Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a caer en julio y muestran una de las caras más concretas del modelo económico de Javier Milei: mientras el Gobierno reivindica la estabilización de algunas variables macroeconómicas, el consumo de las mayorías populares continúa deteriorándose.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% interanual en julio y acumularon una baja de 2,7% durante los primeros siete meses del año. La caída se produjo después de un junio que había mostrado cierta recuperación, impulsada en parte por el cobro del aguinaldo. Sin ese ingreso extraordinario, el retroceso volvió a hacerse visible.

El dato es importante porque el consumo no es una variable abstracta: expresa cuánto pueden comprar los trabajadores y sectores populares con sus ingresos. Y detrás de cada porcentaje aparecen familias que recortan gastos, postergan compras y resignan consumos que hasta hace poco formaban parte de su vida cotidiana.

Un mercado interno cada vez más debilitado

La caída fue prácticamente generalizada. De los siete rubros relevados por CAME, seis registraron bajas interanuales. Textil e indumentaria retrocedió 5,6%; bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cayó 5,5%; mientras que alimentos y bebidas descendió 5,4%.

El único sector que mostró una variación positiva fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con una suba del 1%.

El escenario vuelve a poner en discusión uno de los principales argumentos del Gobierno: que la desaceleración de la inflación permitiría una recuperación automática del poder adquisitivo. Pero que los precios aumenten a un ritmo menor no significa que los salarios hayan recuperado lo perdido.

El ajuste también se mide en las góndolas

La política económica oficial tiene un objetivo declarado: reducir el déficit, achicar el gasto público y avanzar hacia una economía con mayor protagonismo del mercado. Pero el costo social de esa orientación no aparece solamente en las cuentas fiscales. También aparece en las góndolas, en los comercios de barrio y en los ingresos familiares.

Cuando una familia deja de comprar ropa, cambia alimentos por opciones más baratas, posterga la compra de un electrodoméstico o elimina actividades recreativas, está absorbiendo individualmente el costo de una política económica que deteriora sus condiciones de vida.

El problema es todavía mayor porque el consumo interno constituye una parte fundamental de la actividad de miles de pequeñas y medianas empresas. Menos demanda significa menos ventas y menor capacidad para sostener trabajadores, alquileres y costos operativos.

Así se genera un círculo regresivo: la caída de los salarios reduce el consumo; la caída del consumo golpea a las pymes; el deterioro de la actividad amenaza puestos de trabajo; y la pérdida o precarización del empleo vuelve a reducir la capacidad de compra.

Los trabajadores están pagando el ajuste

Una de las claves para entender la economía bajo Milei es que no alcanza con saber si determinados indicadores crecen. Hay que preguntarse qué sectores se benefician de ese crecimiento y quiénes pagan sus costos.

El Gobierno puede exhibir recuperación en algunas ramas vinculadas a la energía, la minería, las exportaciones, el sistema financiero o determinados bienes durables. Pero eso no significa que exista una recuperación general de las condiciones de vida.

Una economía puede crecer mientras una parte importante de la población se empobrece. Puede aumentar la rentabilidad de determinadas empresas mientras cierran comercios pequeños. Puede crecer la actividad en sectores orientados al mercado externo mientras se achica el mercado interno. Con la apertura de importaciones, la industria nacional (la poca que todavía existe) penden de un hilo (y con ello el trabajo de cientos de miles de trabajadores y sus familias).

El problema no es simplemente que “bajó el consumo”. La cuestión de fondo es quién tiene capacidad para decidir qué se produce, para quién se produce y cómo se distribuye la riqueza social.

El ajuste no cae de la misma manera sobre todas las clases sociales. Para los grandes grupos económicos, la reducción de costos laborales, la apertura de determinados mercados, los beneficios fiscales y las oportunidades de negocios pueden significar mayores márgenes de rentabilidad.

Para los trabajadores, en cambio, el ajuste se traduce en salarios que no alcanzan, más horas de trabajo, endeudamiento y menor acceso a bienes y servicios. Para las pymes que dependen del mercado interno, significa vender menos y enfrentar una competencia cada vez más desigual frente a grandes cadenas y capitales concentrados.

Por eso la caída del consumo debe leerse como parte de una disputa social más amplia. El Gobierno busca que la crisis sea descargada sobre los trabajadores y los sectores populares para garantizar las condiciones de rentabilidad de los grandes capitales.

La salida no pasa por esperar que el mercado “corrija” espontáneamente esta situación. Hace falta disputar el sentido de la economía desde una perspectiva anticapitalista: aumento real de salarios y jubilaciones, reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, defensa del empleo, protección de las pequeñas y medianas empresas y una política económica puesta al servicio de las necesidades sociales y no de la ganancia capitalista (ver Manifiesto anticapitalista para la Argentina).

Los números de julio vuelven a mostrarlo: mientras desde el Gobierno celebran la «estabilización» económica, en millones de hogares trabajadores la supuesta recuperación todavía no llega. Y cuando el consumo cae porque los ingresos no alcanzan, lo que está en juego no es solamente la actividad comercial. Es el nivel de vida de la clase trabajadora.