El acuerdo es ilegal, y el Congreso es cómplice de la estafa, porque Milei impuso el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por decreto y para solamente después hacerlo votar en el Congreso, pasando por encima de la normativa vigente, que obliga a cada administración a lograr el visto bueno de ambas cámaras en los proyectos de endeudamiento.
La Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública establece en su artículo 2 que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente».
Convocaron a una sesión para tratar el acuerdo con el FMI el mismo día que la próxima movilización por los jubilados. Parece una provocación: votar más ajuste sobre los jubilados mientras intentan pasar por encima de las marchas masivas.
Una vergüenza la Cámara de Diputados de la “Nación” validando el DNU con el acuerdo secreto con el FMI, un paso incontitucional dado que por ley del 2021 cualquier acuerdo con el fondo debía discutirse en el recinto! Si el acuerdo es secreto es porque esconde medidas contra las y…
— Roberto Saenz (@RobertoSaenzSoB) March 19, 2025
El mismo Milei que hacía campaña con que la deuda pública era «inmoral» corre desesperado para que le lleguen dólares del FMI.
El anuncio llega luego de que la vocera del FMI, Julie Kozack, expresara el pasado jueves que desde el organismo no exigen la aprobación del Parlamento argentino para su firma, aunque sostuvo que «un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa». Pero ese no es el problema, porque las normas de funcionamiento del FMI no exigen la aprobación del Congreso, pero sí la ley argentina. Lo que sí prohíben las normas del Fondo es el uso de los préstamos para sostener el tipo de cambio, cosa que le permitió hacer a Caputo bajo la administración de Macri. El préstamo financió la fuga.
Se trata de un atropello institucional, característico del mileísmo. Pero no es un atropello de un gobierno fuerte, sino una carrera para sobrevivir por parte de la gestión de extrema derecha. El desplome de las reservas los empujaron a rogar por los dólares de un nuevo acuerdo con el FMI.
Sin embargo, el lanzamiento de un DNU implica que los efectos de la respectiva ley se ponen en marcha de inmediato y que a nivel formal solo pueden ser detenidos, a posteriori, por el rechazo de ambas cámaras.
Para la nueva entrega al FMI, la hipoteca del futuro del país para sostener a un gobierno nefasto, necesitan de la complicidad del régimen político. Como habíamos advertido, no se puede confiar en el Congreso, que no paró de ser cómplice de dejar gobernar a Milei. Solamente la movilización podría frenar un nuevo acuerdo de entrega y hambre con el FMI.
Que el oficialismo formalice el acuerdo vía DNU expone la desesperación que impera en Casa Rosada, a meses de las elecciones, de conseguir dólares frescos para intentar controlar la compleja situación económica. Las declaraciones en torno a que «el plan marcha bien» quedan completamente desnudas como mentiras obvias.
Según el gobierno, el «acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central», por lo que «el resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública». El verso es tan obvio que casi no es necesario comentarlo. La deuda del Tesoro con el Banco Central es deuda del Estado argentino con el Estado argentino, y sus consecuencias son infinitamente menos nefastas que atarse a una deuda en dólares con el FMI.
De acuerdo al banco suizo IBS, el Fondo le otorgaría un préstamo de 20 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil se usarían para cubrir las actuales deudas mientras que los restantes 8 mil serían «desembolsos nuevos».
El Gobierno pretende aumentar a entre 11 y 12 mil millones esos dólares frescos y, como si fuera poco, que ingresen juntos, y no en cuotas, para acelerar lo más rápido posible el levantamiento del cepo cambiario, uno de los principales pedidos de la burguesía agro. Nada indica que puedan acercarse a levantar el cepo, la fuga de dólares de la última semana así lo demuestra.
Además, están intentando a toda costa esconder lo más posible los detalles del acuerdo mismo. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el organismo de crédito no pediría «una devaluación», pero a luz de los últimos préstamos, la historia es poco creíble.
Como en todo pacto, un nuevo acuerdo con el FMI implica en el mediano plazo el endurecimiento del ajuste y de una serie de reformas estructurales, sobre todo en términos previsionales y laborales, ambas dentro del plan global que quiere seguir profundizando el jefe de Estado. Más miseria para los trabajadores y los jubilados.
El presunto objetivo del Gobierno es contar con mayor cantidad de dólares en el Banco Central, y de esa forma eliminar el actual crawling peg del 1% sobre el dólar, para luego pasar a un nuevo sistema y eventualmente la liberación completa del cepo. Es verso: ninguna medida del gobierno logró el ingreso constante y normal de dólares para lograr si quiera empezar a hablar de levantar el cepo.
El argumento oficialista es que el pacto servirá para «terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos». En realidad, están atando con alambre un plan económico frágil. El acuerdo, según Caputo, se cerraría antes del primer cuatrimestre.
