La ley 26.657 fue sancionada en el año 2010 y es el resultado de un trabajo interdisciplinario que tuvo como objetivo avanzar en una perspectiva de Derechos Humanos en la atención a les usuaries de salud mental, en base a la presunción de capacidad de todas las personas, el abordaje en equipos interdisciplinarios, la incorporación de las adicciones y el uso problemático de sustancias como parte integrante de las políticas de salud. Además, plantea un cambio de paradigma en la atención vinculado a la desmanicomialización del sistema de salud: prohíbe la creación de nuevos manicomios públicos y privados, la adaptación de los ya existentes, y la incorporación de la atención de salud mental en los Hospitales Generales.

Una cuestión de presupuesto

Quienes sólo podemos gozar de los derechos que conquistamos luchando, sabemos que para que la LNSM se aplique, hace falta algo más: que el Estado ponga la plata. La 26.657 establece que el 10% del presupuesto para salud debe ser destinado a salud mental. Pero esto no es así. De hecho, desde su sanción al día de hoy, nunca superó el 3%. En 2022, fue del 1.47%. Y si tenemos en cuenta que, en lo que va del año, el Ministro de Economía Sergio Massa ya implementó un recorte de presupuesto a salud y educación a la orden de FMI,  y que el presupuesto presentado para 2023 estipula una inflación anual del 60% (40% menos que el índice actual), y un ajuste en materia de gasto público, el futuro para salud mental no se ve muy esperanzador.

El ajuste presupuestario se traduce en falta de personal de salud, precarización laboral con bajos salarios (como expresa la pelea que están dando les residentes en Ciudad de Bs As), incorporaciones bajo el régimen de monotributo, falta de reemplazo de los trabajadores que acceden a su jubilación y ausencia de concursos abiertos para el ingreso a planta permanente. Además afecta sensiblemente en materia de desmanicomialización. La LNSM plantea habilitar nuevos espacios que cuenten con equipos interdisciplinarios que den atención apropiada a las personas con padecimiento subjetivo, lo cual no está sucediendo. Desde el Colegio de Psicólogos de Córdoba, explican que se han cerrado pabellones en las instituciones psiquiátricas monovalentes y se han externado usuaries, pero no se han puesto en marcha los dispositivos sustitutivos necesarios.  Todo esto decanta en que no hay un real acceso al derecho a la salud mental.

La tónica en la provincia de Córdoba 

En Córdoba, en 2022 la crisis en salud expulsó al ministro Cardozo. El cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) de la noche a la mañana implicó el alta de pacientes, el traslado a instituciones que no estaban preparadas para recibirlos y la reubicación del personal. Este cierre no vino acompañado de la adecuación de hospitales generales para la atención en salud mental (como exige la ley).  Con esto, se puso aún más en evidencia el ajuste que se viene aplicando en la materia.  La misma Secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti, manifestó que no podía asegurar que el cierre del IPAD no fuera definitivo.

Hay además un abordaje represivo de las problemáticas de salud mental por parte de la fuerza policial cordobesa que quedó manifiesto en los casos de Jonatan Romo y Ezequiel Castro. Jonatan falleció por «asfixia mecánica producida por un tercero», un policía, en el marco de un procedimiento policial en el que estaba siendo detenido mientras atravesaba una crisis producto de su padecimiento mental. Ezequiel Castro murió luego de estar detenido, y pasar por el Centro Psicoasistencial (CPA) que depende del Ministerio de Salud de la Provincia en un episodio que las autoridades no logran explicar, ya que el propio Ezequiel indicó que sufrió torturas durante su privación de la libertad.

En una reciente nota publicada en La Voz del Interior, el Colegio de Psicólogos de Córdoba plantea: «Mientras se declama la transformación, se sostiene el modelo asilar y segregador», expresaron, al tiempo que agregaron: «Nos preocupan muy especialmente los graves casos de violencia institucional que han sucedido en los últimos meses, donde personas con problemas de salud mental, al no ser atendidas por servicios especializados, son reprimidas por la fuerza policial». En ambos casos hablamos de pibes que mueren en manos de la policía. Las familias exigen respuestas y sólo reciben silencio por parte de las autoridades responsables.

Hacia un nueva marcha por el derecho a la salud mental

En 2014 se realizó la primera marcha por el derecho a la salud mental y desde entonces se realiza todos los años. En ese primer año, se denunció la persistencia de prácticas discriminatorias y manicomiales, la excesiva judicialización de las problemáticas, la psiquiatrización de la pobreza, la ausencia de dispositivos no manicomiales, la inexistencia de mecanismos de control autónomos, la carencia de recursos y la vulneración de derechos en el sistema de salud mental a pesar de los entonces «nuevos» marcos normativos.

La realidad es que todos esos problemas que, además año tras año se van acumulando, tienen que ver con una cuestión política: la decisión de los gobiernos de no priorizar la salud mental. Mientras en las políticas nacionales y provinciales hay lugar para estatizar deudas privadas, dar vía libre a las industrias extractivistas para destruir el medioambiente en pos de la ganancia de unos pocos, reducir retenciones a los grandes productores del agro, subsidiar salarios a empresas gigantes durante la pandemia, dólar soja, etc,  para la salud y la educación sólo hay recorte y ajuste.  Esta situación de desfinanciamiento es más pronunciada aún porque el gobierno nacional del Frente de Todos insiste con destinar cada centavo a pagar al FMI, en lugar de invertirlo en las necesidades sociales.

Desde 2010 al día de la fecha la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental no fue posible por decisión y responsabilidad de los gobiernos nacional y provinciales. Esta Ley es una conquista que hay que defender y la pelea por su implementación está abierta.

La idea de que la salud mental está en crisis es palpable y está sobre la mesa. Lejos de naturalizar esta situación y siguiendo el ejemplo de la Marea Verde, de que  los derechos conquistados se defienden en las calles, desde nuestra agrupación estudiantil ¡Ya Basta! La Izquierda en Psico – UNC-, participamos de la organización del evento e invitamos a todxs a sumarse el próximo 11 de noviembre a la Novena Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba para exigir presupuesto ya para una efectiva implementación de la misma.