del ala VAMOS ante el inminente juicio han difundido virtualmente pronunciamientos contra el mismo. Esta campaña superficial de algunas de sus facultades resulta insuficiente, ya que, la difusión no ha sido masiva y tampoco han generado espacios de debate y organización del conjunto de la comunidad, ni convocado a acciones en repudio. Paralelamente, están llevando adelante una maniobra totalmente repudiable. En pacto con Vaca Narvaja, lxs decanxs se comunican individualmente con lxs estudiantes procesadxs de sus unidades académicas para aconsejar la figura legal del Probation. Esta figura implica que lxs procesadxs asuman el delito, es decir se declaren culpables, y de esa forma se evita el juicio y el antecedente. En términos concretos, esto significa que lxs estudiantes asuman que la defensa de la educación pública es un delito y que además, “para demostrar su buena conducta” se les embargue $50.000 a cada unx por los supuestos daños realizados en la toma y realicen horas de trabajo comunitario. En síntesis, VAMOS hace una maniobra para no sufrir el costo político del juicio (tanto por el Juez como por sus Decanatos) pero sí quiere la criminalización y el aleccionamiento a lxs estudiantes.

    ¿Y la FUC? ¿y los gremios estudiantiles?

    Por otro lado, similar a la conformación del rectorado, la presidencia de la FUC (Federación Universitaria de Córdoba) está en manos de la Franja Morada (radicalismo) y la secretaría general en manos de La Bisagra (kirchnerismo). También se reparten la conducción de la mayoría de los centros de estudiantes. Son agrupaciones estudiantiles que cumplen un rol meramente administrativo como extensión de la gestión, ninguna ha hecho nada ante el juicio. Hay que esforzarse mucho para encontrar algún que otro pronunciamiento, todos ya vencidos porque no hacen eco de la nueva situación de elevación a juicio. Si desde que arrancó la causa en 2018 no convocaron a asambleas, marchas o alguna instancia para que el estudiantado se informe, debata y organice, la actual pandemia les vino como anillo al dedo para desmantelar los espacios de organización estudiantil.

    Es vergonzoso que ante esta histórica judicialización, estas agrupaciones que se llenan la boca hablando de la Reforma del 18, la autonomía universitaria, el cordobazo y la pelea de los organismos de DDHH contra la dictadura, no muevan un dedo, ninguneen e incluso metan palos en la rueda para la organización de la necesaria lucha en respuesta a este ataque. De este modo, nos encontramos con lxs estudiantes de 1° y 2° año que desconocen por completo la situación, no saben cómo aportar a esta pelea y su intervención es limitada por las conducciones burocráticas de los centros de estudiantes.

    ¿Cómo enfrentamos este ataque?

    Nuestra propuesta desde un principio fue organizar una contundente respuesta en la calle en donde el movimiento estudiantil tome en sus manos esta pelea como propia, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, partidos políticos, movimientos sociales, etc. Así fue que desde el espacio de la Asamblea Interfacultades, el organismo protagónico de la Rebelión Educativa en Córdoba, participamos consecuentemente y apostamos a organizar diferentes acciones callejeras contra la judicialización como así también medidas para visibilizar los reclamos estudiantiles. Gracias a esto, el año pasado pusimos en pie una gran marcha por el desprocesamiento en un aniversario de la Noche de los Lápices.[4]

    Contrariamente, las fuerzas que integran el FIT-U no han apostado ni al estudiantado ni a la movilización callejera. Desde intentar crear organismos paralelos, con políticas despegadas del activismo. O llevar al ámbito legislativo los reclamos con campañas mediáticas, reemplazando la importancia de organizar al movimiento estudiantil.

    Mirá también:  8 de Marzo en Córdoba

    En relación al avance del juicio plantearon  un plan de solicitar la elaboración de un Amicus Curiae[5] a los decanatos de las facultades, en abierta contraposición a la organización de acciones en la calle, tal como la próxima marcha. Iniciativa a la que Vaca Narvaja se negó y no se pudo realizar.

