Entre todos los anuncios realizados en la Cadena Nacional del 3 de septiembre, hay uno de consecuencias particularmente reaccionarias: la creación de un «Consejo de Seguridad Nacional». La cadena nacional de Javier Milei del jueves 3 de septiembre usa la excusa de Malvinas para una política represiva y entreguista.
Milei anunció que el organismo deberá definir una política de seguridad nacional de aplicación «obligatoria y transversal» para todo el Estado, centralizando atribuciones de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También tendría intervención en la protección de infraestructura crítica y de los ámbitos marítimo y aeroespacial, mientras el Gobierno buscaría dotarse de herramientas económicas y diplomáticas para responder frente a actores estatales o no estatales considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Presentado bajo la bandera de Malvinas, el proyecto abre una discusión que excede ampliamente la disputa territorial. Qué entiende el Gobierno por seguridad nacional, qué tipo de amenazas pretende incluir bajo esa categoría y qué capacidad de coordinación puede adquirir una estructura que reúne áreas cuya separación institucional tiene una historia concreta en la Argentina posterior a la dictadura son preguntas que quedan inmediatamente planteadas. Nos adelantamos, porque las respuestas son obvias: lo único que pretende fortalecer Milei es la represión interna.
El volantazo de Milei y una causa útil para tapar la crisis
El actual discurso presidencial sobre Malvinas contrasta abiertamente con posiciones que Milei sostuvo antes de llegar a la Casa Rosada. Durante años relativizó la posición histórica argentina y llegó a afirmar que la recuperación de las islas debía pasar por convencer a sus habitantes para que quisieran ser argentinos, bajo la conocida fórmula de que habría que «votarnos con los pies» . Aquella posición colocaba, en los hechos, la voluntad de los isleños en el centro de la discusión.
La cadena nacional del 3 de septiembre mostró otra cosa. Milei sostuvo esta vez que los habitantes de las islas constituyen una población implantada en un territorio ocupado y que, por esa razón, no poseen un derecho legítimo a la autodeterminación.
Este giro resulta todavía más evidente cuando se recuerda la admiración que Milei expresó reiteradamente por Margaret Thatcher. La figura de la primera ministra británica que condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982 y fue responsable política del hundimiento del ARA General Belgrano nunca había impedido que el actual Presidente la reivindicara públicamente. Ahora intenta presentarse al frente de una ofensiva soberanista sobre Malvinas.
Registrar el cambio de discurso, sin embargo, no alcanza para entender lo que está ocurriendo. Malvinas posee una sensibilidad histórica que atraviesa divisiones partidarias y permite hablar en nombre de una supuesta «unidad nacional» ante sectores que difícilmente acompañarían al Gobierno por su programa de ajuste, privatización o ataque a derechos sociales. Le permite a Milei acallar las críticas en nombre de los «intereses nacionales», para más y mejor poder entregar el país a intereses de potencias extranjeras.
El horizonte electoral de 2027 tampoco puede separarse de este movimiento. Su discurso supuestamente «soberanista» le permite buscar legitimidad más allá de su núcleo libertario tradicional. El cambio de posición adquiere sentido dentro de esas condiciones. Milei no sólo modificó su discurso: convirtió en una herramienta política una causa que había despreciado o relativizado.
Un Consejo de Seguridad Nacional que nada tiene que ver con Malvinas
El Consejo de Seguridad Nacional es, probablemente, el anuncio que más preguntas abre hacia el interior del país. Según lo adelantado por Milei, el organismo deberá definir una política de seguridad nacional obligatoria y transversal para todo el Estado. La coordinación incluiría a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, mientras que la política abarcaría la protección de «infraestructura crítica» y de espacios considerados estratégicos, incluidos los ámbitos marítimo y aeroespacial.
