
Finalmente, Alberto Fernández decidió adecuarse al dictamen de la Corte Suprema y transferir los costos de coparticipación «aumentados» a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El lunes el presidente comunicó la decisión en un hilo de twits. Al mismo tiempo señaló que recusaría a los jueces de la Corte y enviaría un proyecto de ley al Congreso (a través de Sergio Massa) para estipular la presupuestación del aumento en la coparticipación de la Ciudad.
Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
El pago será realizado con bonos TX31. Se trata de bonos del Tesoro en pesos que pagan un 2,5% por encima del ajuste del índice CER. Estos títulos ya fueron utilizados para pagar una deuda nacional con el gobierno santafesino de Perotti.
Inicialmente, Fernández había calificado el fallo de la Corte como «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento» en un comunicado de la Presidencia.
COMUNICACIÓN
Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento ⬇️https://t.co/l7TFGKIHCU pic.twitter.com/CBXfonGBkG
— Casa Rosada (@CasaRosada) December 22, 2022
Buscó apoyó en los gobernadores del «PJ Federal» para rechazar el aumento de la coparticipación a CABA. Pero tal parece que el gobierno nacional ha perdido la pulseada.
Patricia Bullrich salió a festejar la adecuación de Fernández al fallo como «un triunfo político del Estado de derecho». En realidad se trata de un triunfo del macrismo sobre Fernández de cara a la carrera electoral del 2023.
A pesar de las prédicas sobre el respeto de la república, el federalismo y tantas otras cosas, la disputa por la cifra de la coparticipación de la Ciudad es puramente política. Y viene de larga data: Macri la aumentó durante su mandato, Fernández la redujo poco después de asumir.