    Pero esto no se entiende sin una discusión que entendemos que es central. La responsabilidad política del gobierno en el avance del juicio fue la consigna que sistemáticamente se negaron a incluir en las convocatorias. El PTS planteó que encabezar la movilización o juntar firmas, denunciando la responsabilidad del gobierno y la justicia era un error porque el gobierno no tenía responsabilidad directa en esto y, lamentablemente, todos los partidos del FITU, excepto el PO, votaron a mano alzada que no esté en la barredora la consigna “el gobierno y la justicia son responsables”.

    Desde el Ya Basta creemos que las acciones no pueden ser la campaña por la campaña, sino que deben estar al servicio de instalar y fortalecer la movilización en la calle[6]. Tampoco aportan a que el conjunto del movimiento estudiantil entienda que este juicio es político y también lo serán sus consecuencias, en el marco de un brutal ataque a la educación pública.

    Qué lxs estudiantes tomen en sus manos esta pelea en las calles

    Desde el Ya Basta!, como dijimos, venimos apostando a que esta pelea la tome en sus manos como propia el conjunto del estudiantado, ya que es un elemento más del ataque a la educación pública. Por eso en cada facultad que intervenimos hemos exigido a los centros de estudiantes que convoquen a asambleas generales, como logramos recientemente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que finalmente convocará a la movilización. Al mismo tiempo, consecuentemente hemos intervenido en la Interfacultades con la preocupación de que se organice una respuesta callejera ante el juicio con la necesidad de que esté ligada al ataque a la educación. Es por esto, que venimos impulsando reuniones organizativas llamadas desde la Asamblea Interfacultades para una gran movilización contra la judicialización. Semanas atrás se realizó la primera con un gran éxito y participación de más de 60 estudiantes y todas las agrupaciones estudiantiles independientes, como hace rato no sucedía. Saludamos al conjunto de las mismas que vuelven a intervenir a este espacio, porque la movilización es la herramienta principal que tenemos para derrotar este juicio. Acordamos con la necesidad de campañas mediáticas, junta de firmas y diferentes estrategias que visibilicen la situación, siempre y cuando éstas sean en función y ligadas al objetivo final: que el movimiento estudiantil gane contundentemente la calle, con todos los criterios sanitarios para torcerle el brazo a la justicia reaccionaria y defender nuestro derecho a la educación y la lucha.

    Por eso, vamos con todo este 13 de mayo a las 17HS en Colón y Cañada por la ¡ABSOLUCIÓN DE LXS 27 ESTUDIANTES PROCESADOS EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, EL GOBIERNO Y LA JUSTICIA SON RESPONSABLES!.

    Les invitamos a la charla-debate “¿Por qué quieren llevar a juicio a 27 estudiantes de la UNC? – La rebelión educativa del 2018 y los ataques a la educación pública hoy” el viernes 7/5 a las 17hs con Franco Bergero, estudiante procesado y compañero del Ya Basta, docentes de la UNC y el abogado Vasco Orzacoa para conocer a fondo el caso y organizar una enorme movilización.

     


     

    [1] https://izquierdaweb.com/cordoba-quieren-enjuiciar-estudiantes-por-las-tomas-del-2018/.

    [2] A finales del año pasado, estos sectores quisieron brindar reconocimiento como Profesores Eméritos de dos cómplices de la dictadura: José Palazzo y Jorge Edmundo Barbará.

    [3] https://izquierdaweb.com/la-sentencia-de-la-megacausa-la-perla-la-ribera/

    [4] https://izquierdaweb.com/cordoba-el-movimiento-estudiantil-marcho-pese-al-inmovilismo-de-la-fuc-y-los-centros-de-estudiantes/

    [5] El Amicus Curiae es un posicionamiento de personalidades de la sociedad que le expresan su visión al juzgado sobre determinada causa.

    [6] Dato de color: el vicedecano de la Facultad de Psicología, la mas grande de la UNC, es Raúl Gomez, figura del MST, quien no ha pronunciado ni una palabra ni organizado ninguna instancia en apoyo a lxs estudiantes.

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