La seguridad nacional planteada por el Gobierno no queda así limitada a una eventual agresión militar extranjera. La definición se extiende hacia recursos naturales, infraestructura estratégica, actividades económicas y otros elementos considerados relevantes para los intereses del Estado. A esto se suma la posibilidad de actuar frente a «actores estatales o no estatales» considerados una amenaza. Una definición tan amplia obliga a mirar qué otros conflictos podrían quedar incluidos según la interpretación que adopte el Estado.
Los conflictos alrededor de recursos estratégicos, las disputas por infraestructura crítica o determinadas confrontaciones sociales y económicas podrían ingresar en ese terreno si el concepto de amenaza queda definido de manera suficientemente amplia. Por supuesto, Milei espera ser él mismo y sus aliados quienes definan quién y qué es una amenaza. Su «estrategia» de «seguridad» tiene una agenda marcada por Trump: Milei está alineado con el trumpismo y su «Cumbre antiterrorista», que pretende abrir la persecución política a la disidencia para defender los intereses imperiales de Estados Unidos.
La «seguridad nacional» y una frontera construida después de la dictadura
La Argentina conoce las consecuencias de convertir los conflictos políticos y sociales internos en cuestiones de «seguridad nacional». Durante la segunda mitad del siglo XX, la doctrina de «seguridad nacional» de las fuerzas represivas construyó la figura del «enemigo interno», contra el cual podía dirigirse el aparato estatal. La última dictadura llevó esa lógica hasta sus consecuencias más criminales mediante el secuestro, la tortura, la desaparición y el exterminio de miles de personas. La reorganización institucional tras su caída respondió, entre otras cosas, a esa experiencia histórica. La separación entre Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia fue parte de los límites construidos para restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos.
Argentina, además, ya cuenta con organismos y estructuras destinados a estas materias. La Ley de Defensa Nacional contempla el Consejo de Defensa Nacional, conocido como CODENA, mientras que la Seguridad Interior posee su propia arquitectura institucional.
El Estado argentino no parte de un vacío completo. Por eso es lícito preguntarse qué nueva función cumpliría el Consejo anunciado por Milei, qué atribuciones concentraría y de qué manera coordinaría ámbitos que fueron deliberadamente delimitados después de la dictadura. La incorporación de Economía, Inteligencia, Defensa y Cancillería dentro de una misma política transversal, sumada a una definición expansiva de seguridad nacional, vuelve esa discusión difícil de esquivar.
Milei establece este nuevo organismo con una estrategia muy clara respecto a quiénes son sus enemigos principales, contra quiénes debe usarse la violencia represiva. Y no son los británicos, emblema del «Occidente» imperial que Milei venera. Los trabajadores, los movimientos sociales, las personas con discapacidad, la izquierda: esos son los enemigos del gobierno.
Las Fuerzas Armadas y una conquista de la posdictadura
Después de la última dictadura, las Fuerzas Armadas quedaron profundamente deslegitimadas ante amplios sectores de la sociedad argentina. Esa justificada deslegitimación fue consecuencia de la derrota política y social de quienes habían llevado adelante el terrorismo de Estado y de décadas de lucha de organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y amplios sectores populares.
La limitación del papel de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos formó parte de ese proceso histórico. La separación institucional construida en la democracia estableció límites concretos a su capacidad de intervenir en la vida política del país y constituyó una conquista que no puede analizarse como un detalle técnico. Desde ese lugar debe analizarse el actual fortalecimiento presupuestario y político de las Fuerzas Armadas.
Ahora Milei busca otorgar un mayor protagonismo político y simbólico a las Fuerzas Armadas, reivindica aspectos del pasado dictatorial y propone una nueva arquitectura de seguridad que vuelve a poner en discusión las fronteras construidas entre Defensa, Inteligencia y otros ámbitos estatales. Y la causa Malvinas puede desempeñar un papel particularmente útil dentro de ese proceso. Posee una legitimidad social que ninguna campaña de rehabilitación institucional podría construir por sí sola y permite presentar bajo una bandera nacional decisiones que, fuera de ese marco, enfrentarían otro tipo de discusión.
