Consejo de la Magistratura: el FdT hace una maniobra parlamentaria y divide su bloque

Oficialismo y oposición se disputan el control del Consejo de la Magistratura. ¿Qué está en juego y qué intereses hay detrás?

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Consejo de la Magistratura

De manera inesperada, cerca de la medianoche de ayer se conoció la noticia de que se partió el bloque del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Senadores. Las fuertes discusiones internas que tiene la coalición oficialista pudieron haber hecho pensar que había llegado finalmente la ruptura política. Pero no fue así. Se trató de una maniobra parlamentaria que busca tomar la iniciativa en medio de una disputa abierta entre los principales bandos políticos de la burguesía por el control del Poder Judicial, más precisamente del Consejo de la Magistratura.

La decisión es una respuesta a una maniobra anterior, que llenó las tapas de los principales diarios a principio de semana. Horacio Rosatti, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se designaba a sí mismo como Presidente del Consejo de la Magistratura.

La movida de Rosatti (que desde el oficialismo denunciaron como inconstitucional) fue la coronación de la decisión política de la Corte de declarar inconstitucional la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura que fuera aprobada en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner e impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández.

El «auto-ungimiento» de Rosatti fue festejado por el establishment mediático y por la oposición de derecha. Ven ahora en la nueva composición que tendrá el Consejo una luz de esperanza para salvarse de sus propios problemas judiciales (por ejemplo los que involucran a Mauricio Macri, entre otros) y al mismo tiempo hacer avanzar las causas que inquietan a la vicepresidenta y que actualmente están en stand by o se mueven muy lentamente

A varios kilómetros de distancia de la realidad social, la burocracia del Estado capitalista no pierde oportunidad para saldar sus disputas internas. Ya no se trata solamente de disputas políticas por distintos intereses, sino de su propia supervivencia como personal político en medio de una guerra político-judicial desatada hace años. Y si hay un terreno privilegiado donde esa guerra se disputa, ese es el «independiente» Poder Judicial.

Guerra de posiciones

Explicar de manera pormenorizada de qué se trata la disputa en torno al Consejo de la Magistratura (CdM) sería largo y tortuoso. Aquí intentaremos sencillamente repasar la cuestión a trazo grueso.

El Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la reforma de la Constitución de 1994. Su función es muy importante para el Poder Judicial. El Consejo elije a los nuevos jueces, así como tiene la facultad de establecer sanciones disciplinarias a los magistrados, incluida la remoción del cargo. Además, y este es un dato no menor, es la autoridad administrativa, es decir, ejecuta el presupuesto, paga los sueldos, etc. Quien controle esta institución tiene una enorme influencia en la justicia.

El punto es que, si bien la Constitución del ’94 estableció su creación y sus funciones, no dejó claro cómo es su conformación. Para eso se sancionó la Ley 24.937 en 1997, que ordenó la conformación de un Consejo de 20 miembros. Entre ellos estaba el Presidente de la Suprema Corte y ocho representantes del Poder Legislativo (cuatro de cada cámara). El organismo se completaba con cuatro jueces, cuatro representantes de los abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

En 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner e impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández, se sancionó una modificación a dicha ley. Ahora, la nueva conformación del CdM era de 13 miembros, y entre ellos ya no estaba el presidente del máximo tribunal. Los representantes del Congreso pasaron a ser seis (tres de cada cámara), tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

El órgano funcionó de esta manera hasta que en diciembre de 2021 la Corte Suprema emitió un fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 que reformó el Consejo y redujo sus miembros de 20 a 13. El argumento principal radicó en que la nueva conformación «perdía de vista el equilibrio en la representación» de cada una de las partes.

Sucede que la reforma de 2006 le daba proporcionalmente más peso a los representantes de la política (7 sobre 13, entre los miembros del poder Legislativo mas el del Ejecutivo). Claro, eso no le simpatizó a la corporación judicial.

En el mismo fallo que lo declara inconstitucional, la Corte determinó que había tiempo hasta el 15 de abril (o sea, el viernes pasado) para que el Congreso vote una nueva ley y se sancione una nueva conformación. Oficialismo y oposición nunca se pusieron de acuerdo y el plazo venció.

Guerra de maniobras

Así llegamos a lo ocurrido este lunes: la Corte determina que entonces el Consejo pasa a conformarse como era antes de la reforma de 2006, por lo que muy convenientemente su presidente, Rosatti, pasa a ser también presidente del CdM. Y ahora todo el mundo (incluido el Congreso) tiene que elegir de nuevo a sus representantes esta vez en un CdM de 20 miembros, como era originalmente.

La maniobra de la Corte desató entonces un gran revuelo político, ya que el supremo tribunal (que le es esquivo políticamente al kirchnerismo) volvía a ejercer influencia sobre el órgano que elije y saca jueces.

Así llegamos a la maniobra-de-la-maniobra de anoche. El FdT anunciaba que su bloque de Senadores quedaba partido en dos. Uno de 21 miembros, llamado Frente Nacional y Popular, con José Mayans a la cabeza, otro de 14 miembros, llamado Unidad Ciudadana y presidido por Juliana Di Tullio.

¿En qué consiste la movida? Al haber ahora un «nuevo» bloque en la Cámara de Senadores, el FDT recuperaría un representante más en el CdM, ya que el bloque kirchnerista que quedó con 14 miembros supera en cantidad al bloque del Pro (que esperaba ingresar al CdM como segunda minoría), que tiene 9 senadores.

De esta manera, el Pro pierde un representante (que pretendía ser el cordobés Luis Juez) a manos del FDT.

Claro que esta decisión táctica no resuelve la disputa de fondo entre los distintos partidos políticos patronales acerca de cómo debe ser el Consejo de la Magistratura y cómo debe organizarse el Poder Judicial.

Pero lo que sí logró Cristina es un objetivo político. La oposición cayó en la trampa y por estas horas sus figuras salen en cadena nacional a gritar y llorar por el «atropello del kirchnerismo a la justicia». Poniéndose en ese lugar de férreos defensores de lo que decidió la Corte, «confirman» lo que Cristina una y otra vez repite en sus discursos: que hay una connivencia político-judicial («Lawfare») contra ella, que une a los jueces y a la oposición para inventarle causas y meterla presa.

Mientras tanto, en la vida real…

Todo esta imbricada historia (que habrá que ver como se desenlaza) en las alturas de las instituciones burguesas sirve al menos para dejar en claro algunas cosas.

Primero, y lo más evidente, no es cierto que el Poder Judicial sea un poder «independiente» del poder político. Ni tampoco es verdad que sea imparcial cuando emite sus fallos. Más bien todo lo contrario: es uno de los terrenos donde más rabiosamente se juegan los intereses de la política burguesa. Sólo que estos intereses aparecen más «velados» detrás de la supuesta imparcialidad de la tarea de hacer cumplir la ley y la justicia.

El discurso acerca de la independencia del poder judicial sólo viene a justificar su carácter de casta enquistada de la manera más antidemocrática posible en el Estado burgués. Nadie los elije, están ahí durante largos años, deciden cuestiones centrales de la vida política y social, y además, tienen privilegios.

Segundo punto. Ni en una de las más críticas situaciones sociales de los últimos años, producto de la crisis económica y el ajuste, el personal político de la burguesía deja de perder tiempo en sus propias disputas de «camarilla», alejada de la vida social por los propios privilegios que otorga el Estado capitalista.

La clase trabajadora no tiene bando en estas peleas por arriba, en la medida en que todas las partes no responden más que a sus propios intereses, en particular, y a los de la burguesía, en general.

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