Apuntan contra los piquetes

Con excusas sanitarias, buscan limitar el derecho a la protesta

Alberto y Larreta avanzaron finalmente en ciertos acuerdos de cara a tomar nuevas medidas restrictivas a la circulación. Sorpresa: el eje ahora es restringir las movilizaciones y piquetes. Muy conveniente para avanzar con el planchazo al salario comprendido en el plan económico del ejecutivo nacional.



De cara a la segunda ola de la pandemia (que nadie puede negarlo, está impactando con fuerza), en lugar de reforzar el sistema de salud u obligar a cumplir firmes protocolos sanitarios en los lugares de trabajo, se apunta contra la movilización y el derecho a la protesta. Muy conveniente para el gobierno y las patronales en momentos que se avanza con un ajuste al salario de la clase trabajadora.

Los medios tradicionales hacen eco de la campaña reaccionaria: ayer, en el programa intratables, discutieron largamente alrededor de la necesidad de que el gobierno prohíba las manifestaciones callejeras. Hoy, La Nación pinta un panorama en el que «hordas de piqueteros asolan la ciudad». En el mismo sentido, el asesor del gobierno Luis Cámera, que participó en una reunión el pasado lunes para evaluar eventuales medidas frente a la pandemia, declaró públicamente que hay que prohibir las movilizaciones por un mes y incitó al gobierno a «reprimir» a quien salga a la calle.

Desde las usinas oficiales, aseguran que no se prohibirán las protestas porque no hay «estado de sitio», sin embargo, «se le exigirá a las organizaciones que movilicen respetar el distanciamiento y presentar permisos de circulación». Claramente hay mucho cinismo en las declaraciones. Si bien el gobierno no tiene quórum para prohibir toda movilización en un país con tanta tradición de lucha callejera como Argentina, la extensión de las restricciones busca limitar las marchas y protestas con argumentos sanitarios mientras se mantienen salarios de pobreza y se avanza en un ajuste fiscal.

El objetivo principal son los piquetes. Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad advirtió que «no se va a dejar subir movilizaciones a los puentes». Sabina Federic endureció los controles en diez puntos claves de acceso a la ciudad. Puente Pueyrredón es uno de ellos, que es el epicentro de los cortes piqueteros desde hace años y reiteradamente la escena de manifestaciones de los movimientos de desocupados. Además, informaron que se busca darle más presencia territorial a las fuerzas de seguridad. Hay un incremento de las fuerzas, como gendarmería, desplegadas en el conurbano, con el objetivo de hacer cumplir los decretos y restricciones presidenciales.

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No es casualidad que esto suceda luego de que el conflicto de los elefantes de Neuquén (trabajadores autoconvocados de salud) haya pateado el techo salarial tras 22 días de bloqueo de los accesos a Vaca Muerta. Tras el cierre del conflicto con la conquista de un aumento del 48% anual, de ninguna manera quieren permitir que aparezcan «elefantes piqueteros» en otras partes del país.

La multiplicación de la protesta es un peligro real: el deterioro de la situación económica está empujando a la pobreza a cada vez más amplios sectores y el plan económico del gobierno no se mueve un milímetro del intento de reducir el déficit y planchar los salarios, para lo cual acordó la «paz social» con los representantes de los principales sindicatos. En Neuquén los trabajadores de salud desbordaron a la dirección sindical y, mediante asambleas de base interhospitalarias, radicalizaron sus medidas de lucha, bloqueando la ruta del petróleo y causando pérdidas millonarias a los capitalistas.

Pero mientras el gobierno agita contra los piqueteros, el transporte público sigue abarrotado y en las fábricas y talleres se produce con normalidad con escasísimos controles y protocolos, multiplicando los contagios y las muertes obreras. El 2021 lleva acumulada un 13% de inflación, que es aún mayor en los precios de los alimentos y la canasta básica, por lo que la misma afecta más que a nadie a los trabajadores y sectores populares. Más allá de alguna que otra amenaza de control precios y sanciones legales a las empresas por parte del ejecutivo, nada ha impedido el permanente aumento de los precios semana a semana.

La inflación del primer trimestre, anualizada, representa un 63%, que es casi el doble de lo que los sindicatos están acordando como aumentos paritarios en casi todos los gremios. El gobierno pactó con los sindicatos los aumentos alrededor de la «hoja de ruta» del presupuesto 2021, el cual preveía (de manera hipócrita) una inflación del 29%. El plan estratégico comprende un acuerdo con el FMI que implica una reducción del déficit fiscal y un ajuste a la clase trabajadora.

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El martes, organizaciones sindicales y de izquierda concentraron en el obelisco para luego marchar al Ministerio de Trabajo, en el marco de la reunión del Consejo del Salario, para exigir que el salario mínimo sea de 60.000 pesos, es decir, alcance para cubrir las necesidades de la canasta familiar y termine con la ridícula situación que viven millones, que son pobres teniendo trabajo. Luego de la reunión, se anunció que el Consejo del Salario estableció el nuevo mínimo en 29.160 pesos, lo cual es insuficiente, pero se vuelve indignante cuando nos enteramos que la cifra se obtendrá luego de ¡siete cuotas!, es decir, irá aumentando gradualmente durante varios meses, hasta llegar a su valor final recién en febrero de 2022: insuficiente e indignante.

De ninguna manera puede ser aceptado este cercenamiento de las libertades democráticas que busca seguir empobreciendo a los trabajadores. Por supuesto que con todos los cuidados sanitarios pertinentes, las movilizaciones deben seguir realizándose. La lucha en las calles es la única garantía para hacer valer los intereses de los trabajadores y sectores populares en momentos de una dura pulseada por hacerle pagar a los de abajo los platos rotos de la crisis pandémica. Si no nos movilizamos, nos van a seguir empobreciendo.

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