Soberanía a la medida de Washington
El Consejo anunciado por Milei tiene como referencia al National Security Council de Estados Unidos. Y esa elección difícilmente pueda separarse de la contradicción que atraviesa todo el discurso soberanista del Gobierno.
El NSC fue creado en 1947, durante la reorganización estatal posterior a la Segunda Guerra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría. Desde entonces funciona como una de las principales estructuras de asesoramiento y coordinación del presidente estadounidense en materia de seguridad nacional, defensa y política exterior. Que Milei haya elegido al organismo estadounidense como referencia dice bastante sobre el modelo que tiene en mente. También deja expuesta una contradicción difícil de disimular: presenta la creación del Consejo como parte de una ofensiva soberanista vinculada con Malvinas mientras toma como modelo institucional a la principal potencia aliada del Reino Unido.
Estados Unidos no fue un actor neutral en la guerra de 1982. La alianza estratégica entre Washington y Londres tuvo un peso decisivo cuando el gobierno de Ronald Reagan terminó respaldando al Reino Unido. Milei pretende hablar de soberanía frente a Londres mientras profundiza su alineamiento con la principal potencia aliada del ocupante británico.
La política desarrollada en Tierra del Fuego forma parte de ese mismo cuadro. Durante los últimos años, el Gobierno argentino reforzó sus vínculos con Estados Unidos en una región central para el Atlántico Sur y la Antártida, incluida la relación con el Comando Sur y figuras como Laura Richardson. La Base Naval Integrada y la mayor presencia argentina en la región son presentadas ahora como símbolos de soberanía. Pero la soberanía no depende solamente de dónde se construye una infraestructura ni de la bandera utilizada para inaugurarla. También depende de las relaciones políticas, económicas y estratégicas que el país establece con otras potencias. Malvinas sirve así para hablar de independencia nacional mientras Washington ocupa un lugar central en la orientación estratégica que el Gobierno busca profundizar.
«No hay plata»
El anuncio sobre Malvinas estuvo acompañado por decisiones presupuestarias que muestran con bastante claridad el sistema de prioridades del Gobierno. Milei dispuso un refuerzo cercano a los $218.000 millones para el Ministerio de Defensa. Más de $200.000 millones quedaron destinados a avanzar en la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y a completar trabajos vinculados con la Base Petrel en la Antártida. También se sumaron recursos adicionales para el área de Inteligencia y un reajuste salarial para las Fuerzas Armadas, con un aumento del 6,9 % en septiembre dentro de una actualización escalonada hasta diciembre.
Durante buena parte de su Gobierno, Milei convirtió la frase «no hay plata» en una explicación permanente para justificar el ajuste. No había recursos para jubilados, universidades, salarios públicos o programas sociales que el Gobierno consideraba prescindibles. Cuando se trata de Defensa, Inteligencia, infraestructura estratégica y determinadas capacidades estatales, sin embargo, los fondos aparecen. Milei decía que no había plata y ahora encontró casi $218.000 millones.
El ajuste nunca fue una descripción neutral de la situación fiscal, sino una política de prioridades que determina qué áreas deben soportar el recorte y cuáles reciben nuevos recursos. El Consejo de Seguridad Nacional, el aumento del presupuesto de Defensa, los fondos adicionales para Inteligencia y el fortalecimiento de determinadas estructuras estatales deben leerse dentro de ese cuadro. Cada medida tiene objetivos y mecanismos propios, pero todas avanzan en una misma dirección: devolver a las Fuerzas Armadas, la Inteligencia y la seguridad nacional un lugar político de mayor relevancia.
Malvinas y la «unidad nacional»
La apelación de Milei a construir una unidad nacional alrededor de Malvinas tiene una eficacia política evidente. La causa posee una enorme legitimidad popular y se encuentra vinculada a una historia de ocupación colonial que no puede relativizarse. Precisamente por eso conviene observar qué se pretende colocar debajo de esa bandera.
