Como si no fuera suficiente con la inflación galopante, el Gobierno de Javier Milei redujo el tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares que se pagan a los trabajadores en relación de dependencia, que pasó de $1.980.000 a $1.077.403, por lo que unas 800 mil personas dejarán de recibir la ayuda económica.

Así, desde el Gobierno argumentaron que la medida “tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos”, lo que significa, en otras palabras, que los trabajadores llenarán las arcas del Estado para que Milei pueda conseguir otro superávit fiscal sin producir nada.

Es preciso mencionar que, en marzo de 2023 se había igualado el tope de ingresos para las asignaciones familiares con el del Impuesto a las Ganancias. Ahora, con la modificación de la ley 27.160, precisó que la actualización se aplicará de forma directa al monto, así como también a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, que también bajó su tope máximo de $3.960.000 a $2.154.806.

Según indica la resolución, el recorte tendrá comienzo con los pagos que se realicen a partir de febrero de 2024. De la misma manera, la medida derogó el artículo de la legislación que establecía que “no podrá un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge prevista en el Impuesto a las Ganancias”.

De forma cínica, en los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que “la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

Asimismo, desde Casa Rosada señalaron que “el Estado Nacional tiene, dentro de sus principales compromisos, la protección de los ciudadanos, garantizándoles las prestaciones de la seguridad social, priorizando en especial la inclusión y la atención de los grupos y personas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, aunque, como vimos en el detalle de los recortes que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, para llegar al superávit, es mentira que hayan medidas económicas para ningún sector vulnerable de la sociedad. De hecho, mientras justifican ajustar a los trabajadores «privilegiados» en nombre de los «vulnerables», eliminan también los Potenciar Trabaja. Su política es hambre para las mayorías populares y ganancias extraordinarias para los empresarios.