La «unidad nacional» puede funcionar como un mecanismo para suspender o invisibilizar las diferencias sociales y políticas existentes dentro del país. Bajo una misma idea abstracta de nación enfrentada a un enemigo externo pueden quedar reunidos el jubilado que protesta por sus ingresos, el trabajador despedido, el estudiante que enfrenta recortes, el periodista atacado por el Gobierno y el empresario beneficiado por su política económica, como si la ocupación británica eliminara las contradicciones que atraviesan a la sociedad argentina.
La ocupación británica de Malvinas no borra la lucha de clases ni convierte automáticamente en progresivas las políticas de un gobierno argentino. Defender la soberanía sobre las islas no obliga a respaldar el ajuste, la privatización, el fortalecimiento de aparatos represivos o cualquier proyecto legislativo presentado en nombre de Malvinas. La utilización política de una causa nacional para buscar legitimidad tampoco es completamente ajena a la historia argentina.
Existe un punto histórico que permite establecer una comparación limitada. Galtieri utilizó la recuperación de Malvinas como un intento de obtener legitimidad para una dictadura que atravesaba una profunda crisis. La guerra fue una aventura criminal de la Junta Militar y terminó provocando la muerte de cientos de jóvenes argentinos. Milei no está lanzando una guerra ni enfrenta las mismas condiciones políticas. El punto de contacto no consiste en equiparar ambos procesos, sino en observar cómo una causa nacional de enorme sensibilidad puede ser utilizada para construir legitimidad interna. El actual Presidente llega a Malvinas después de haber sostenido posiciones contradictorias sobre el tema, después de reivindicar a Thatcher y mientras enfrenta el desgaste producido por su programa económico. La recuperación de un discurso soberanista le permite intervenir sobre un terreno capaz de producir un consenso mucho más amplio que el que puede ofrecer su programa económico.
Malvinas, antiimperialismo y anticapitalismo
Las contradicciones del discurso presidencial sobre la soberanía no terminan en la relación con Estados Unidos. Milei intenta presentarse ahora como defensor del territorio y los recursos nacionales mientras su programa económico avanza en una dirección difícil de conciliar con ese relato.
La discusión sobre la Ley de Tierras permite observar una de esas contradicciones. Un Gobierno que reivindica la defensa del territorio argentino impulsó, al mismo tiempo, políticas orientadas a flexibilizar límites y regulaciones sobre la propiedad y utilización de recursos estratégicos. Es importante en esta parte de la discusión, limitar la misma a la extranjerización de la tierra. Si una enorme extensión de la Patagonia deja de estar en manos de un empresario extranjero y pasa a ser propiedad de un empresario argentino, la soberanía no queda automáticamente garantizada.
Sin embargo, el mileísmo impulsa una política económica de entrega aún mayor que la actual… pero a nadie debería escapársele que Argentina sigue siendo un país subordinado y subyugado política y económicamente. Los «nacionalistas» opositores a Milei, como el peronismo que votó en contra de la Ley de Tierras, defienden una política y estructura económica nacional que, aún sin los proyectos de entrega completa de Milei, garantizan el lugar de semicolonia del país.
Defender la soberanía argentina sobre Malvinas y rechazar la ocupación colonial británica no implica subordinarse políticamente al nacionalismo ni otorgar un respaldo automático a cualquier gobierno argentino que utilice la palabra «Malvinas».
La crítica al imperialismo es indispensable, pero resulta insuficiente si deja intactas las relaciones de propiedad y explotación internas, que son parte necesaria del lugar subordinado de Argentina en el mercado mundial. El capitalismo argentino también concentra tierras, explota trabajadores, destruye recursos y subordina necesidades sociales a la ganancia privada. Cambiar la nacionalidad del empresario no modifica por sí mismo esas relaciones. Esa es la diferencia entre una crítica que se detiene en la soberanía formal y una perspectiva que discute quién controla efectivamente la riqueza, para qué se utiliza y bajo qué intereses se organiza la economía.
Porque la dominación de la burguesía argentina y la estructura económica sobre la que se levanta esa dominación son lo que hace de Argentina un país política y económicamente subordinado.
